Menores migrantes se divierten en el albergue "Casa del Peregrino" el 17 de diciembre de 2021 en Ciudad de México (México). Es la primera vez que muchos sonríen desde que la caravana migrante, hoy acampada en Ciudad de México con un centenar de menores de edad, emprendió su travesía hacia Estados Unidos. EFE/José Méndez
La pérdida de mis padres cuando era niña me llevó a trabajar como Guardián ad Litem (“GAL”) para niños de acogida. Los GAL investigan y representan el interés superior del niño en los procedimientos judiciales que determinan su ubicación permanente y segura. A través de esto, he visto de primera mano lo intimidante que puede ser el proceso judicial.
Los niños migrantes son un grupo especialmente vulnerable que se enfrenta al desalentador sistema judicial estadounidense. Al igual que los niños de acogida, los niños migrantes han sufrido abusos, negligencia, explotación y otras graves amenazas. Sin embargo, a diferencia de los niños de acogida, los niños migrantes no tienen garantizada la representación legal. La Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil de 1974 ordenó el nombramiento de un GAL en los casos de abuso y negligencia infantil. Por el contrario, los niños migrantes navegan solos por nuestro sistema legal.
Esto debe cambiar. Los jóvenes migrantes son ante todo niños. Como cuestión de derechos humanos, nuestras políticas deben considerar a los niños migrantes por su condición de niños antes que por su condición de migrantes o litigantes. Es discriminatorio proporcionar ayuda a algunos pero no a todos los niños en nuestro sistema judicial.
Puedo dar fe de que los niños necesitan la ayuda de un adulto en las cortes. Pedir asilo es un derecho legal en nuestro país, y los niños necesitan ayuda para tener una oportunidad justa de explicar su caso de protección. En 2017, el 76 % de los menores no acompañados no estaban representados en las cortes. Los datos muestran que la representación en la corte es el mayor factor determinante en el caso de un niño. Otros datos recientes indican que los jueces de inmigración tenían casi cien veces más probabilidades de conceder alivio legal a los niños no acompañados con abogado que a los niños no acompañados sin abogado. Los niños sin abogado suelen ser devueltos a las condiciones, perjudiciales o que ponen en peligro su vida, de las que huyeron. En el ámbito de la protección de la infancia, consideramos que esta devolución al daño es inaceptable.
La representación legal de los niños no sólo es un precedente bien establecido en la política interna de Estados Unidos, sino que también es un concepto consagrado en la doctrina internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN). Aunque Estados Unidos todavía no ha ratificado la CDN, es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y el primer tratado internacional que integra los derechos humanos en referencia a los niños de todo el mundo, incluido el derecho a la supervivencia, al desarrollo y a la protección contra el abuso, el abandono y la explotación.
En el ámbito de la protección de la infancia, consideramos que esta devolución al daño es inaceptable.
Varios de estos derechos se violan con regularidad en los casos de niños migrantes en Estados Unidos, como la falta de actuación en el interés superior del niño (artículo 3), así como las detenciones innecesarias de niños y las separaciones de la familia (artículo 9). Si EE.UU. no ratifica la CDN, deberíamos, como mínimo, hacer frente al trato excepcionalmente cruel que reciben los niños migrantes en nuestro país y esforzarnos por aplicar los ideales del tratado en nuestras propias políticas pertinentes. Dado que EE.UU. ha contribuido a algunas de las situaciones de las que los niños buscan asilo en primer lugar, como la inestabilidad y la violencia en Centroamérica, tenemos una mayor responsabilidad por las dificultades de estos niños.
Estados Unidos se considera un ejemplo en materia de derechos humanos, pero no puede cumplir verdaderamente ese papel sin una protección equitativa de todos los niños en nuestro sistema legal. Debemos garantizar con urgencia la representación legal de los niños que entran en nuestro sistema de inmigración, como ya hemos hecho con los niños que entran en nuestro sistema de acogida.
Aunque algunos estados exigen que el GAL sea un abogado, otros no. Las organizaciones sin ánimo de lucro han establecido con éxito programas de GAL voluntarios en todo el país, como Court-Appointed Special Advocates, ProKids, Voices for Children y Child Advocates. Los voluntarios capacitados reciben formación, prestan juramento y son asignados a los casos. Estas organizaciones pueden servir de prototipo para la defensa de los niños migrantes. Además, organizaciones sin ánimo de lucro como Kids in Need of Defense forman y orientan a miles de bufetes de abogados y abogados corporativos pro bono para que representen a los niños migrantes, y así aprovechar los recursos privados para garantizar que los niños tengan una oportunidad justa de presentar su caso para buscar la seguridad en los Estados Unidos.
Estados Unidos se considera un ejemplo en materia de derechos humanos, pero no puede cumplir verdaderamente ese papel sin una protección equitativa de todos los niños en nuestro sistema legal.
Las soluciones para proteger mejor a los niños migrantes están a nuestro alcance. En primer lugar, ordenar la representación legal de los niños migrantes, como ya hemos hecho con los niños maltratados en casos domésticos. En segundo lugar, utilizar voluntarios y abogados pro bono que estén preparados. Estos pasos afirmarían los derechos de los niños como niños, mantendrían la integridad, aumentarían la seguridad y mejorarían la funcionalidad dentro de nuestro sistema de inmigración más amplio, aliviarían la preocupación por la escasez de abogados y transformarían positivamente los resultados de los casos y las vidas de los niños. Este marco de GAL podría reproducirse en cualquier país en el que los niños migrantes necesiten defensa legal, y reforzaría el compromiso global con los derechos de los niños para su supervivencia y protección básicas.
Adoptar este enfoque sería una demostración convincente de que Estados Unidos está comprometido con nuestro principio fundacional de justicia para todos, ya que garantizaría que algunas de las personas más impotentes y olvidadas de entre nosotros tuvieran las mismas oportunidades de ser justos en las cortes y de tener vidas en libertad y prometedoras.