Achmed Sesay, a Namati community paralegal, addresses a gathering of villagers in Masethele village, Sierra Leone. Photo reproduced with permission by Namati. (All rights reserved)
En 2010, Sierra Leone Agriculture (SLA) Ltd., una empresa de propiedad británica, firmó un contrato de arrendamiento con la Jefatura de Bureh, Kasseh y Maconteh (BKM) en el distrito de Port Loko de Sierra Leona por 41,582 hectáreas de tierra, incluidos los ríos, las casas y los caminos que abarcan. Entre otras promesas, la empresa acordó crear 8,000 trabajos, construir escuelas, carreteras y centros de salud, así como proporcionar capacitación para las más de 40 comunidades en el territorio. Más adelante, en 2011, SIVA Group, una empresa de propiedad india con sede en Singapur, compró la concesión de SLA por 5 millones de dólares estadounidenses para establecer una plantación de palma aceitera.
Como ocurre con demasiada frecuencia, la empresa no pagó la renta y se negó a cumplir sus otras promesas, lo que afectó las vidas y medios de subsistencia de más de 3,000 propietarios y usuarios de las tierras. Pero esta vez, el final fue diferente. Las personas afectadas se asociaron con asistentes jurídicos comunitarios, que trabajan con Namati, quienes les ayudaron a entender la ley y reivindicar sus derechos. Gracias a este esfuerzo, las comunidades recuperaron sus tierras y obtuvieron una indemnización por daños de casi USD 250,000.
El problema comenzó cuando el jefe supremo, el miembro del Parlamento local y el vicepresidente de la Cámara del Parlamento —que tenía acciones de la empresa— negociaron directamente las condiciones del contrato de arrendamiento con los funcionarios de la empresa. Ninguno de los propietarios de las tierras leyó o fue informado de las condiciones del contrato de arrendamiento.
Lo que sucedió después no fue lo que las comunidades imaginaban.
Los asistentes jurídicos de Namati no proporcionan servicios jurídicos. En cambio, su objetivo es empoderar a las personas afectadas.
Cuando SIVA Group se hizo cargo de la concesión, despejó 7,114 hectáreas (un área equivalente a alrededor de 17,000 campos de futbol) para dar paso a sus operaciones. En el proceso, destruyó valiosas palmas silvestres, anacardos y otros cultivos económicos de las comunidades, y no proporcionó compensación alguna. No hizo ningún esfuerzo para poner en marcha los proyectos de desarrollo prometidos y se atrasó en los pagos de renta. Las comunidades intentaron resolver la situación de manera amistosa en numerosas ocasiones, pero la empresa se negó a reunirse con ellas. Después, informaron de sus inquietudes al jefe supremo, el miembro del Parlamento y el consejo distrital, pero no se tomó ninguna medida.
El enfoque de empoderamiento jurídico que utiliza Namati se basa en asistentes jurídicos comunitarios que están capacitados en derecho básico y habilidades como la mediación, la organización y la defensa, pero no proporcionan servicios jurídicos. En cambio, su objetivo es, a través de alianzas con las comunidades locales, empoderar a las personas afectadas proporcionándoles las habilidades y los conocimientos jurídicos que necesitan para enfrentar esos problemas por sí mismas.
En el presente caso, los asistentes jurídicos y los representantes comunitarios hicieron las investigaciones necesarias para determinar qué leyes, políticas y condiciones había violado la empresa. Las comunidades elaboraron una lista de demandas y, con el apoyo de los asistentes jurídicos, redactaron una carta a la empresa en la que solicitaban una reunión para hablar sobre los incumplimientos y la renegociación del contrato de arrendamiento.
En lugar de negociar, la empresa, con ayuda de las élites políticas, presionó a los dueños de las tierras para que aceptaran su borrador de un nuevo contrato. Con un mayor conocimiento de sus derechos, los propietarios de tierras rechazaron el contrato de arrendamiento injusto. La empresa solventó los pagos atrasados de renta de 2016, pero no hizo nada más e ignoró todos los intentos de comunicación por parte de las comunidades y los asistentes jurídicos. Aunque en Namati consideramos que el tribunal es el último recurso, quedó claro que sería necesario un litigio. Presentamos una demanda en junio de 2018.
Las comunidades recuperaron sus tierras, pero no obtuvieron el dinero que les correspondía.
El tribunal falló a favor de las comunidades y ordenó a la empresa que devolviera las tierras y pagara a las comunidades una cantidad equivalente a casi USD 250,000. Lamentablemente, para cuando se leyó el veredicto, la empresa había cerrado sus puertas y su personal había abandonado el país. Las comunidades recuperaron sus tierras, pero no obtuvieron el dinero que les correspondía.
A juzgar según la mayoría de los criterios, el caso fue un éxito. Se capacitó a los representantes comunitarios para entender y utilizar la ley, las comunidades recuperaron sus tierras y están en mejores condiciones para tratar con los inversionistas en el futuro, y la sentencia judicial envió un mensaje firme a las empresas para que respeten las leyes del país y los acuerdos que negocian. Pero en el proceso no faltaron los desafíos. El más problemático fue la dinámica de poder inequitativa entre las élites políticas y las comunidades.
En una sociedad como la de Sierra Leona, donde la política penetra en todas las facetas de la vida, la gente depende de los políticos para que reparen los sistemas disfuncionales. Algunos miembros del Parlamento prometieron ayudar a las comunidades, pero no cumplieron. Sin embargo, a través del proceso, los asistentes jurídicos descubrieron que los propietarios de las tierras también ejercen un poder de decisión considerable. Cuando se les dotó de la información y las herramientas para actuar, demostraron ser aliados fiables y eficaces.
El éxito de la demanda se basó en que las comunidades y los propietarios de tierras afectados emprendieron una acción colectiva. La dinámica de poder también amenazó esta unidad. Las élites políticas con un interés particular en la continuación de las operaciones de la empresa intimidaron persistentemente a los propietarios de tierras para que firmaran un contrato de arrendamiento injusto. Fue esencial crear confianza y solidaridad entre los representantes comunitarios, las otras personas afectadas y los asistentes jurídicos.
Como se ilustra en este caso, los enfoques de empoderamiento jurídico tienen sus desafíos, pero son cruciales para dotar a las comunidades de los conocimientos y las herramientas que necesitan para luchar contra la explotación de los inversionistas de bienes raíces.