Por fin, el mundo es plenamente consciente de los desastrosos efectos de la crisis climática y del daño que está causando a los niños. Sin embargo, esta concienciación no se está traduciendo en políticas eficaces para hacer frente al cambio climático. Lamentablemente, no es la primera vez que los conocimientos científicos no se traducen en medidas para proteger los derechos de los niños.
La larga lucha para proteger a los niños del trabajo nocivo y explotador es un ejemplo de cómo los responsables políticos internacionales determinaron una edad mínima universal a la que los niños podían trabajar basándose en la política y no en pruebas científicas. Este enfoque nocivo lleva más de cinco décadas fijado por ley, y las esperanzas de revocarlo aún están muy lejos.
Existe un peligro paralelo con las políticas climáticas internacionales. Si los negociadores internacionales sobre el clima, los defensores de los derechos humanos y los tribunales permiten que 1,5 °C siga siendo la norma jurídica sustitutiva -en lugar de utilizar parámetros basados en datos para determinar las obligaciones de los Estados-, el daño para los niños y las generaciones futuras será grave e irreversible. No se trata simplemente de un debate académico: al igual que las vidas de muchos niños se han visto alteradas y perjudicadas por las políticas mundiales de trabajo infantil, las actuales estrategias climáticas provocarán daños a miles de millones de niños en todo el mundo.
Un cuento con moraleja
Prohibir trabajar a los niños por debajo de una edad mínima legal estipulada es la base de las políticas que rigen el trabajo infantil a escala internacional y en la mayoría de los países. El requisito de la edad mínima tiene su origen en el Convenio sobre la edad mínima nº 138 de 1973 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se concibió como modelo de legislación para todas las leyes nacionales sobre trabajo infantil. En particular, sigue siendo la base de las políticas y programas de la OIT y sustenta gran parte de la legislación nacional e internacional. Mantener a los niños fuera de la población activa hasta una edad mínima aprobada, que suele fijarse en torno a la adolescencia media, tiene su origen en los intentos de reducir el trabajo infantil en las fábricas de tejidos de la Gran Bretaña de principios del siglo XIX. Este modelo se extendió rápidamente por Europa, el mundo colonial y más allá.
Aunque la intención declarada de la política de edad mínima es la protección de los niños, esta política no se basaba en pruebas sobre lo que es perjudicial para los niños y su desarrollo. La OIT es una organización laboral que responde ante gobiernos, empresarios y sindicatos, todos los cuales tienen voz en sus políticas; de ahí que se centre en el empleo y no en los posibles daños. La decisión de aprobar el Convenio nº 138 de la OIT se tomó a pesar de las advertencias de muchos expertos, tanto del Norte Global como del Sur Global, sobre cómo podría afectar negativamente a los niños. Un motivo importante en los países industrializados para excluir a los niños del trabajo era proteger a los trabajadores adultos de la competencia de salarios más bajos y mantener los costes de producción en los países más pobres lo suficientemente altos como para atemperar la competencia con las industrias de los países ricos; estos motivos políticos siguen siendo evidentes hoy en día. La OIT ha ignorado en gran medida los puntos de vista de los jóvenes que se ven afectados por sus políticas y que son ampliamente conscientes del daño presente y futuro de estas políticas en sus vidas.
No existen pruebas convincentes de que las normas legales sobre la edad mínima protejan eficazmente a los niños y, en casi dos siglos, nunca se ha probado sistemáticamente su eficacia. Sin embargo, existe un amplio corpus de investigaciones realizadas por historiadores, economistas y científicos sociales sobre lo que les ocurre a los niños en situaciones específicas, que cuestionan seriamente la afirmación de la OIT y sus aliados de que su Convenio sobre la edad mínima protege a los niños. En una revisión exhaustiva de esta investigación hasta 2010, descubrimos que mientras que en algunos casos -especialmente en los extremadamente abusivos- la política ha protegido con éxito a los niños del trabajo perjudicial, en muchos otros casos, la política ha perjudicado a aquellos a los que pretendía proteger.
El trabajo puede tener efectos tanto beneficiosos como perjudiciales para los niños, dependiendo de factores como la naturaleza y el horario del trabajo, el estado y la situación de los niños afectados y las relaciones que rodean al trabajo, factores que no abordan las prohibiciones centradas en la edad. Sin embargo, numerosos estudios de casos demuestran que una prohibición del trabajo puede perjudicar la vida inmediata de los niños y su desarrollo a largo plazo. Cuando se impide trabajar a los niños de comunidades desfavorecidas, ellos y sus familias suelen perder medios de subsistencia y, a veces, de educación. Apartar a los niños del empleo formal a veces les empuja a formas de trabajo más peligrosas y explotadoras. La prohibición del trabajo también puede alterar la vida social en la que las familias aprenden y comparten responsabilidades entre sí: puede obstaculizar el aprendizaje de habilidades de las que depende el sustento familiar y destruir el respeto que los niños se ganan por contribuir a sus comunidades. Las campañas contra el trabajo infantil suelen denigrar a los niños que se enorgullecen de su trabajo.
Investigaciones recientes indican que los intereses y perspectivas de los jóvenes trabajadores siguen estando subordinados a los intereses políticos de los adultos. Entre las fuentes independientes ha aumentado la demanda de normas diferentes y mejores que protejan y promuevan los intereses de los niños que trabajan. A pesar de los continuos llamamientos a la acción, la OIT sigue oponiéndose a esta demanda, y UNICEF y otras agencias han apoyado su postura. Estas agencias intentan mantener una ilusión de superioridad moral, afirmando que defienden los derechos de los niños mientras ignoran las pruebas del daño.
La historia se repite
Esta historia ilustra cómo un acuerdo político, más que científico, sobre una edad mínima internacional se convirtió -y sigue siendo- la norma ampliamente aceptada. Recuerda inquietantemente a cómo los objetivos de temperatura establecidos en el Acuerdo de París -de 1,5 °C a 2,0 °C- se convirtieron en el santo grial de la política climática internacional.
Al igual que la política de la OIT se originó en el Reino Unido y se extendió rápidamente por el mundo colonial, Alemania y los Países Bajos son los principales responsables del lanzamiento de la campaña a favor de los 2,0 °C, que los principales Estados emisores adoptaron rápidamente. La OIT responde ante los gobiernos, las empresas y los sindicatos; los negociadores del clima están en deuda con los gobiernos coloniales y la industria de los combustibles fósiles, cuya principal preocupación no es proteger los derechos climáticos, sino maximizar los fondos de las campañas y los resultados de las empresas. Y, al igual que se adoptó el requisito de la edad mínima a pesar de las claras advertencias basadas en la ciencia, lo mismo ocurrió con 1,5°C-2,0°C.
La Conferencia de las Partes (COP), las corporaciones e incluso los departamentos federales de justicia también han emulado e intensificado las tácticas de resistencia de la OIT. La generación en el poder afirma repetida y definitivamente que el cambio climático perjudica gravemente a los más jóvenes de entre nosotros y que es el problema definitorio de nuestro tiempo. Sin embargo, siguen dando prioridad al desarrollo de los combustibles fósiles mientras desestiman -e incluso silencian- los llamamientos de los jóvenes defensores del clima para que pongan en marcha medidas urgentes que salven vidas.
"[Los jóvenes] demandantes sufrirán lesiones cada vez más graves e irreversibles si no se adoptan medidas basadas en la ciencia para hacer frente al cambio climático". - Juez Kathy Seely, Held contra Montana, 13 de agosto de 2023 Crédito de la imagen: Robin Loznak
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Y lo que es más importante, tanto los objetivos de temperatura de París como la política de edad mínima de la OIT perjudican inmediatamente innumerables derechos de los niños, lo que provoca lesiones que pueden durar toda la vida. Innumerables estudios científicos concluyen que 1,5°C es categóricamente peligroso, especialmente para los niños, y que, en su lugar, la humanidad debe aspirar a restablecer el nivel de CO2 en la atmósfera a la zona segura de 350 ppm o menos. De hecho, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha llegado a la conclusión de que "un calentamiento de 1,5ºC no se considera 'seguro' para la mayoría de las naciones, comunidades, ecosistemas y sectores, y plantea riesgos significativos para los sistemas naturales y humanos en comparación con el calentamiento actual de 1ºC". Ignorar las pruebas científicas deja a los negociadores sobre el clima en una lucha familiar con la de la OIT y sus aliados: intentar mantener la ilusión de su superioridad moral y afirmar que defienden los derechos de los niños mientras ignoran las pruebas del daño que sufren.