Foto: UNAMID/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
La política estadounidense está estrangulando la cadena internacional de financiamiento para la salud reproductiva. De acuerdo con la Ley Mordaza Global (Global Gag Rule) estadounidense, que se introdujo por primera vez en 1984, las organizaciones no gubernamentales extranjeras que reciben ayuda de EE. UU. no deben utilizar fondos —ni siquiera los propios— para proporcionar, asesorar o difundir información sobre el aborto como parte de sus servicios integrales de planificación familiar. Tras ocho años de estar inactiva, Trump restableció esta política en 2017 y creó una versión ampliada según la cual a las ONG que no respeten la restricción se les negará toda ayuda relacionada con la salud, incluido el financiamiento para los programas de VIH, atención primaria, tuberculosis y malaria. Esta ley mordaza ampliada repercute sobre 9,000 millones de dólares estadounidenses de asistencia, la mitad de los cuales apoyan directamente los servicios de VIH y SIDA. En marzo de este año, la administración anunció una ampliación más, la cual extiende la ley mordaza más allá de las ONG para abarcar a quienes las respaldan o financian, y a las agrupaciones que brindan información o servicios relacionados con el aborto.
Esta política demuestra claramente lo que temen muchos de quienes participan en el debate actual sobre el financiamiento para los derechos humanos: que el Norte global determine el uso de los fondos y, por lo tanto, determine cuáles son los temas de importancia para los países en desarrollo. La administración de Trump está imponiendo sus opiniones sobre el aborto a países y organizaciones que pueden no estar de acuerdo con ellas, pero que dependen de su financiamiento para proporcionar servicios de salud esenciales; este es un ejercicio de poder cruel e incorrecto. Sin embargo, la razón por la que se destinan fondos a los países en desarrollo en primer lugar es el reconocimiento universal de que el acceso a los servicios integrales de salud reproductiva y planificación familiar es un derecho humano y una obligación que la comunidad internacional debe cumplir en forma conjunta.
Los aspectos políticos en torno al aborto tienen consecuencias reales para las organizaciones de salud pública y las iniciativas nacionales que dependen del financiamiento estadounidense. Aunque la Ley Mordaza Global se centra en los servicios de aborto, los efectos perjudiciales para la salud van mucho más allá de la salud reproductiva de las mujeres. Las organizaciones afectadas brindan muchos servicios además de la planificación familiar, incluidos el tratamiento del VIH y la tuberculosis, la nutrición y el saneamiento. Un ejemplo concreto es el de Family Health Options Kenya (FHOK), una destacada organización de servicios de salud, que ha sufrido las consecuencias prácticas de la aplicación de la Ley Mordaza Global. La organización perdió más del 60 % de su financiamiento general como resultado directo de la ley mordaza, lo que ha limitado su capacidad y aptitud para brindar servicios de salud necesarios más allá de la planificación familiar, como las pruebas y el tratamiento para la tuberculosis. Esto puede ser bastante peligroso, ya que los hombres y los niños padecen tuberculosis con una incidencia que duplica la de las niñas y las mujeres. Al centrarse en los proveedores de servicios de salud, la Ley Mordaza Global repercute en la capacidad de hombres y mujeres para recibir tratamiento y aligerar los costos de tratamiento “catastróficos”. FHOK ya cerró dos clínicas, y otras más funcionan con servicios reducidos para permanecer abiertas. La organización no tiene los recursos para continuar con la educación sobre planificación familiar y enfermedades infecciosas. Kenia no es el único lugar en el que se hace sentir esta escasez de fondos: Estados Unidos también invertía anteriormente en programas de salud en la India que incluyen esfuerzos para mejorar la nutrición y el saneamiento, los cuales ahora se ven amenazados por las restricciones.
Desde que se restableció la ley mordaza, muchos países están tomando medidas para tratar de sustituir los fondos recortados por EE. UU. Los Países Bajos anunciaron una iniciativa para recaudar fondos para apoyar el acceso mundial al aborto. Más recientemente, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció un compromiso de 700 millones de dólares canadienses para la salud sexual y reproductiva a nivel mundial. Resulta alentador ver que otros países toman medidas para sustituir el financiamiento que se está reduciendo debido a la ley mordaza, pero no es suficiente. Estados Unidos ha sido un importante financiador internacional y la incertidumbre generada por la derogación, el restablecimiento y ahora la expansión de la Ley Mordaza Global es insostenible para los países en desarrollo y las organizaciones que dependen de su asistencia. Estados Unidos ya prometió reducir los fondos para la Organización de los Estados Americanos, debido a los debates dentro de esta organización regional sobre el aborto. A nadie sorprenderá si Estados Unidos sigue incumpliendo sus obligaciones de financiamiento con otras organizaciones internacionales so pretexto de la ley mordaza. En este caso, corresponde a las organizaciones internacionales tener flujos de financiamiento más flexibles y permitir que los países en desarrollo utilicen los fondos fuera de proyectos específicos para mejorar su infraestructura de salud pública.
La aplicación de la ley mordaza demuestra la urgencia de diversificar las fuentes de financiamiento para las organizaciones e iniciativas de salud pública. En el marco del debate sobre el financiamiento para los derechos humanos, algunos han abogado por que los países en desarrollo recurran cada vez más a fuentes nacionales de financiamiento. Con frecuencia, los fondos extranjeros no bastan para financiar completamente las respuestas en materia de salud; Kenia reconoció la importancia de lo anterior para preservar su respuesta al VIH, pero no está claro que el país esté avanzando en la obtención de fondos locales. El financiamiento interno puede ayudar a que los países dependan menos del Norte global, lo que es difícil, pero no imposible. Además, en algunos casos, el financiamiento local es más adecuado para las soluciones de largo plazo. Por ejemplo, los financiadores privados podrían intervenir más, ya que el financiamiento para la salud pública puede ser un ámbito “más seguro” y menos político. La capacidad de las organizaciones de servicios y las cuestiones de salud pública para conservar su financiamiento, gracias a su singular posición dentro de la política de derechos humanos, se encuentra actualmente en peligro debido a la naturaleza política del aborto, así como a la Ley Mordaza Global y las estipulaciones de financiamiento asociadas con la ayuda de Estados Unidos.
Dado que la ley mordaza ahora afecta a todo el financiamiento para la salud, los financiadores públicos y privados que quieran alejarse del tema del aborto o la planificación familiar podrían centrarse en cambio en llenar los vacíos de financiamiento para el VIH, la malaria o la nutrición. El financiamiento nacional, ya sea de fuentes privadas o gubernamentales, debe aumentar. Esto puede lograrse con estrategias hiperlocales como la obtención de recursos autónomos, que es una forma independiente de financiar movimientos. Lo que distingue a esta estrategia es que el financiamiento se convierte en parte de la expansión del movimiento, y no hay requisitos externos. Las organizaciones de servicios pueden reproducir esta estrategia mediante una búsqueda más deliberada de fondos para sustentar las iniciativas de salud actuales. Pero ninguna fuente de financiamiento podrá sustituir por sí sola el vacío que dejen los fondos provistos por Estados Unidos. Si las organizaciones y los países rechazan el dinero de EE. UU. debido a la ley mordaza, las iniciativas tendrán que reducir su escala y buscar urgentemente fondos de reemplazo de una coalición diversa de fuentes de financiamiento.