El marco supranacional de derechos humanos no ha sido inmune a los cambios en los procesos judiciales, la formulación de políticas y la labor de defensa y promoción que ha provocado la pandemia de COVID-19. Los mecanismos universales y regionales de derechos humanos han tenido que adaptarse para proteger la salud de sus miembros, personal y participantes y para respetar las cuarentenas locales y las restricciones de viaje internacionales, a la vez que desempeñan sus funciones para orientar a los Estados en sus respuestas a la pandemia. La sociedad civil ha enfrentado esas mismas limitaciones, a veces sumadas a las crisis dentro de sus mismas organizaciones, y en un momento en el que participar en la supervisión en materia de derechos humanos, u obtener información sobre ella, es más complicado y riesgoso que nunca.
Si bien la pandemia podría utilizarse para debilitar aún más a los órganos de derechos humanos o reducir su colaboración con la sociedad civil, algunos de ellos están adoptando nuevas prácticas que prometen un modo de funcionamiento ágil y flexible y un mayor acceso para la sociedad civil. No obstante, las viejas barreras a la información siguen existiendo, y a medida que la supervisión de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil dependen aún más de la tecnología y del acceso fiable a Internet, muchos podrían quedar excluidos.
A partir de mediados de marzo, casi todos los órganos regionales y universales de derechos humanos suspendieron sus siguientes sesiones a causa de la COVID-19; en mayo, muchos comenzaron a realizar o planear sesiones virtuales. El Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU y el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) fueron los primeros órganos que realizaron sesiones virtuales, el mes pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y su Comisión correspondiente (CIDH), la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (AfCHPR, por sus siglas en inglés) y su Comisión correspondiente (ACHPR, por sus siglas en inglés), y los órganos creados en virtud de tratados de la ONU siguieron el ejemplo para sus sesiones, al menos hasta julio. En lo que respecta a los procedimientos especiales de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó una sesión virtual privada.
Sin embargo, “virtual” tiene diferentes significados. Por ejemplo, si bien los órganos creados en virtud de tratados de la ONU anunciaron que trabajarán virtualmente hasta agosto, los que han realizado o planeado sesiones virtuales postergaron los diálogos constructivos con los Estados. La CIDH llevará a cabo reuniones confidenciales y no realizará audiencias para su sesión de julio, pero realizará audiencias virtuales para su sesión de septiembre-octubre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está realizando “audiencias cerradas virtuales”, que se podrán ver en su sitio web. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reanudó en junio su 43.° periodo de sesiones, que se había suspendido, justo antes de su 44.° periodo de sesiones, y la participación será tanto presencial como remota, también para la sociedad civil.
Desde la cancelación de los eventos paralelos y el debate general en la Comisión de la Condición de la Mujer de este año, hasta las numerosas sesiones, audiencias y visitas postergadas, el acceso de los defensores a los espacios de derechos humanos se ha visto afectado.
Otros órganos aún no han anunciado planes de realizar su trabajo en línea. Las sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal se postergaron varios meses. Esto significa que la última sesión del tercer ciclo del EPU se realizará hasta enero de 2022, y varios actores de la sociedad civil han solicitado que se acepten informes complementarios. La Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AICHR, por sus siglas en inglés) y el Comité Árabe de Derechos Humanos aún no anuncian cambios en sus programas, aunque la AICHR tuvo una reunión virtual a principios de este mes.
Los órganos de derechos humanos también extendieron o suspendieron los plazos para las quejas pendientes. Los órganos creados en virtud de tratados de la ONU anunciaron una prórroga para los casos registrados y, a menos que se mencione explícitamente en las páginas web correspondientes, todas las demás entregas de los Estados y la sociedad civil deben continuar según lo programado. El TEDH puso en marcha “medidas excepcionales”, vigentes hasta el 15 de junio, que incluyen suspensiones de límites de tiempo. La AfCHPR también suspendió sus límites de tiempo (con algunas excepciones) al menos hasta el 31 de julio. El CEDS suspendió todos los plazos para las quejas colectivas pendientes hasta el 15 de mayo; señaló que ampliaría este periodo si las medidas de confinamiento seguían vigentes después del 30 de abril, pero todavía no anuncia una prórroga. Del mismo modo, la CIDH suspendió los plazos para las peticiones, casos y soluciones amistosas (con algunas excepciones) hasta el 21 de mayo; tampoco ha anunciado una prórroga. La Corte IDH es el único órgano que ha reanudado expresamente la contabilización del cómputo de todos sus plazos, los cuales se habían aplazado del 17 de marzo al 20 de mayo. Hasta la fecha, la ACHPR no ha anunciado alguna suspensión de plazos para las comunicaciones pendientes.
La mayoría de las localidades (Ginebra, Washington, DC) o países (Costa Rica, Francia, Gambia [véase también aquí] Suiza, Tanzania, los Estados Unidos) en donde se encuentran las oficinas centrales impusieron medidas de cuarentena o restricciones de viaje. Dadas las realidades de la pandemia y los esfuerzos de mitigación de los Estados, no es realista esperar que los mecanismos mantengan el mismo nivel de productividad y resultados que antes. Por otra parte, los viajes internacionales han sido un componente esencial de la supervisión en materia de derechos humanos desde hace tiempo, ya sea para reunir expertos en las sesiones o para realizar visitas a los países. Muchos órganos de derechos humanos también dependen fuertemente de generaciones de pasantes y becarios extranjeros.
Si los defensores pueden participar de forma regular, confiable y significativa en las audiencias y reuniones a distancia, la participación de organizaciones más pequeñas y lejanas se volvería mucho más viable.
Sin embargo, pocos órganos han informado con precisión cómo se están adaptando internamente en el manejo de sus operaciones cotidianas, viajes internacionales o contratación. La CIDH anunció que su personal trabajaría de manera remota, y el TEDH también implementó el teletrabajo. La Corte IDH anunció desde hace tiempo la cancelación de su programa de pasantías de verano. Los procedimientos especiales de la ONU postergaron las visitas a los países programadas hasta finales de julio y la CIDH canceló todas las visitas de trabajo y actividades promocionales de 2020, con la expectativa manifiesta de que se volverán a programar cuando sea viable. Sin embargo, sigue siendo un misterio para el público hasta qué punto se redujo o alteró el funcionamiento actual de cada órgano.
Si bien algunos órganos ya estaban preparados para permitir el acceso remoto del personal al correo electrónico y a los sistemas de gestión de casos y documentos, y para comunicarse (únicamente) por vía electrónica con las partes, no todos están en la misma situación. Por ejemplo, aunque la CIDH sigue aceptando peticiones, solicitudes de audiencia y presentaciones mediante su sitio web, el TEDH indica a los solicitantes que presenten las quejas por correo postal. De cualquier modo, todos los secretariados procesan el correo postal y las llamadas telefónicas de las partes, los defensores y las víctimas. El gran desafío consistirá en que puedan compartir internamente los documentos con confidencialidad y mantenerse al día con la correspondencia externa.
Pese a lo poco que sabemos sobre los ajustes internos, es evidente lo que está en juego para la sociedad civil. Desde la cancelación de los eventos paralelos y el debate general en la Comisión de la Condición de la Mujer de este año, hasta las numerosas sesiones, audiencias y visitas postergadas, el acceso de los defensores a los espacios de derechos humanos se ha visto afectado. Las maneras en que los mecanismos planearon y comunicaron (o no) cualquier cambio en sus procedimientos o programas ponen de relieve los persistentes problemas del acceso irregular a la información y los obstáculos a la participación. E, inevitablemente, cualquier reducción de la capacidad de los órganos de derechos humanos afectará a los defensores.
Por otra parte, al extender los plazos y permitir la participación virtual, los órganos de derechos humanos también han tomado medidas muy esperadas para ampliar el acceso de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado esta clase de adaptaciones, junto con otras recomendaciones. Por ejemplo, si los defensores pueden participar de forma regular, confiable y significativa en las audiencias y reuniones a distancia, la participación de organizaciones más pequeñas y lejanas se volvería mucho más viable. Si esas audiencias y reuniones se graban y se publican en línea (en los casos en los que eso aún no sucede), se preservaría todo un mundo de conocimientos a disposición de todas las personas.
Si bien implica retos, la COVID-19 ofrece la oportunidad de hacer que la supervisión de los derechos humanos sea más inclusiva y accesible en el futuro. Para lograrlo, los órganos de derechos humanos deben priorizar la transparencia y tratar de forma integral las cuestiones relativas a la traducción, la seguridad y la privacidad, mientras siguen modificando sus métodos de trabajo. Por supuesto, también necesitarán asegurarse de que realizar sus actividades en línea no excluya a las personas sin acceso a Internet. Empleando una combinación de métodos nuevos y antiguos, los mecanismos de derechos humanos podrían salir de la pandemia con un mayor grado de sensibilidad y pertinencia para las personas a las que se esfuerzan por proteger.