El retroceso democrático y la emergencia climática plantean algunos de los retos más formidables para los derechos humanos. A medida que los líderes autoritarios de todo el mundo tratan de desmantelar las democracias que les llevaron al poder, impulsan reformas legales que debilitan los derechos humanos y persiguen a las organizaciones que los defienden. Mientras tanto, la magnitud y gravedad de los efectos del calentamiento global -desde desplazamientos forzosos masivos hasta el sufrimiento físico y mental de las víctimas de incendios, inundaciones, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos- ya están poniendo en riesgo toda la gama de derechos humanos.
Lo que se ha analizado mucho menos son las conexiones entre la crisis democrática y la crisis climática. Mientras que el retroceso democrático preocupa a los científicos sociales y las organizaciones centradas en la defensa de los derechos civiles y políticos, la crisis climática tiende a ser un asunto del que se ocupan los científicos naturales, los ecologistas y las organizaciones que se concentran en los derechos colectivos. Aislados en sus silos temáticos, analistas y activistas suelen perder de vista la relación entre la salud de la democracia y la salud del planeta.
Esta desconexión es un punto ciego tanto analítico como estratégico. La falta de atención a las interconexiones entre la estabilidad democrática y la estabilidad climática contradice las pruebas cada vez más numerosas de su interrelación. El aumento de las temperaturas está vinculado a la proliferación de conflictos armados, escasez de alimentos y recesiones económicas; estas crisis debilitan los regímenes democráticos y crean condiciones propicias para el avance de movimientos y gobiernos autoritarios. Al mismo tiempo, sin los contrapesos democráticos que obligan a los gobiernos a rendir cuentas y dan voz a los ciudadanos y comunidades más afectados, los sistemas democráticos corren el riesgo de ser capturados por los sectores más influyentes que se oponen a la acción contra el cambio climático, desde los productores de combustibles fósiles hasta los intereses de la agroindustria y la minería que impulsan la deforestación de los bosques tropicales.
Si todo le suena conocido, es porque ya ha ocurrido. En nuestro estudio sobre las políticas y regulaciones medioambientales impulsadas por los autoritarios de todo el mundo elegidos en la última década, hemos encontrado un patrón claro. Independientemente de su orientación política de derechas o de izquierdas, las reformas que persiguen estos legalistas autocráticos suelen tener como objetivo no sólo socavar el Estado de Derecho, sino también diluir las protecciones legales del medio ambiente y de quienes lo defienden.
El guión autoritario antiambiental
Tal vez la ilustración más explícita y grotesca sea el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, donde la antidemocracia y el antiambientalismo fueron una misma cosa. El gobierno de Bolsonaro desplegó abierta y sistemáticamente los tres tipos de medidas que detectamos en nuestro estudio.
En primer lugar, Bolsonaro debilitó metódicamente las instituciones reguladoras del medio ambiente a través de medios que gobiernos similares han utilizado. Subordinó a las autoridades ambientales a otras entidades estatales vinculadas a sectores responsables de la deforestación o contrarios a la transición energética. A continuación, la administración cooptó a estas autoridades diluyendo la participación ciudadana en sus decisiones y nombrando gestores que sabotearon su misión (como hizo el director de la Agencia Nacional para los Pueblos Indígenas, FUNAI). Por último, el Gobierno desfinanció las agencias reguladoras y les ordenó que no ejercieran sus competencias de supervisión, lo que provocó una notoria caída de la vigilancia y las sanciones contra los deforestadores y los mineros ilegales.
En segundo lugar, Bolsonaro utilizó su voz y su gobierno para acosar a los defensores del medio ambiente, a los que estigmatizó con repetidas e infundadas acusaciones de impulsar agendas políticas y económicas extranjeras. El expresidente persiguió con especial saña a los pueblos indígenas, hasta el punto de provocar crisis humanitarias en territorios como la región norte amazónica habitada por el pueblo yanomami.
En tercer lugar, en consonancia con el guión nacionalista de los autócratas electos, Bolsonaro obstruyó las negociaciones internacionales e incumplió los acuerdos existentes sobre cuestiones como el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
En últimas, Bolsonaro es más una exageración que una excepción: las tres tácticas han sido utilizadas por otros gobiernos autoritarios electos, y algunos han ido incluso más lejos. Por ejemplo, Vladimir Putin ha sido un obstáculo formidable para los acuerdos mundiales y la acción contra el cambio climático. En India, el gobierno de Modi ha ido recortando sistemáticamente las leyes y protecciones medioambientales, como las recientes enmiendas a la Ley de Conservación Forestal de 1980. En Filipinas, el gobierno ha recurrido a la táctica de acosar y acusar agresivamente a los defensores del medio ambiente como forma de intimidarlos. Hace una década, el gobierno izquierdista de Rafael Correa persiguió sistemáticamente a los líderes ecologistas e indígenas de Ecuador, a los que apodó la "izquierda infantil" por oponerse a sus proyectos petroleros y mineros.
Del análisis a la acción
Dadas las abundantes pruebas de las conexiones entre las agendas antidemocráticas y antiambientales, llama la atención la escasez de estudios sobre esta cuestión. Esta laguna analítica es patente en la creciente literatura sobre la erosión de la democracia y la tendencia a la autocratización en todo el mundo. De ahí la necesidad de teorizar y explicar los orígenes y la lógica interna del autoritarismo antiambiental, como han empezado a demostrar los autores de estudios de casos nacionales. Un campo especialmente fértil para este tipo de trabajo es la política del cambio climático. Tomemos, por ejemplo, el análisis de Michael Lockwood sobre por qué el populismo autoritario de derechas puede estar vinculado a políticas contrarias al clima. La hipótesis de Lockwood es que el escepticismo sobre el calentamiento global forma parte de una cosmovisión populista de derechas que desconfía de las "élites cosmopolitas" (científicos, tecnócratas, activistas transnacionales y miembros de los principales medios de comunicación) que impulsan la agenda de acción climática. Otras investigaciones de este tipo son necesarias para comprender estas crisis interrelacionadas con mayor claridad y precisión.
La brecha en el debate no es sólo analítica, sino también estratégica. Tomarse en serio la conexión entre democracia y clima significaría dar prioridad a los casos que se encuentran en el cruce de ambos campos.
Por un lado, los activistas deberían defender los mecanismos de participación democrática en los procesos de toma de decisiones sobre cuestiones medioambientales en general y climáticas en particular. Algunos de estos mecanismos, incluidos en tratados como Escazú y Aarhus, facilitan el acceso de los ciudadanos a información relevante como los estudios de impacto ambiental, las opiniones y recomendaciones de los ciudadanos y la protección de los defensores del medio ambiente. Otros buscan profundizar la participación ciudadana en la elaboración de políticas climáticas, como han hecho las asambleas ciudadanas en países como Francia e Irlanda.
Por otro lado, el activismo a favor de la democracia y del clima deberá tender puentes a través de informes, campañas, litigios y otras acciones que presten la misma atención a los derechos medioambientales que a los derechos civiles, políticos y sociales.
El retroceso democrático y la crisis climática son retos interrelacionados, como lo prueban líderes autoritarios que desmantelan los derechos humanos y obstaculizan la acción climática. Es hora de conectar estas cuestiones y abordar la peligrosa sinergia entre las agendas antidemocráticas y antiambientales.