En su charla TED de 2009, Chimamanda Ngozi Adichie nos advirtió sobre "el peligro de una sola historia", haciendo hincapié en cómo las narrativas dan forma a las percepciones y perpetúan los estereotipos, especialmente en los medios de comunicación. Estas palabras de advertencia resuenan en Chile, donde la representación mediática de los migrantes los estigmatiza, contribuyendo a la violación de los derechos humanos y contraviniendo los tratados internacionales y las normas éticas.
Desde 2020, Chile se enfrenta a una crisis migratoria marcada por la entrada principalmente irregular y no autorizada de migrantes procedentes de países vecinos en busca de nuevas oportunidades económicas o para desarrollar sus proyectos de vida. Estos migrantes suelen huir de regiones afectadas por crisis políticas, económicas y criminales, como las maras en Centroamérica.
Esta crisis llevó a la aprobación de la Ley de Migración nº 21.325 en 2021, que obligaba a los visitantes al país a obtener visados de los consulados chilenos en sus países de origen. Pretendía ser un medio para evitar que los extranjeros ingresaran a Chile como turistas y cambiaran su situación migratoria para buscar empleo. A pesar de esta política, el ingreso irregular persiste, y Chile tiene actualmente la segunda proporción más alta de migrantes en América Latina, con la Policía de Investigaciones registrando el ingreso irregular de 35.000 migrantes sólo en 2023.
En este contexto, los investigadores Carolina Stefoni y Sebastián Brito identifican una estrecha relación entre la imagen estereotipada de los migrantes en los medios de comunicación chilenos y las políticas de control implementadas por el gobierno. Al promover el cumplimiento de la nueva ley de inmigración destacando las sanciones por entrada irregular, los medios contribuyen a estereotipar a los migrantes como delincuentes. En otras palabras, las noticias sobre inmigrantes funcionan como una herramienta política.
A pesar de su variada cobertura y de la gama de tonos utilizados para informar sobre la migración, los medios de comunicación chilenos se han centrado generalmente en vincular a los migrantes con oleadas delictivas, la saturación de los servicios básicos y el aumento del desempleo a través de su inclusión en la fuerza laboral. Esta perspectiva ha sido identificada como una amenaza a la convivencia. Simultáneamente, este tema ha sido denunciado por los migrantes venezolanos en Chile, quienes rechazan la estigmatización mediática de su situación, especialmente la cobertura que vincula a los migrantes con la ola delictual que se vive en el país, dificultando su integración.
Esta representación ha generado un clima de inseguridad en la sociedad chilena, perpetuando estigmas y obstaculizando la inclusión económica, social y cultural de los migrantes, ya que episodios de discriminación y xenofobia limitan su capacidad de asimilación laboral. Estas prácticas constituyen violaciones de los principios fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Al vincular a los migrantes con actividades delictivas basándose principalmente en su entrada irregular en el país, esta distorsión mediática viola el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el principio de no discriminación e igualdad ante la ley. Al presentar a los migrantes como una amenaza para la seguridad, los medios de comunicación perpetúan estereotipos que alimentan la discriminación y la xenofobia, violando así el artículo 7, que prohíbe la discriminación en todas sus formas.
Esta distorsión se traduce en medidas perjudiciales para los migrantes, como la criminalización y la estigmatización, que impiden su inclusión y regularización en el país. La relación entre la estigmatización mediática y la deportación revela una clara violación del principio fundamental establecido en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). Este artículo garantiza el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley, un derecho que se vulnera cuando se vincula injustamente a los migrantes con actividades delictivas. Sin embargo, el gobierno chileno deportó a 294 personas en los primeros cuatro meses de 2021, la mayoría de ellas sin revisión judicial, según cifras del gobierno obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes. La mayoría de los deportados eran venezolanos.
La criminalización y estigmatización de los migrantes no sólo distorsionan la realidad, sino que también violan el acceso al debido proceso legal, un derecho consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). La vinculación de los migrantes, especialmente los venezolanos, con actividades delictivas a través de las narrativas de los medios de comunicación ha llevado a deportaciones sin un proceso legal justo y equitativo, incluso de aquellos con condenas menores.
Es imperativo que los medios de comunicación aborden este tema reconociendo la responsabilidad ética que les cabe y respetando los principios fundamentales establecidos en los compromisos internacionales que Chile ha ratificado, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este pacto compromete a los Estados, incluido Chile, a respetar y proteger los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
En la formación de la opinión pública, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, y es crucial que acepten la responsabilidad de integrar a los migrantes, irregulares o no, en el país en lugar de criminalizarlos. Fomentar las oportunidades y promover la cohesión social no es sólo una necesidad ética, sino también una obligación que los medios de comunicación deben asumir para contribuir a construir una sociedad integradora y comprensiva.