Las fuerzas rusas habrían colocado decenas o incluso cientos de miles de minas explosivas alrededor de los hogares, las calles y los campos ucranianos cuando se retiraron de la zona de Kiev, según declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a principios de este mes. Estos alarmantes informes me traen recuerdos de mi trabajo en Ucrania en 2016 y 2017 como observadora del cese al fuego para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), donde una de mis tareas era observar e informar sobre las minas terrestres y las víctimas civiles.
Ucrania es uno de los países más plagados de minas de todo el mundo y ya contaba con un número importante de minas antes de la invasión rusa a gran escala de febrero. Tanto las minas antivehículo como las antipersona, así como los dispositivos de cables trampa y las trampas explosivas, fueron plantadas de manera habitual por ucranianos y rusos antes de la intensificación del conflicto este año. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2021, la Misión Especial de Observación de la OSCE informó de la observación de casi 20 000 minas.
Las minas terrestres son, por definición, indiscriminadas: infligen lesiones y muertes mucho después de que haya pasado su finalidad militar y, en última instancia, aterrorizan a la población civil, lo cual les impide utilizar su tierra. Si bien es imperativo que las partes en conflicto dejen de utilizar minas terrestres, también nos enfrentamos a la cuestión de cómo responder cuando no lo hacen.
Durante el tiempo que pasé como observadora de la OSCE en el este de Ucrania, documenté casos en los que la desesperación, el frío y el hambre forzaban a la gente a entrar en campos de minas conocidos para pescar, recoger hongos o leña, sólo para resultar herida o muerta por las minas. Los trabajadores de los campos agrícolas, el ganado de pastoreo y quienes combaten los incendios forestales asumen un nuevo riesgo de lesiones o muerte inminente en los lugares donde se han sembrado minas.
Si bien es imperativo que las partes en conflicto dejen de utilizar minas terrestres, también nos enfrentamos a la cuestión de cómo responder cuando no lo hacen.
Como los ucranianos se enfrentan cada vez más a la inseguridad alimentaria y al acceso limitado al agua potable, es más probable que busquen leña o agua en zonas donde saben que puede haber minas, o que se encuentren con minas colocadas en los pasos fronterizos cuando huyen de zonas peligrosas.
Es esencial informar sobre los peligros de las minas para los civiles para combatir su uso. En agosto de 2017, estaba vigilando el puente de Stanytsia Luhanska en Luhansk (Ucrania), que cruza la línea entre las zonas controladas por el gobierno y las no controladas, y que era la única forma en que los ancianos, los niños y las personas en silla de ruedas podían acceder a la atención médica, las pensiones y la familia del otro lado. Mis colegas y yo descubrimos una granada de mano preparada como trampa, fijada en el lado del estrecho pasaje por el que caminaban los civiles y que pretendía ser un medio para asegurar la posición de disparo de los separatistas. Nuestra denuncia pública del incidente presionó a los guardias armados separatistas para que acabaran retirando la trampa para que los civiles pudieran cruzar con seguridad.
Physicians for Human Rights (PHR) compartió el Premio Nobel de la Paz en 1997 junto con otros miembros de la coalición de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres, por su labor de denuncia de la amenaza para la salud pública que suponen las minas terrestres y la movilización de la comunidad médica para que se pronuncie al respecto. En Camboya, por ejemplo, PHR documentó cómo más de 35 000 personas sufrieron amputaciones a causa de las minas terrestres. Esta campaña de promoción dio lugar a la elaboración y adopción del Tratado Internacional de Prohibición de Minas de 1997. Ucrania ratificó el tratado, pero la Federación Rusa y Estados Unidos no lo han hecho.
Las minas antipersona, prohibidas por el Tratado, infligen terribles heridas en un radio de explosión de hasta 15 metros, pero no son los únicos tipos de minas terrestres que pueden herir y matar a civiles. Ya han chocado minibuses y monovolúmenes civiles con minas antivehículo en puestos de control en años anteriores del conflicto, con consecuencias fatales. Mi antiguo colega, un paramédico estadounidense, murió en 2017 cuando el vehículo en el que viajaba pasó por encima de una mina antivehículo. Su muerte provocó la única vez en su historia que se ha activado la Comisión Internacional de Investigación Humanitaria (IHFFC por sus siglas en inglés), creada para investigar posibles infracciones del derecho internacional humanitario.
En el caso de mi colega paramédico, la Comisión consideró que, como monitor civil desarmado, no era el objetivo previsto. Sin embargo, también determinó que la colocación de una mina terrestre en una carretera conocida por ser utilizada por vehículos civiles constituía un uso indiscriminado e ilegal de las minas terrestres según el derecho internacional humanitario. Su muerte ilustra la naturaleza intrínsecamente indiscriminada de las minas, que matan tanto a los objetivos previstos como a los no previstos.
La promoción para limitar el daño de las minas terrestres debe incluir también el acceso humanitario para las operaciones profesionales de desminado. En años anteriores, la OSCE ha informado que los agricultores intentan retirar las minas y los artefactos sin explotar por sí mismos, lo cual genera que corran un gran peligro para poder utilizar sus tierras; las minas también aumentan el peligro de reparar las infraestructuras civiles dañadas, como las tuberías de agua y las líneas eléctricas. Los niños, en particular, corren un alto riesgo de sufrir daños, ya que pueden intentar jugar con artefactos sin explotar.
En mi anterior cargo, mis colegas y yo supervisamos algunas “ventanas de silencio” (ceses temporales de hostilidades) para permitir el desminado. Una vez, mientras supervisaba una operación de desminado en el este de Ucrania, me sorprendió ver a un joven soldado con chaleco de kevlar recoger un artefacto sin explotar con sus propias manos y meterlo en una bolsa de tela. Algunas imágenes recientes han mostrado a soldados ucranianos apartando minas antitanque con los pies para despejar las carreteras necesarias para la evacuación de civiles. Los países donantes deben dedicar recursos al desminado humanitario y a la educación sobre las minas en Ucrania para que las operaciones de desminado sean seguras y no pongan a los civiles en mayor riesgo.
En Estados Unidos, la administración Trump revocó una prohibición de la era Obama sobre el uso de minas antipersona fuera de la península de Corea; en su campaña, Biden prometió restablecer la prohibición, pero no lo ha hecho desde que asumió la presidencia. La semana pasada, 21 miembros del Congreso firmaron una carta en la que pedían al gobierno de Biden que se comprometiera a prohibir el uso y la producción de municiones de racimo, incluidas las que dispersan minas.
Dada la negativa hasta ahora de países como Estados Unidos y Rusia a prohibir el uso de minas terrestres y a ratificar los tratados pertinentes, ¿qué mecanismos de derecho internacional pueden desplegarse para combatir la amenaza de las minas terrestres para los civiles?
En mi experiencia, la vigilancia y la información sobre las amenazas es una de las principales herramientas que tenemos. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debería incluir el seguimiento de las víctimas civiles debidas a las minas en su vigilancia de las víctimas civiles, y supervisar el cumplimiento del derecho internacional humanitario que restringe el uso de las minas terrestres. En los casos en los que sea necesario un análisis forense como parte de dicha supervisión, los Estados deberían consentir el mandato de investigación de la IHFFC y desplegarlo para que investigue las infracciones del derecho humanitario como las denunciadas en Ucrania.
En última instancia, hay que reunir pruebas sobre la grave amenaza para la salud pública que suponen las minas terrestres para convencer a los Estados de que pongan fin a su uso de una vez por todas.