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Un representante de Keep Brayann Free Coalition —un colectivo que trabaja para proteger a un hombre inmunocomprometido de la detención— entrega una petición a un centro de ICE en Tuscon, Arizona. EFE / María León
La COVID-19 ha causado sufrimientos y trastornos extremos en todo el mundo, y las comunidades marginadas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia. En los Estados Unidos, miles de inmigrantes y solicitantes de asilo están encerrados en centros de detención abarrotados, donde no pueden distanciarse físicamente ni seguir las directrices de saneamiento. Hasta el 4 de junio, se habían confirmado 1595 casos de COVID-19 entre las personas que están en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y se han realizado pruebas a menos del 10 % de los detenidos. El 6 de mayo se registró la primera muerte por COVID-19 de una persona detenida por el ICE.. Más allá de la detención, muchos inmigrantes son trabajadores esenciales sin protecciones de salud y laborales suficientes y están siendo excluidos de los paquetes de ayuda federal para la COVID-19, por lo que ellos y sus familias corren un grave riesgo.
Sin embargo, en medio de este devastador desafío para los derechos humanos, las organizaciones de base siguen innovando y atendiendo las necesidades de las comunidades de inmigrantes. Para este trabajo, es esencial el empoderamiento jurídico, una metodología basada en los derechos que centra a las personas en su propia lucha por la justicia y crea oportunidades para que conozcan, utilicen y configuren las leyes que afectan sus vidas.
Es hora de que la comunidad jurídica más amplia aprenda de quienes trabajan en primera línea y cree espacios para que las personas directamente afectadas asuman el liderazgo.
Hace poco, el Instituto Bernstein de Derechos Humanos y la Clínica de Justicia Global de la Facultad de Derecho de NYU lanzaron JusticePower, un proyecto de colaboración que destaca las estrategias de empoderamiento jurídico que utilizan las organizaciones de derechos de los inmigrantes para promover la justicia y generar poder. Desde que comenzó la epidemia de COVID-19, hemos visto que estas estrategias se mantienen estables en medio de la incertidumbre y el conflicto crecientes: desde las campañas comunitarias por la liberación (#FreeThemAll) y las herramientas y recursos pro se (de representación por sí mismos) para los miles de inmigrantes que lidian con el sistema sin un abogado, hasta el uso de la tecnología para crear clínicas jurídicas flexibles y capacitaciones para llegar a las personas en donde estén. Es hora de que la comunidad jurídica más amplia aprenda de quienes trabajan en primera línea y cree espacios para que las personas directamente afectadas asuman el liderazgo.
Tenemos que liberar a todos (#FreeThemAll)
Una coalición de organizaciones que trabajan en temas de reforma del sistema de justicia penal y derechos de los inmigrantes han utilizado la etiqueta #FreeThemAll (Liberen a todos) para exigir la liberación de las personas encarceladas que viven en condiciones inhumanas en los centros de detención estadounidenses. A través de campañas comunitarias, las organizaciones de JusticePower, como New Sanctuary Coalition, Grassroots Leadership, Innovation Law Lab y Organized Communities Against Deportation (OCAD), encabezan los esfuerzos para liberar a las personas de las condiciones mortales que enfrentan en la detención migratoria.
Los inmigrantes y sus comunidades han denunciado el uso de la detención como una forma de desalentar la migración durante años, pero los enormes riesgos que implica la pandemia han dado a los defensores un nuevo punto de contacto en la conciencia social colectiva. Con el aumento de la atención de los medios de comunicación y las políticas en la COVID-19, los activistas están utilizando esta plataforma para destacar las injusticias diarias que enfrentan los inmigrantes desde hace años —hacinamiento en las instalaciones y un acceso deficiente a la atención médica— como justificación para liberar a todas las personas detenidas. #FreeThemAll es una campaña impulsada por las comunidades que se basa en primer lugar en la premisa moral de que toda detención de inmigrantes es injusta, una proposición respaldada por el derecho de los derechos humanos durante la crisis actual. Grassroots Leadership está utilizando la pandemia para amplificar su llamado a la liberación de las personas detenidas en el centro de detención T. Don Hutto en Taylor, Texas, como parte de una campaña prolongada para cerrar de forma permanente dicho centro.
OCAD ayudó a uno de sus miembros, Francisco Silva, a obtener su liberación del centro de detención de ICE debido a la pandemia y sigue instando al fiscal a que cierre administrativamente el caso de Francisco. Innovation Law Lab se organizó con las comunidades de El Paso para exigir la liberación de las personas detenidas en el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso después de que, a partir del 16 de abril, las personas en el centro comenzaron a dar positivo en las pruebas de COVID-19. Estos esfuerzos de las comunidades y las organizaciones ya llevaron a la liberación de algunos inmigrantes. Pero debido a la pandemia, cada vez es más urgente liberar a todos (#FreeThemAll).
Innovación tecnológica para salvar la distancia física
New Sanctuary Coalition (NSC) dirige una clínica jurídica semanal pro se que apoya a los inmigrantes mientras luchan por el derecho a permanecer en los Estados Unidos. NSC se refiere a quienes buscan servicios de inmigración como “Amigos”, en lugar de “clientes”. La clínica reúne a cientos de estos Amigos con personal voluntario para discutir casos y compartir recursos y materiales. Sin embargo, con el distanciamiento físico, es imposible realizar las sesiones presenciales nocturnas de la clínica por el momento. Al darse cuenta de que sus Amigos aún necesitaban apoyo, NSC comenzó a dar toda su asistencia jurídica pro se de manera remota. Además, la organización trasladó rápidamente sus reuniones comunitarias presenciales de cada semana a un espacio en línea, para garantizar que los Amigos aún contaran con maneras de estar en contacto y desarrollar solidaridad entre ellos. Al utilizar la tecnología como una manera de salvar las distancias, NSC sigue proporcionando a los Amigos las herramientas necesarias para luchar por su derecho a permanecer en el país.
La realidad en los Estados Unidos es que la mayoría de los inmigrantes luchan por sus derechos sin acceso a asesoramiento o apoyo jurídico.
Antes de la COVID-19, Organized Communities Against Deportation (OCAD) realizaba asambleas presenciales quincenales. Las asambleas ofrecen un espacio para que las personas afectadas por la deportación hablen sobre las injusticias presentes en el sistema de inmigración y justicia penal y se organicen para el cambio. Dado que este trabajo no ha dejado de ser necesario, OCAD llevó las asambleas a una plataforma digital. La transición conlleva una curva de aprendizaje, pero la colaboración con la comunidad sigue siendo la principal prioridad de OCAD en este periodo.
Apoyo a los inmigrantes para que defiendan sus casos por sí mismos
De todos los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión, el 63 % se representan a sí mismos; esta cifra aumenta al 86 % para los inmigrantes detenidos. La realidad en los Estados Unidos es que la mayoría de los inmigrantes luchan por sus derechos sin acceso a asesoramiento o apoyo jurídico. Lo que se necesita son recursos y oportunidades que ayuden a los inmigrantes y a sus familias a lidiar con el sistema y luchar por su derecho a permanecer en el país.
Un ejemplo de esto son las guías de herramientas jurídicas desarrolladas por Innovation Law Lab, en colaboración con el Southern Poverty Law Center (SPLC) y Freedom for Immigrants. Estas guías explican cómo preparar solicitudes pro se de libertad condicional humanitaria en respuesta a la epidemia de COVID-19 y fueron creadas tanto para los inmigrantes en detención como para sus amigos y familiares en el exterior. Las guías describen en términos sencillos los argumentos centrales de una solicitud de libertad condicional y ofrecen ejemplos de formularios y cartas que podrían incluirse en una solicitud pro se. Los materiales como este acercan la ley a las personas y les permiten conocerla y utilizarla mejor para proteger sus propios derechos y vivir con dignidad.
Diseñar programas y recursos de justicia centrados en la comunidad, que sean accesibles y tengan fundamentos jurídicos sólidos, no es tarea fácil; hay que aplaudir a las organizaciones de JusticePower por su resiliencia e innovación. La reglamentación del ejercicio jurídico, en particular las normas sobre el ejercicio no autorizado del derecho (UPL, por sus siglas en inglés), hacen que este tipo de trabajo sea especialmente complicado. Debido a las normas existentes, es difícil que incluso los amigos y familiares puedan orientar a un ser querido con base en sus experiencias con un caso o asunto similar. Una evaluación integral de programas piloto en Nueva York demostró que cuando los litigantes sin representación legal contaron con la ayuda de asesores en los tribunales (Court Navigators) que no eran abogados, obtuvieron resultados jurídicos y prácticos positivos. La comunidad jurídica debe seguir analizando esta evidencia; en los tribunales de inmigración y en todos los demás tribunales que permiten que los litigantes se representen a sí mismos. Ha llegado el momento de reformar las normas del UPL e identificar maneras de que los abogados sean mejores aliados para las comunidades directamente afectadas y su trabajo por la justicia.
La labor de defensa y promoción dirigida por las comunidades sigue siendo tan resiliente como las comunidades mismas. La comunidad jurídica tiene que reinventar el papel que le corresponde y abrir espacios para las iniciativas de justicia a nivel de base. Es lo mínimo que se necesita en la lucha para salvar vidas durante la epidemia de COVID-19, y más allá.