En la mayoría de los Estados del Consejo de Europa, los subsidios familiares se escalonan en función del tamaño. Sin embargo, el Reino Unido y Serbia se salen de esta regla: ambos tienen políticas que imponen límites máximos a los pagos por hijo. Esto significa que los padres y cuidadores no reciben la totalidad de la ayuda económica por los hijos que superan un número determinado, independientemente de la magnitud de su necesidad. Las restricciones de este tipo son claramente una cuestión de derechos humanos, ya que tales políticas no sólo atrapan a las familias en la pobreza y niegan a los niños su derecho a la seguridad social, sino que en la práctica son discriminatorias contra ciertos grupos.
En Serbia, la limitación al número de hijos con derecho a una serie de prestaciones sociales es una práctica arraigada. Hasta principios de la década de 2000, las familias podían recibir prestaciones de apoyo social por un máximo de tres hijos. En los años siguientes, bajo el entendimiento de que el gobierno tenía la obligación de tomar medidas para frenar la despoblación, el límite se elevó a cuatro hijos. Esta restricción está consagrada en varios textos legislativos, desde la muy cuestionada Ley de Apoyo Económico a la Familia con Hijos y la Ley de Protección Social, hasta la Ley de Asilo y Protección Temporal.
Según la Oficina de Estadística de Serbia, más de la mitad de las familias del país tienen un solo hijo; en cambio, sólo 5246 familias serbias tienen cinco o más hijos. El límite de la política serbia de cuatro hijos deja a este pequeño porcentaje fuera de la asistencia social, pero esas familias son algunas de las más vulnerables del país. La mayoría de esas familias ya son vulnerables y están sustentadas por adultos sin ingresos regulares, que dependen de trabajos esporádicos y subsidios. Esos topes a los subsidios sólo sirven para hundirlas más en la pobreza.
En el Reino Unido, la política de limitar los subsidios por hijos entró en vigor en abril de 2017 y se introdujo como parte de los cambios en nombre de la austeridad en el sistema de bienestar. Esto significa que, para las familias con más de dos hijos nacidos después de 2017, el elemento infantil en el crédito universal y los créditos fiscales se limitan a los dos primeros hijos. En abril de 2020, había 846 000 hogares británicos con tres o más hijos que reclamaban el Crédito Fiscal por Hijos o el Crédito Universal. De este total, 243 000 hogares incluían niños nacidos después de 2017, lo que significaba que no estaban recibiendo apoyo para uno o más niños. La pérdida de puestos de trabajo y la reducción de horas a raíz de la covid-19 significan que decenas de miles de familias más en el Reino Unido se verán afectadas por estas restricciones.
Una vez que ha nacido el niño, poco puede hacer la familia para mitigar el impacto de las restricciones en los subsidios. Deben conseguir de algún modo un aumento de los ingresos lo suficientemente importante como para compensar el aumento de los gastos de cuidado de los niños y la probable pérdida de los subsidios cuando se supere el umbral de ingresos, o bien poner al niño bajo tutela, o dividir la familia de otro modo. Dos de estas tres opciones son violaciones del derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Aunque no son idénticos, los límites impuestos a las prestaciones por hijos en Serbia y el Reino Unido tienen un impacto similar en los ingresos de los hogares y el bienestar de los niños. Según un informe de mayo de 2020, el aumento previsto de la pobreza infantil en el Reino Unido se producirá sobre todo entre las familias numerosas. El informe también afirma que el límite de dos hijos en los subsidios es “el principal motor del aumento de la pobreza infantil en los próximos años”.
En el Reino Unido, muchas de las familias afectadas de forma desproporcionada por el límite de dos hijos son musulmanas y judías; muchas son miembros de las comunidades pakistaní, bangladesí y gitana, romaní e itinerante, y norirlandesa. En Serbia, son las familias pobres de las comunidades romaníes y musulmanas, así como de las zonas rurales y empobrecidas del país, las que se han visto afectadas de forma desproporcionada. Por sorpresa, en las impugnaciones que se han hecho a la política serbia no se ha citado la legislación antidiscriminatoria, sino que simplemente se ha mencionado de pasada como una de las cuestiones planteadas en los debates actuales sobre la reforma del sistema de prestaciones sociales.
Tanto Serbia como el Reino Unido son signatarios de acuerdos internacionales de derechos humanos que defienden y protegen los derechos de los niños y de las familias a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social. En su incapacidad para erradicar la pobreza, los gobiernos de Serbia y del Reino Unido no han tenido en cuenta las disposiciones de los tratados que les comprometen, como signatarios, a un estado de bienestar que respete los derechos humanos.
Las políticas de austeridad siguen impidiendo a miles de personas disfrutar de sus derechos sociales garantizados en ambos países.
Los expertos de la ONU, así como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han llamado la atención en repetidas ocasiones sobre las formas en que los sistemas de seguridad social del Reino Unido y de Serbia no respetan los derechos humanos, y han formulado recomendaciones sobre cómo deben abordarse estas deficiencias. A pesar de ello, ambos gobiernos no han introducido los cambios recomendados.
¿Qué les espera a las familias del Reino Unido y de Serbia que se ven afectadas por estas políticas? Son escasas las esperanzas de que la política discriminatoria de Serbia sea revocada en un futuro próximo, dado el clima político en el que la política social ha sido moldeada por el compromiso continuo del gobierno con la austeridad, incluso antes de tener en cuenta la crisis que se avecina a raíz de la covid-19. La disminución del gasto público en protección social del 16,3% al 14,5% del presupuesto de Serbia en cinco años pone de manifiesto este punto. En el Reino Unido hay algo más de esperanza: en octubre de 2020 se le pidió al Tribunal Supremo pronunciarse sobre si el límite de dos hijos es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si la política del gobierno se anula a raíz de esa sentencia, no sería la primera vez: en Estados Unidos se eliminaron políticas similares cuando varios estados suprimieron los límites al bienestar familiar.
Tanto Serbia como el Reino Unido han demostrado que incluso un sistema de seguridad social relativamente desarrollado puede convertirse rápidamente en su opuesto. Las políticas de austeridad siguen impidiendo a miles de personas disfrutar de sus derechos sociales garantizados en ambos países. Las familias afectadas todavía tienen que acudir a los tribunales para buscar el acceso a los derechos que les fueron negados. Sin embargo, su lucha permite albergar la esperanza de que, teniendo en cuenta un sistema de seguridad social basado en los derechos humanos, el poder judicial pueda proporcionar la reparación y declarar que estas políticas no se ajustan al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a otros instrumentos de derechos humanos. Las implicaciones de estas decisiones no se considerarían victorias sólo en el Reino Unido o en Serbia. Nos recordarían qué es exactamente lo que beneficiará al niño, cómo los criterios arbitrarios impulsados por la austeridad frustran las políticas de reducción de la pobreza y cómo es la operacionalización de las garantías de no discriminación en las políticas sociales.