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Los anticonceptivos hormonales de emergencia son medicamentos que se administran después de una relación sexual sin protección —en caso de ruptura de condón, agresión sexual o relación sexual sin protección no planeada— para evitar embarazos no deliberados. A nivel mundial, los medicamentos más utilizados para la anticoncepción de emergencia son el levonorgestrel y el acetato de ulipristal (ellaOne), disponibles de venta libre y sin receta médica en más de 60 países, incluidos Canadá, Australia, los Estados Unidos y los países de la UE. En teoría, clasificar estos medicamentos como medicamentos sin necesidad de receta médica representa un avance considerable para el derecho a la integridad física y para salvaguardar los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, es preciso analizar el libre acceso en el contexto de un clima político altamente volátil en torno a la salud reproductiva de las mujeres.
En últimas fechas, hemos sido testigos de la oposición de los Estados Unidos a la promoción de una protección integral para las personas sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos, las medidas jurídicas en seis estados de los EE. UU. “en preparación para un posible día en el que se revierta Roe vs. Wade”, así como la creciente presión para que el gobierno del Reino Unido intervenga para hacer frente a las violaciones sistémicas de derechos humanos causadas por las leyes sobre el aborto en Irlanda del Norte. En vista de la reciente prohibición del aborto en Alabama, que se promulgó para proteger “la naturaleza sagrada de la vida” en un estado que mantiene la pena de muerte, los derechos contemporáneos de las mujeres enfrentan viejos enemigos. La tendencia de los Estados a volver a prácticas nacionales inmaduras y obsoletas solo refuerza la naturaleza categórica de los derechos humanos, que sirven como un último recurso supranacional para evitar el retroceso social y legislativo.
De acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de garantizar que “toda la gama de métodos anticonceptivos estén disponibles y sean accesibles, aceptables y de buena calidad”. En la práctica, el libre acceso no está exento de defectos. Sin un examen médico, asesoramiento farmacéutico y disposiciones que garanticen que se proporcione información suficiente, el libre acceso podría poner en riesgo las decisiones y los resultados anticonceptivos de las mujeres. Si el libre acceso no cumple su aspiración definitiva de evitar los embarazos no planeados y los posibles abortos inseguros (o incluso ilegales), es urgente modificar las políticas y garantizar que las mujeres puedan aprovechar al máximo lo que el libre acceso puede ofrecerles.
Comencemos con un poco de información de contexto. La eficacia de los anticonceptivos de emergencia depende de una serie de factores, como la dosis, el intervalo de tiempo entre la administración y la relación sexual sin protección, y el riesgo general previo de embarazo. La única aseveración indiscutible sobre estas píldoras, y su principal mecanismo de acción, tiene que ver con el hecho de que retrasan la ovulación. Si estos medicamentos se administran demasiado cerca de la fecha de ovulación, o después de que esta haya ocurrido, son ineficaces e innecesarios. Recientemente, algunos académicos advirtieron que no se debe “exagerar la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE)” y subrayaron que “es crucial contar con una comprensión básica de la ventana de fertilidad para entender el mecanismo de acción de las PAE”. Esta comprensión básica —que las mujeres son fértiles, en promedio, alrededor de dos días al mes, mientras que el hombre promedio es fértil los 365 días del año— es precisamente lo que parece faltarles a los hombres que están aprobando las leyes antiaborto en los EE. UU. En segundo lugar, un factor esencial que a menudo se pasa por alto es que el IMC elevado y la obesidad de las mujeres están asociados con un alto riesgo de fallo en los anticonceptivos de emergencia. El último índice mundial de obesidad de la OMS señaló que el 39 % de las mujeres adultas son obesas, por lo que es imperativo que las mujeres tengan acceso a información relacionada con el fallo de los anticonceptivos y que entiendan los métodos alternativos, como los dispositivos intrauterinos (DIU), que son de acción prolongada, reversibles y se les considera la forma más eficaz de control de la natalidad.
Toda mujer tiene derecho a tomar decisiones informadas
La planificación familiar es un derecho humano. En el contexto de la anticoncepción, un enfoque de derechos humanos exige que las mujeres “tengan el derecho a ser plenamente informadas por personal con la capacidad adecuada, [que] tiene la responsabilidad de transmitir información clara y precisa, utilizando un lenguaje y métodos que se puedan entender con facilidad”. El derecho a ser plenamente informadas implica que las mujeres tengan una participación integral en la planificación familiar, que la calidad de la información técnica que brinden los proveedores se apegue a los estándares más altos y que los proveedores tengan aptitudes de asesoramiento y comunicación para garantizar el acceso a una amplia gama de información. Este es el punto en el que las políticas de libre acceso se quedan cortas.
En primer lugar, funcionan bajo el supuesto de que las mujeres tienen acceso y retienen información sexual que abarca información técnica compleja relacionada con los aumentos en los niveles de la hormona luteinizante (HL) que detonan la ovulación y afectan la eficacia de estos medicamentos. Incluso cuando las normas nacionales sobre la educación sexual contienen principios programáticos que capacitan a las mujeres para que accedan a información precisa sobre la fertilidad, es poco probable que las mujeres tengan las aptitudes para acceder a los estudios clínicos e interpretar los datos de investigaciones avanzadas. Para las mujeres menores de 18 años, esto podría ser particularmente peligroso.
Por otra parte, los académicos recomiendan que a las mujeres que pesen más de 165 lb (75 kg) se les ofrezca ulipristal o el DIU de cobre. En este caso, el libre acceso funciona bajo el supuesto de que los proveedores, en su mayoría farmacéuticos, están conscientes del efecto del IMC en la elección de método anticonceptivo de una paciente, que pesan a la paciente, hablan sobre su peso y le recomiendan alternativas. Este supuesto es problemático, dado que los países occidentales donde hay libre acceso a los anticonceptivos de emergencia promueven narrativas de neutralidad corporal y positividad corporal. Es posible que los farmacéuticos duden en hablar sobre el peso corporal por temor a que se les perciba como prejuiciosos. En algunos casos, las mujeres pueden optar por adquirir los anticonceptivos de emergencia en línea o mediante un tercero, con lo que se evita por completo cualquier asesoramiento farmacéutico.
Tal vez los proveedores podrían argumentar que estos medicamentos contienen folletos informativos para las pacientes y que, por lo tanto, ofrecen información suficiente para que las mujeres tomen decisiones informadas. Sin embargo, las investigaciones sugieren que solo una de cada cuatro personas lee los folletos informativos para pacientes y que, cuando lo hacen, lo hacen de manera selectiva, centrándose principalmente en las secciones de contraindicaciones y efectos secundarios. En el caso de los anticonceptivos de emergencia, el folleto informativo de ellaOne afirma que la paciente “puede tomar el comprimido en cualquier momento del ciclo menstrual”, sin reconocer que la eficacia de la píldora depende de cuándo se administra el medicamento durante el ciclo. Además, descarta las alegaciones de fallo en el caso de mujeres obesas e informa a las pacientes que “se recomienda para todas las mujeres independientemente de su peso o de su IMC”. La misma información se encuentra en los folletos informativos para pacientes de Levonelle. El lema de distribución de los proveedores parece ser “tómalo y espera que todo salga bien”. Esta práctica puede poner en peligro la seguridad reproductiva de las mujeres y sus derechos humanos. No es de extrañar que las empresas farmacéuticas puedan sentirse inclinadas a aprovechar la falta de coherencia en los datos para manipular el lenguaje y asegurar la eficacia de sus productos con el fin de obtener ganancias monetarias.
Estos problemas no se deben ver como argumentos a favor de reducir el acceso a los anticonceptivos de emergencia o eliminar el libre acceso a ellos. Las mujeres necesitan más protección, no menos. Para aprovechar al máximo los avances médicos actuales a fin de garantizar los derechos de las mujeres, los actores interesados, públicos y privados, deben asegurarse de que el libre acceso vaya acompañado de campañas y políticas de información eficaces. Tal como están las cosas, con las políticas actuales, disfrazadas de beneficiosas y liberales, la responsabilidad de informarse recae sobre las mujeres, lo que las deja en riesgo de tener embarazos no planeados si fallan los anticonceptivos. En vista de las tensiones políticas y prohibiciones del aborto recientes, es fundamental asegurar que las políticas sobre anticonceptivos, incluidas las que regulan la educación sexual, los folletos informativos para pacientes y los protocolos farmacéuticos, garanticen el empoderamiento de las mujeres y extremen precauciones al proporcionar acceso a los anticonceptivos de emergencia.