En 1987, el estado de Texas condenó a Steven Mark Chaney por un asesinato que no cometió. Chaney fue condenado en gran medida basándose en pruebas de “marcas de mordeduras”. Más de 25 años después, Texas aprobó una “ley de ciencia basura”, que permitía a personas como Chaney buscar la liberación si sus condenas se basaban en ciencia cuestionable. Chris Fabricant, abogado del Proyecto Inocencia, se propuso exonerar a quienes perdieron su libertad debido a evidencia pseudocientífica y erradicar los análisis forenses defectuosos de los casos penales. Más de tres décadas después de su encarcelamiento, la Corte de Apelaciones Penales de Texas declaró inocente a Chaney. Así como los abogados defensores penales trabajan para eliminar evidencia científica cuestionable en casos donde las libertades fundamentales están en juego, también deberían hacerlo los litigantes climáticos.
La “ciencia” cuestionable ha contaminado durante mucho tiempo los procesos legales y dañado gravemente a inocentes, a veces porque refleja un estado de comprensión científica bien intencionado pero inexacto y a veces porque han intervenido las ganancias y la política. La crisis climática es el objetivo más reciente (y posiblemente el más importante) de las guerras científicas. No son sólo los negacionistas del clima los que ofrecen información errónea; son los líderes mundiales, los medios de comunicación, las Naciones Unidas y, a veces, incluso los abogados de derechos humanos. Preguntamos: "¿Tienen los abogados la obligación de presentar la mejor evidencia científica disponible ante los tribunales en casos climáticos?" La respuesta es inequívocamente sí.
Un gráfico publicado por la CMNUCC implica que la humanidad estará a salvo con un calentamiento de 1,5°C por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, hoy en día (entre 1,1°C y 1,3°C), los fenómenos extremos provocados por el clima ya devastan vidas en todo el mundo.
El conflicto
En 2011, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático reconoció la importancia de basar la acción climática en el “mejor conocimiento científico disponible”. El Acuerdo de París y el Pacto Climático de Glasgow se hacen eco de este llamado. Sin embargo, demasiados líderes mundiales siguen comprometidos a mantener el calentamiento dentro de los objetivos políticos (no científicos) de 1,5°C a 2,0°C por encima de los niveles preindustriales. Según los científicos que trabajan con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (una organización híbrida que abarca el debate sobre ciencia climática y política climática), el objetivo de 2°C es un “compromiso entre lo que se considera posible” y lo que se considera “deseable”, en lugar de un “'límite planetario' que. . . separa un mundo “seguro” de un mundo “peligroso”. Los científicos y académicos subrayan que un umbral de 1,5°C es más político que pragmático y que alcanzar esa marca sería catastrófico. Otros advierten que 1,5°C nos impulsa hacia “puntos de inflexión climática” donde el cambio es irreversible. A pesar de estas advertencias, respaldadas por décadas de evidencia, los abogados continúan afirmando erróneamente ante los tribunales que 1,5°C protegerá el bienestar humano y, por tanto, los derechos humanos. Dadas las nefastas implicaciones de confiar en objetivos erróneos en el contexto climático, es crucial que los abogados reconsideren el llamado a incorporar 1,5°C en la jurisprudencia. A continuación, analizamos brevemente los desafíos para garantizar que la mejor ciencia llegue a los tribunales y luego lo que obliga a los abogados a garantizar que así sea.
Presunción de admisibilidad
Los estándares probatorios están diseñados para garantizar la calidad general de la información presentada en los procesos legales. Algunas de estas normas tienen como objetivo establecer quién puede actuar como perito judicial cuando los jueces no pueden formarse una opinión por sí solos porque se necesita conocimiento especializado. Como explicó un juez, “[E]l papel del perito no es simplemente llegar a una conclusión sino exponer criterios que permitan evaluar esa conclusión”, lo que faculta al juez para hacer justicia.
Una laguna notable en la ley es que pocos tribunales (si es que hay alguno) definen y establecen criterios concretos para la "mejor evidencia científica disponible". Además, las normas internacionales de admisibilidad suelen incluir una presunción de admisibilidad. En consecuencia, los abogados pueden (y lo hacen) clasificar fácilmente cualquier cosa que se parezca a la ciencia climática como la "mejor ciencia disponible". Permitir que un amplio espectro de información científica sea la “mejor” deja un margen significativo para admitir información de mala calidad y con motivaciones políticas en los procesos judiciales. El riesgo es especialmente alto cuando están en juego retórica divisiva o consideraciones financieras importantes, como suele ser el caso de los litigios climáticos.
Ante este riesgo, recurrimos a la función de control que proporcionan los criterios articulados por los tribunales, la ética jurídica y el derecho a la ciencia.
Estándares de evidencia
Si bien los tribunales no han definido la “mejor ciencia disponible”, sí han establecido principios para el testimonio de expertos. En 1975, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Regla Federal 702 para guiar la admisibilidad de la prueba pericial en los tribunales federales. En 1994, la Corte Suprema de Estados Unidos interpretó esta regla en Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, creando el “Estándar Daubert”. Hoy en día, las jurisdicciones de todo el mundo siguen una forma de Daubert, según la cual el juez evalúa si la evidencia se basa en un razonamiento científicamente válido y si se ha aplicado adecuadamente a los hechos en cuestión. Si la respuesta es negativa, se excluye el testimonio.
Daubert incluye cinco factores no exclusivos y no vinculantes para que los jueces los consideren: 1) si la técnica o teoría puede ser o ha sido probada; 2) si ha sido sometido a revisión por pares y publicación; 3) la tasa de error conocida o potencial; 4) la existencia y mantenimiento de normas que controlen su funcionamiento; y 5) si ha atraído una aceptación generalizada dentro de una comunidad científica relevante.
Estos factores están destinados no sólo a operar como control de calidad, sino también a alinearse con los criterios que a menudo se utilizan para definir la mejor ciencia disponible: la información más actualizada que 1) se deriva de prácticas, metodologías y estándares científicos reconocidos internacionalmente; 2) maximiza la calidad y la objetividad; 3) se difunde y publica públicamente mediante un proceso de revisión por pares; 4) comunica claramente los riesgos e incertidumbres; y 5) refleja un consenso (cuando existe consenso) o al menos se basa en estudios de buena fe revisados por pares de múltiples grupos de investigación.
Aunque los tribunales no exigen que la evidencia científica cumpla con estos criterios, sostenemos que los profesionales de los derechos humanos están éticamente obligados a garantizar la calidad de la evidencia que presentan.
Guías éticas
Los sistemas legales en todas partes poseen estándares éticos para los abogados. En Estados Unidos, los abogados tienen un “deber de franqueza” hacia los tribunales, que incluye abstenerse de ofrecer pruebas “que el abogado sabe que son falsas”. Si un abogado ofrece pruebas falsas, debe tomar “medidas correctivas razonables” para revelar el error o retirar las pruebas. Los abogados también están obligados a promover la confianza en el estado de derecho y los sistemas legales. Garantizar que sólo se presente ciencia de calidad ante los tribunales es una forma importante de cumplir ese deber.
En Europa y América Latina, los abogados tienen prohibido dar a sabiendas información falsa o engañosa a los tribunales. De manera similar, el código de ética de la Asociación Internacional de Abogados exige que “los abogados nunca darán intencionadamente al tribunal información incorrecta”.
Los abogados pueden argumentar que no están proporcionando los objetivos climáticos engañosos citados por los peritos que despliegan o los representantes políticos que negociaron el Acuerdo de París. Sin embargo, los abogados tienen el deber de abstenerse de presentar evidencia científica comprometida, obsoleta o peligrosa de cualquier otro modo.
El derecho humano a la (buena) ciencia
Finalmente, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho humano a la ciencia. Según organizaciones como la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia y su Centro para la Responsabilidad y la Justicia, los estados deben reconocer el derecho de todos a “disfrutar de los beneficios del progreso científico”. Podría decirse que emplear cualquier cosa que no sea la mejor ciencia disponible priva a las personas de este derecho.
Preservando la justicia
Así como pruebas erróneas despojaron a Steven Chancy de su derecho fundamental a la libertad durante más de 30 años, alcanzar y mantener una temperatura de 1,5°C privará de manera similar a miles de millones de sus derechos humanos más básicos. Quizás hubo un momento en que la comunidad jurídica pudo decir de manera plausible: "No lo sabíamos". Ese ya no es el caso. La ciencia es clara: 1,5°C no sólo es incorrecto sino también peligroso. Nuestro objetivo debe ser eliminar este objetivo inseguro de los fundamentos probatorios de los casos climáticos en todas partes. De lo contrario, se erosionaría la confianza tanto en la ciencia como en el derecho, se socavaría la justicia y se pondría en mayor peligro a la humanidad.
Nuestro agradecimiento a Anthony Ghaly, Maggie Andresen y a los editores de este ensayo por su ayuda.