Photo: European Parliament/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
Durante ocho años, la población siria ha lidiado con la pérdida y el despojo. Para muchos, los relatos de esperanza y resistencia pacífica de la Primavera Árabe cedieron el paso trágicamente a la pobreza y la lucha por la supervivencia. Alrededor de 3.5 millones de personas viven en la vecina Turquía; 650,000 de ellas obtienen sus medios de vida y subsistencia a través de la confección de ropa para marcas internacionales.
Pero al concentrarse en una industria plagada de abusos, cuentan con opciones limitadas y son vulnerables a la explotación.
La Unión Europea, que llegó a un controvertido acuerdo migratorio con Turquía en 2017, ha reiterado sus compromisos de proteger a los sirios en Turquía. Sin embargo, en el caso de los trabajadores sirios en la industria de la confección, esto no podrá suceder sin que se aborden las causas fundamentales que impulsan los abusos, y la manera en que las marcas de moda europeas contribuyen a que estos trabajadores estén en peligro.
La industria de la moda rápida en Turquía: un sector que prospera a costa del trabajo digno
La industria de la confección en Turquía está experimentando un auge sin precedentes. Gracias a su capacidad de elaborar productos de gran calidad rápidamente, Turquía se ha convertido en el tercer mayor proveedor de ropa a la UE, con exportaciones por un valor de 12 mil millones de dólares estadounidenses al año. El auge de las marcas en línea y su énfasis en la velocidad de salida al mercado, con plazos de entrega tan rápidos como de cuatro semanas, no han hecho más que impulsar el crecimiento acelerado de este sector.
Pero en un país como Turquía, que tiene una legislación laboral endeble, la producción rápida prospera gracias a los ágiles dedos de los trabajadores (en su mayoría mujeres) y a la restricción de sus derechos. La evidencia del uso de trabajo infantil en las cadenas de suministro de Turquía y las alarmantes peticiones de ayuda de los trabajadores, que en una campaña reciente llegaron hasta las tiendas europeas, son solo síntomas de un problema más profundo.
El problema se debe a que las marcas anteponen las ganancias a las personas, y transfieren su responsabilidad a los subcontratistas en Turquía, lo que lleva que los proveedores compitan para alcanzar los niveles más bajos en cuanto a los salarios y las condiciones laborales. Debido a este recurso a la subcontratación para satisfacer la creciente demanda de moda rápida, las cadenas de suministro se vuelven cada vez más complejas. La mayoría de los refugiados sirios trabajan para subcontratistas no autorizados y están expuestos a condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, directivos explotadores y actos de violencia impulsados por el sexismo y el racismo. Dado que muchos realizan labores de confección desde el hogar, los riesgos se vuelven todavía más difíciles de evaluar y las voces de los trabajadores se aíslan y silencian más.
Los precios baratos y el desequilibrio en las dinámicas de poder en las cadenas de suministro
Durante los últimos tres años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha analizado las prácticas comerciales en las cadenas de suministro de prendas de vestir en Turquía. Nuestra investigación más reciente concluyó que, a pesar de que algunas marcas de moda realizan esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo, su búsqueda constante de precios baratos y su poder sobre los proveedores durante la negociación de precios y pedidos favorecen los abusos contra los trabajadores en sus cadenas de suministro.
Nuestras entrevistas en profundidad con cinco proveedores turcos de marcas europeas revelan que los acuerdos a corto plazo con los proveedores crean empleos precarizados y un exceso de horas extra, mientras que la demanda de precios baratos provoca una reducción de los salarios de los trabajadores. Los proveedores relataron haber tenido que aceptar plazos imposibles para conseguir los pedidos, y después tener que subcontratar el trabajo con fábricas más pequeñas, exigir un número excesivo de horas extras y emplear a muchos trabajadores ocasionales por periodos cortos.
Debido a estos tiempos de entrega poco realistas, los proveedores terminan utilizando subcontratistas sin escrúpulos que imponen la carga de la demanda a sus trabajadores. Además, penalizar a los proveedores por los retrasos es práctica común de las empresas, incluso cuando esos retrasos se deben a expectativas de producción acelerada que no son realistas.
Más allá de la auditoría social y las iniciativas de múltiples interesados
En este contexto, las medidas flexibles para proteger a los trabajadores no son adecuadas. La auditoría social suele excluir a los productores de segundo y tercer nivel, así que no se evalúa su apego a los estándares de derechos humanos de las marcas. Si bien la participación de las marcas en iniciativas de múltiples interesados, como la Plataforma ETI de Turquía, ha logrado aumentar la conciencia sobre los derechos de los trabajadores, no hay una solución técnica para los horarios de trabajo prolongados y los salarios precarios de los trabajadores que se dedican a la confección en las cadenas de suministro.
En cambio, las marcas de ropa deben elevar las condiciones mínimas de los trabajadores, comprometiéndose a compensar los aumentos en los salarios mínimos y participando en discusiones más amplias sobre cómo colocar el concepto de un “salario digno” en el núcleo de sus modelos de negocio. En última instancia, es preciso que las marcas reformen con urgencia sus propias prácticas abusivas de compra, que son los factores impulsores de la explotación y socavan cualquier esfuerzo que hagan para garantizar el respeto de los derechos en sus cadenas de suministro. También es necesario ir más allá de confiar en la adopción voluntaria de buenas prácticas por parte de las empresas y trabajar para establecer normas vinculantes que responsabilicen a las empresas.
Para que la UE cumpla su compromiso de proteger a los sirios en Turquía, debe aprovechar el impulso hacia una diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos, a fin de que las empresas estén legalmente obligadas a identificar y prevenir las violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro. Esta clase de legislación ya se introdujo en Francia, con la Ley del Deber de Vigilancia de 2017, la cual exige que las empresas generen un “plan de vigilancia” para evitar los abusos en sus cadenas de suministro y permite que las víctimas busquen justicia en caso de incumplimiento.
En los Países Bajos, Finlandia, Suiza y Alemania se están apoyando iniciativas similares para lograr una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas, lo que aumenta las posibilidades de que las marcas europeas de ropa asuman la responsabilidad directa de las violaciones que se cometen en otros países.
Además de contar con una legislación sólida en materia de derechos humanos, los trabajadores (en particular las mujeres) deben tener voz a través de los sindicatos y los grupos de solidaridad regionales, de modo que puedan negociar colectivamente para obtener mejores condiciones. Las marcas deben apoyar activamente la representación de los trabajadores y desarrollar modelos de costos que proporcionen un salario mínimo vital a sus trabajadores. Mientras las marcas no asuman la responsabilidad de las repercusiones de sus prácticas de compra injustas para los derechos laborales y humanos, los refugiados sirios y los trabajadores de la industria de la confección en todo el mundo seguirán pagando el precio.