Si la población estadounidense realmente está tan desconectada de la política exterior como pensamos, ¿qué tanto puede saber del derecho internacional, o qué tanto le puede importar? En el recuento sobre su fascinante e importante investigación acerca del derecho internacional y el apoyo del público estadounidense para los ataques con drones, Sarah Kreps y Geoffrey Wallace concluyen que los ciudadanos estadounidenses se muestran sorprendentemente receptivos ante los argumentos que afirman que no se deben utilizar los drones porque violan el derecho internacional. Sus convincentes resultados representan contribuciones valiosas a los debates sobre el poder del derecho internacional en la política cotidiana, pero sus conclusiones quedan abiertas al debate debido a algunas omisiones fundamentales. ¿Los votantes estadounidenses apoyan el uso de drones incluso en comparación con otras opciones? Y, lo que es quizás más esencial, ¿por qué les importa el derecho internacional para empezar?
Drones comparados con ¿...?
A Kreps y Wallace les interesa fundamentalmente la siguiente pregunta: si les decimos a los votantes estadounidenses que usar drones viola el derecho internacional, ¿será menos probables que apoyen su uso? Diseñaron un experimento en encuestas que contrasta marcos de derecho internacional con sugerencias sobre la eficacia de los ataques con drones. Eligieron la eficacia como variable de comparación porque existe una literatura robusta que argumenta que la opinión pública es más propensa a apoyar el uso de la fuerza cuando el público cree que los objetivos políticos de dicho uso son alcanzables.
Sin embargo, hay algo que falta en el análisis de Kreps y Wallace: si la expectativa de bajas sufridas, y no solo de bajas causadas, puede afectar o no la opinión pública sobre el uso de drones, y cómo. De hecho, el argumento sobre un “público bastante prudente”, que la opinión pública sobre el uso de la fuerza cambia según el objetivo principal, fue una reacción directa ante la hipótesis de la aversión a las bajas, la noción de que entre más bajas militares se sufran, menor será el apoyo público para el uso de la fuerza. Como Kreps y Wallace no consideran opciones militares alternativas, específicamente el uso de tropas de infantería, no podemos saber en qué medida las preferencias de los votantes obedecen al respeto del derecho internacional en comparación con el deseo de reducir al mínimo las bajas estadounidenses.
Flickr/U.S. Pacific Command (Some rights reserved)
US Marines inspect a surveillance drone between missions in Pohakuloa, Hawaii.
Esta omisión es crítica precisamente porque los ataques con drones de EE. UU. no causan bajas estadounidenses (a excepción de los pocos ciudadanos estadounidenses que mueren debido a los drones y a los trastornos por estrés postraumático y la fatiga que sufren los pilotos de drones). Se considera que tener una tasa reducida o cero de bajas es una de las principales ventajas de los drones. El programa actual de drones contribuye a una tendencia de más largo plazo a disminuir las bajas estadounidenses en la guerra, gracias a la tecnología médica y militar. Uno de los argumentos a favor del uso de drones es que pueden reducir los costos humanos y financieros de la guerra al disminuir el número de muertes y mecanizar la aplicación de la fuerza de tal manera que se necesite menos personal militar en general. Los drones reducen los costos totales de salarios y beneficios, incluidos los servicios de cuidado de la salud, para los militares. Si los responsables políticos prefieren usar drones como medida de ahorro, sería importante entender hasta qué grado comparte el público esta percepción. Para hacer esta evaluación, tendríamos que comparar el apoyo público para el mismo ataque militar, pero utilizando drones en un caso y tropas de infantería en el otro. Se podrían aplicar muchos de los mismos argumentos sobre violación de la soberanía y el derecho humanitario internacional a cualquiera de las dos situaciones, y así tendríamos una idea más precisa del papel del derecho internacional en este caso.
¿Cuánto sabe realmente el público sobre el derecho internacional?
Si el votante promediono no parece interesarse en la política exterior, ¿qué tanto conocen los votantes realmente el derecho internacional?
El público estadounidense tiene la reputación de no estar interesado en la política exterior. Una Encuesta Pew de 2013 encontró que un poco más de la mitad de los encuestados pensaba que EE. UU. debería “enfrentar sus propios problemas” y dejar que los otros países se encarguen de sus propios asuntos “como mejor puedan”. En un ejemplo aún más marcado, en enero de 2013 se le preguntó al público estadounidense en qué debería concentrarse el presidente Obama, el 83% dijo que en la política interna y solo el 6% dijo que en la política exterior. La pregunta que deben abordar Kreps y Wallace es la siguiente: si el votante promedio no conoce el nombre del presidente de Rusia y no parece interesarse en la política exterior, ¿qué tanto conocen los votantes (o les importa) realmente el derecho internacional?
Y lo que es más importante, los intrigantes resultados de Kreps y Wallace plantean la cuestión de por qué valoran los votantes el cumplimiento del derecho internacional. El hallazgo de que sí les importa el derecho internacional va en contra de la sabiduría popular, y eso es algo de lo que lo hace tan atractivo. ¿Ha cambiado el valor que da el público al derecho internacional con el paso del tiempo de manera que ahora es más atractivo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Son más propensos a valorar el derecho internacional algunos votantes que otros?
Se solicitan más: drones, ciberataques y robots
La relación entre el uso de drones, la opinión pública y el derecho internacional también plantea preguntas sobre otras tecnologías emergentes, como los ciberataques y los sistemas de armas letales autónomas (lethal autonomous weapons systems, LAWS), o “robots asesinos”. La naturaleza asimétrica de las bajas sufridas contra las bajas causadas, así como la imprecisión del derecho internacional, son cuestiones pertinentes para todas estas tecnologías, pero en distintos grados. Los ataques cibernéticos son los que tienen menos probabilidades de causar bajas directamente, si es que causan alguna, mientras que la preocupación con respecto a los LAWS es que estas máquinas podrían decidir por sí mismas realizar ataques con daños colaterales considerables.
Examinar de manera conjunta la respuesta del público al uso de estas tecnologías ofrecería la oportunidad de hacer algunas comparaciones fascinantes, ya que hoy en día existe un manual jurídico ampliamente leído sobre cibernética y derecho internacional, no hay ningún manual similar para los drones y por supuesto que tampoco para los LAWS, una tecnología que aún no existe. Si al público le importa el derecho internacional y el uso de la fuerza, comparar las reacciones ante el uso de estas diversas tecnologías en términos del respeto del derecho internacional podría ayudar a aclarar por qué le importa al público el derecho internacional. Esos resultados, entonces, podrían ayudar a allanar el camino a seguir para la sociedad civil y los responsables de formular las políticas gubernamentales que intentan recorrer este nuevo panorama tecnológico; y jurídico.