El crepúsculo de las leyes de los derechos humanos

El esfuerzo jurídico masivo a nivel internacional para obligar a los países a proteger los derechos humanos ha fracasado. Es momento de pensar en nuevas formas de avanzar en el bienestar de la gente en todo el mundo.

El proyecto internacional de los derechos humanos se remonta a más de medio siglo atrás. Comenzó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento impreciso y ambicioso, y luego se incorporó en una serie de tratados formales. Estos tratados, aproximadamente una docena en total, establecieron una gama extraordinaria de derechos. No sólo los derechos civiles y políticos clásicos, sino también el derecho a la libertad de expresión y al culto religioso, el derecho a un juicio ante un juez independiente, el derecho a la protección contra inspecciones poco razonables, el derecho a no ser torturado y el derecho a no ser discriminado con base en la raza, el sexo o el origen étnico. Los tratados también garantizan el derecho a trabajar, el derecho a tener una pensión, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda y el derecho a la atención médica. Protegen el derecho de los niños a tener acceso a los medios de comunicación y exigen adaptaciones para las personas discapacitadas. La gran mayoría de los países ha ratificado casi todos estos tratados y establecido diversos tribunales, comisiones, consejos y comités internacionales para supervisar el cumplimiento por parte de los estados.

Durante mucho tiempo, el optimismo de que estos tratados podían mejorar las vidas de las personas coexistió con el cinismo sobre la voluntad de los países de cumplirlos. En los últimos años, los politólogos han analizado los datos. Han encontrado poca evidencia de que los países que ratifican los tratados de los derechos humanos mejoran su desempeño en materia de los derechos humanos.


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The international human rights project goes back more than half a century. It began with the Universal Declaration of Human Rights, a vague and aspirational document.


¿Por qué los países que ratifican los tratados de los derechos humanos no hacen un mejor trabajo? La historia cínica fue que los países nunca tuvieron la intención de cumplir con los tratados; los ratificaron por motivos de relaciones públicas. Los gobiernos se quejaron de forma selectiva sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de los países enemigos e ignoraron las violaciones de los derechos humanos por parte de sí mismos y sus amigos. Las instituciones internacionales de derechos humanos no pudieron intervenir porque se les ha privado de poder legal y han carecido de fondos.

La historia cínica podría tener algo de verdad pero no parece ser la correcta. Muchos países sí respetan algunos de los derechos humanos, y, a menudo, hacen esfuerzos sinceros, aunque limitados, por mejorar los derechos en otros lugares. Pueden recurrir a la presión económica o diplomática; en ocasiones lanzan ataques militares con fines humanitarios. Incluso los países que violan los derechos humanos no admiten que lo hacen, y a veces se van a los extremos para ocultar esas violaciones, lo que implica que temen a la opinión mundial si las violaciones se llegaran a anunciar.

Ningún país, y sobre todo ningún país pobre, podría realmente respetar todos los derechos en su totalidad aunque quisiera hacerlo.

El verdadero problema con el régimen de los derechos humanos yace en otra parte. Si te sientas y lees los tratados, algo que notarás de inmediato es que hay una cantidad espantosa de derechos. Existen unos 400, según mi conteo, y a menudo son bastante imprecisos y abarcan una amplia gama de intereses humanos. Muchos de los derechos permiten las compensaciones; por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión puede restringirse en beneficio de la moral pública y el orden social. Ningún país, y sobre todo ningún país pobre, podría realmente respetar todos los derechos en su totalidad aunque quisiera hacerlo. Reclamar el derecho a la alimentación, el derecho a la atención médica, el derecho a la educación, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad política y el resto  son, sobre todo, costosos. En el oeste,  recursos importantes están destinados a dichos bienes, y esto es posible  políticamente debido sólo a que la gente tiene el dinero suficiente para tener la voluntad de pagar los impuestos por ellos, y si las instituciones políticas y legales son lo suficientemente sólidas y honestas para proporcionarlos.

La idea original de las leyes de los derechos humanos era identificar una pequeña cantidad de los intereses humanos más fuertes, independientemente de cuál justificaría la presión extranjera en contra de las nociones tradicionales de la soberanía. Pero resultó ser difícil para los países ponerse de acuerdo respecto a cuáles deberían ser esos intereses. ¿La libertad política? ¿La protección del cuerpo? ¿La privacidad? ¿El empleo y la atención médica? En realidad, los gobiernos deben utilizar recursos limitados para proporcionar estos bienes. Cuando no son populares en materia de lo político (por ejemplo, la libertad religiosa en Arabia Saudita), simplemente no hay manera de que el gobierno los proporcione. Cuando son costosos (por ejemplo, investigar acusaciones de tortura y capacitar a la policía local para que no participe en actos de tortura), podría resultar imposible justificar el uso de recursos que podrían hacer más por la gente si se emplearan en la educación, la atención médica y la seguridad.

El régimen de los tratados de los derechos humanos fue un esfuerzo ingenuo por dictar las normas de un buen gobierno para todos los países, en todas partes. Un buen gobierno no se puede reducir a una serie de normas o derechos. Por lo tanto, a excepción de circunstancias poco comunes, es muy difícil que los extranjeros (generalmente los occidentales) critiquen justificadamente las compensaciones que se hacen (por lo general) en países pobres que favorecen algunos intereses humanos más que otros.

Si las leyes de los derechos humanos no pueden brindar orientación, ¿hay algo que se pueda hacer para ayudar a la gente de países extranjeros? Los países occidentales ya se toman en serio, aunque no lo suficientemente en serio, su obligación de proporcionar ayuda exterior a los países pobres. La ayuda exterior no siempre funciona, y casi nunca marca una diferencia importante, pero las mejoras graduales a menudo son todo lo que se puede esperar. En los últimos diez años, los economistas y otros expertos han defendido los experimentos minuciosamente controlados, en los cuales la ayuda exterior de varios tipos se distribuye en condiciones cuidadosamente supervisadas. Los observadores pueden determinar si ayuda, afecta o no hace ninguna diferencia. El contraste entre este enfoque y el de los derechos humanos no podría ser mayor. Mientras que el nuevo enfoque de la ayuda exterior enfatiza el consentimiento mutuo, el empirismo y la humildad, el enfoque de los derechos humanos era de arriba hacia abajo, prepotente, utópico y coercitivo.

Hay otras maneras de ayudar a la gente pobre de países extranjeros. Es probable que la forma más efectiva sea abrir nuestras fronteras a la migración. Los trabajadores migrantes extranjeros pueden ganar cinco o diez veces más de lo que ganan en sus países; también envían muchas de sus ganancias a sus países en forma de remesas , que constituyen un porcentaje sustancial de PIB en los países más pobres. Los defensores de los derechos humanos a menudo presionan a los países con sistemas de trabajadores invitados a que otorguen a los trabajadores invitados una colección completa de derechos. Pero si los gobiernos tienen la obligación de otorgar derechos generosos a los trabajadores migrantes, a menudo elegirán mantenerlos al margen, lo cual perjudicará tanto a los trabajadores como a sus familias. Tanto en éste como en muchos otros casos, el utopismo inflexible de los derechos humanos está en guerra con medios sencillos y viables en materia de lo político para ayudar a los más desfavorecidos. Como lo expresó Shakespeare, “agitándonos para alcanzar lo mejor, maleamos a menudo lo bueno”.