Foto: EFE/EFE Joédson Alves
¿El Trump tropical? ¿El doble de Duterte? Jair Messias Bolsonaro, presidente electo de Brasil, ingresará en el cada vez más amplio club de líderes populistas de derecha cuando asuma el poder el 1 de enero de 2019. Sin embargo, lo que resulta menos claro, aunque inquietante, es qué lugar ocupa dentro de ese espectro de mandatarios y qué representará su presidencia, en última instancia, para los derechos humanos en Brasil.
Una reciente encuesta brasileña indicó que el apoyo a la democracia en el país nunca ha sido más alto. Esto parece contradecir la elección de Bolsonaro dada su defensa de la dictadura brasileña y su limitado aprecio por la Constitución. En este contexto, la pregunta principal que debemos hacer es: ¿será Bolsonaro un presidente democrático?
Gran parte de su manifiesto muestra una escasez de detalles, por lo que tenemos que basar mucho de nuestro análisis sobre cómo pretende gobernar en sus discursos de campaña. Sin embargo, su retórica es a menudo incoherente. Para complicar aún más la situación, su reciente nombramiento de ciertos ministros clave sugiere que habrá intereses opuestos dentro de la administración: desde un ministro de finanzas liberal hasta un jefe nacionalista de las fuerzas armadas, un ministro de justicia punitivo, un ministro del medio ambiente que no cree en el cambio climático y un ministro religioso conservador para los derechos humanos. Queda por ver qué interés predominará.
No obstante, si analizamos la información con la que contamos, podemos observar que probablemente se manifestarán amenazas a los derechos humanos en Brasil en tres áreas principales: la seguridad pública, el medio ambiente y el espacio democrático.
Los planes de Bolsonaro para la seguridad pública suscitan especial preocupación en materia de derechos humanos. El presidente electo pretende tanto relajar los controles de armas de fuego para los ciudadanos como permitir que los oficiales de policía maten con impunidad. Las repercusiones que esto tendría para los derechos humanos, en un país en el que los índices de homicidio y la letalidad policial ya se encuentran entre los más elevados del mundo, son evidentes. Además, Bolsonaro tiene la intención de reducir la edad legal de responsabilidad penal a 16 años y limitar las penas de prisión reducidas, a pesar de que se ha demostrado ampliamente que estas medidas no son eficaces para reducir la delincuencia. Estas propuestas únicamente se sumarían a un sistema penitenciario ya sobrepoblado y generarían más tragedias, como los motines carcelarios de 2017 en los que murieron casi 100 personas en tan solo una semana. Los jóvenes, los pobres y las comunidades de mayoría negra ya sufren un nivel desproporcionado de violencia, a tal punto que muchos se refieren a esta tendencia como un genocidio. Tales medidas solo empeorarán esta situación desesperada.
Otra inquietud genuina es la posibilidad de una colusión coordinada, aunque informal, entre las fuerzas de seguridad estatales y federales. Los gobernadores electos de Río de Janeiro (Wilson Witzel) y São Paulo (João Doria) han expresado su lealtad a Bolsonaro. Como alcalde de São Paulo, Doria supervisó tácticas de mano dura contra los consumidores de drogas en la región de la ciudad conocida como Cracolandia. Mientras tanto, Witzel ya visitó a fabricantes de armas en Israel, junto con el hijo de Bolsonaro. Aprendieron sobre la tecnología militar en el país, incluidos los drones que disparan, y que Witzel sugirió que se pueden usar en operaciones de seguridad en Río de Janeiro.
El panorama de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente no es menos preocupante. En su esfuerzo por facilitar la recuperación económica, Bolsonaro indicó que está a favor de debilitar las protecciones ambientales en el Amazonas. Esto tendría consecuencias negativas para las comunidades que viven cerca de los proyectos de megainfraestructura propuestos, incluidas las represas hidroeléctricas y de minería, que ahora están en suspensión debido a las políticas ambientales restrictivas.
Bolsonaro también ha afirmado que no demarcará ningún territorio nuevo para su protección, lo que supone una amenaza para los pueblos indígenas y los quilombolas (descendientes de esclavos afrobrasileños que viven en asentamientos llamados quilombos). Además, amenaza con anular 129 demandas existentes por demarcación de tierras. Existe la preocupación de que conforme se sigan debilitando los derechos de estas comunidades, aumentará la violencia contra sus integrantes. Brasil ya registra la mayor cantidad de muertes de defensores ambientales.
Por otra parte, Bolsonaro ha manifestado su disposición a abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esto también despierta interrogantes más amplias sobre sus compromisos con el orden internacional y otros tratados de los que Brasil es parte. Incluso ha sugerido que Brasil dejaría el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Cuando los populistas de derecha asumen el poder, gran parte de su atención se centra en restringir el espacio cívico. Bolsonaro también nos ha dado muchos motivos de preocupación en este sentido. Su manifiesto menciona abiertamente el uso de las leyes antiterroristas de Brasil contra los movimientos sociales que presionan al gobierno con respecto a la reforma agraria y el acceso a la vivienda. Asimismo, durante la campaña electoral, habló explícitamente de “poner fin al activismo” en Brasil. No está claro cómo pretende hacerlo, pero en las últimas semanas ha estado hablando con Viktor Orbán de Hungría y Benjamín Netanyahu de Israel. Ambos líderes han promovido leyes que dificultan considerablemente el financiamiento extranjero de las ONG.
El programa de acción afirmativa de Brasil, que ofrece lugares garantizados a candidatos negros y pobres en universidades públicas y otras instituciones financiadas con fondos públicos, también se ve amenazado por la administración de Bolsonaro. Cualquier reducción de este programa afectaría considerablemente el acceso a los derechos de la población de raza negra. Del mismo modo, la cercanía del presidente electo con algunos líderes de iglesias evangélicas pone en riesgo la libertad de culto, en especial las tradiciones religiosas de origen africano. Su agenda moral conservadora también es alarmante para el futuro de los derechos sexuales y reproductivos. Por el momento, ya está afectando a la población LGBT. Durante la campaña electoral, los partidarios de Bolsonaro cometieron una gran cantidad de delitos de odio contra esta población y otros grupos minoritarios.
Muchas de las medidas propuestas antes mencionadas tendrían que ser aprobadas por el Congreso y, si se aprueban, podrían ser impugnadas ante el Tribunal Supremo. Aún no está claro cómo responderán estas dos instituciones. El partido de Bolsonaro (PSL) obtuvo varios escaños en el Congreso, pero no la mayoría. Tendrá que trabajar en estrecha colaboración con otros partidos para lograr la aprobación de medidas controvertidas. Las alianzas que se forjen dentro del Congreso dependerán en gran medida de quién será el próximo presidente de este, algo que aún se desconoce.
Otras de las medidas no requieren aprobación legislativa. Se pueden lograr mediante órdenes ejecutivas u otros cambios burocráticos. Sobre este particular, la prensa y otros organismos de control tendrán que responder con celeridad a cualquier intento de aprobar medidas subrepticiamente. Si bien aún no se ha cuestionado el papel de organismos de control como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Comité sobre la Tortura, ya hay una alerta roja con respecto a la libertad de prensa. Bolsonaro ha amenazado con retirar toda la publicidad gubernamental de uno de los principales periódicos del país, Folha de São Paulo, el cual publicó un artículo revelador sobre el financiamiento de su campaña.
Durante muchos años, Brasil acaparó la atención internacional por sus avances en cuestión de desarrollo social y económico. Ahora aparece en los titulares por razones más siniestras. Será fundamental conservar esta atención durante los próximos años, ya que supondrá una fuente crucial de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil nacional en sus esfuerzos por limitar los posibles efectos perjudiciales del gobierno de Bolsonaro y crear una alternativa para las siguientes elecciones en 4 años.