Un grupo de clérigos de varias religiones entregar 125 galones de agua a lo largo de un corredor migratorio en el desierto.
Hoy en día, somos testigos de un fenómeno mundial en el que los gobiernos no solo están cerrando sus fronteras a la entrada de más refugiados, sino también están criminalizando acciones básicas de provisión de ayuda humanitaria, como alimentos o agua, a quienes han huido de la violencia, la persecución o la hambruna en sus países de origen. Esta es una táctica para consolidar el control burocrático y hacer avanzar las agendas xenófobas y antiinmigrantes.
El hecho de la criminalización no es nuevo, ni tampoco lo es la tendencia actual hacia el nacionalismo en países de todas partes del mundo. El trato que recibieron los refugiados que huían de la Europa ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y los que huían de las guerras civiles en Centroamérica en la década de los 1980 son ejemplos históricos de ello. Pero la criminalización de la compasión en sí misma es una nueva mancha que se extiende a través del panorama global.
En Italia, seis pescadores tunecinos están a la espera de juicio acusados de contrabando de personas, tras ayudar a rescatar a unos migrantes que se estaban ahogando frente a la costa. Estos pescadores se han convertido en héroes en sus comunidades por salvar a cientos de migrantes a lo largo de los años. Sin embargo, ahora están en la mira del gobierno populista recientemente electo en Italia, el cual ha dedicado mucha de su energía a disuadir a los trabajadores humanitarios y ONG de actuar en solidaridad con los migrantes.
En Estados Unidos, la organización fronteriza No Más Muertes de Arizona ha brindado ayuda humanitaria a los migrantes que cruzan el peligroso desierto del norte de México a EE. UU. desde 2004. Sin embargo, hoy en día, nueve voluntarios humanitarios enfrentan cargos penales a nivel federal por proporcionar agua y asistencia médica a los migrantes en el desierto. Un voluntario podría pasar 20 años encarcelado por colaborar en la provisión de refugio, alimentos y agua a los migrantes.
El gobierno húngaro ha respondido a la crisis de los refugiados sirios restringiendo drásticamente el acceso al asilo. En 2015, Hungría comenzó a instituir una serie de cambios en sus prácticas y leyes sobre el asilo y aprobó la llamada ley para “Detener a Soros”, que criminaliza el ofrecer asistencia a los solicitantes de asilo.
Este año, el defensor de derechos de Francia recibió un informe, elaborado como parte del proyecto de Observadores de Derechos Humanos, que señala que “los trabajadores humanitarios han sido objeto de 645 casos de vigilancia policial, repetidas verificaciones de identidad, detenciones y registros, violencia física y verbal”. Si bien se ha celebrado el fallo reciente de un tribunal francés que respalda el derecho a ayudar a los migrantes, este no ha impedido que se procese a otros activistas por brindar ayuda.
La criminalización de la ayuda humanitaria debe constituir una gran preocupación para la comunidad de derechos humanos. La Cruz Roja publicó un informe, New Walled Order (Nuevo orden amurallado), que describe esta práctica a lo largo de Europa y advierte sobre el deterioro de normas internacionales antes vigentes. Estas barreras son una forma de silenciar a quienes disienten y despojar a nuestro movimiento de su poder y capacidad de acción colectivos.
La criminalización de la ayuda, los refugiados e incluso los niños migrantes se han convertido en términos populares, en gran medida gracias a la política de “cero tolerancia” de la administración estadounidense con respecto a los migrantes. Esta política acelera las deportaciones, obstaculiza las garantías procesales de los solicitantes de asilo y fue responsable de la separación de familias en búsqueda de asilo. Estas clases de acciones, así como la impunidad sin control, son hitos históricos en el descenso de las sociedades hacia el nacionalismo.
De hecho, un informe del Unitarian Universalist Service Committee y el Hungarian Helsinki Committee documenta estas medidas sistemáticas, tomadas por Estados Unidos y Hungría, de detener a los solicitantes de asilo en las fronteras, negar el asilo, tipificar como delito la entrada en fronteras irregulares en contravención del derecho internacional, y someter a los solicitantes de asilo a condiciones hostiles durante su detención. Como se documenta en el informe, para desmantelar por completo el asilo sin prohibirlo directamente, no basta con atacar solo a quienes solicitan asilo, también es necesario atacar a quienes les ayudan a ejercer sus derechos. Estas prácticas se han vuelto evidentes por todo Estados Unidos, con el debate sobre las ciudades santuario y otros temas.
Sin embargo, la provisión de ayuda humanitaria es una de las formas más críticas y visibles de proteger los derechos humanos básicos y demostrar los valores públicos. Como César Rodríguez-Garavito y Krizna Gomez escribieron recientemente en este foro, “[E]l nuevo libro de jugadas [para los derechos humanos] tendrá que poner menos énfasis en las estrategias tradicionales de denuncia y descrédito para, en cambio, crear vínculos con nuevos grupos de apoyo; esto incluye, entre otras cosas, apelar a las emociones, los valores y la imaginación del público”.
Como dice el dicho, se necesita todo un pueblo. O muchos pueblos y voces, y persistencia. Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Estados Unidos y en otros países tienen que resistirse, desde la primera acción represiva, censurar a sus gobiernos cuando toman medidas para criminalizar la asistencia humanitaria y la compasión, y señalar a los culpables en todos los niveles posibles. Pero lo más importante es que la comunidad de derechos humanos necesita articular este discurso y ayudar al público a entender por qué es importante para nuestra resistencia y nuestros valores.
Un ejemplo del camino a seguir es la historia antes mencionada sobre los trabajadores humanitarios en el desierto de Arizona. Nuestros aliados, No Más Muertes, han sido objeto de hostigamiento y detención por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. por proporcionar agua en el desierto; actualmente, nueve voluntarios enfrentan una variedad de cargos relacionados con sus esfuerzos de ayuda humanitaria. Uno de esos voluntarios fue acusado de encubrimiento y conspiración y podrían imponérsele hasta 20 años de prisión por proporcionar alimentos, agua y refugio a dos migrantes durante tres días en enero de este año.
En respuesta, un grupo de clérigos de varias religiones viajó en agosto desde distintos lugares de la nación hasta la frontera de Arizona para entregar 125 galones de agua a lo largo de un corredor migratorio en el desierto. Como parte de un esfuerzo de solidaridad comunitaria, los líderes religiosos de diferentes denominaciones exhibieron la inmoralidad de la respuesta del gobierno a la crisis de muertes en las zonas fronterizas y la persecución de los nueve voluntarios. Esos miembros del clero y yo pasamos varias horas en temperaturas áridas colocando galones de agua en el desierto, con la esperanza de que los migrantes recibieran su sustento antes de que los agentes de la Patrulla Fronteriza cortaran las botellas o vaciaran todo su contenido en el suelo.
Hasta la fecha, ninguno de los participantes en la acción interreligiosa de agosto ha sido llamado a comparecer o detenido por su participación, aunque aún se podrían imponer cargos, si los propietarios de los terrenos deciden presentar una denuncia ante las autoridades federales. Esta acción puso de relieve la respuesta moral de la comunidad local en asociación con los líderes religiosos no solo para defender los derechos humanos básicos de los migrantes, sino también para preservar el derecho de dar ayuda sin el acoso de las fuerzas del orden locales.
Nuestra comunidad de derechos humanos ha apoyado a los defensores de derechos humanos a lo largo y ancho del planeta durante décadas; debemos extraer lecciones de las comunidades de todo el mundo para las batallas que se libran actualmente a nivel local. Necesitamos solidaridad, financiamiento y apoyo para las acciones creativas que estén impulsadas por la comunidad, obliguen a una confrontación moral y replanteen el problema. La acción que dirigieron No Más Muertes y los grupos religiosos sigue la tradición de los grandes movimientos de derechos civiles y ayudó a obligar a que se entablara una conversación sobre a quiénes se dirigen las acciones policiales y a quiénes se está criminalizando en realidad.
La asistencia humanitaria compasiva para las personas amenazadas en cualquier contexto es un derecho que se debe proteger, y no perseguir. En estos tiempos volátiles, la comunidad de derechos humanos debe seguir alzando la voz, a nivel individual y colectivo, a través de disciplinas y fronteras, para evitar cualquier medida que ponga en riesgo el derecho al asilo y el derecho a recibir o brindar asistencia humanitaria, y cualquier movimiento que trate de convertir la compasión en un delito.