Vacunas y confinamientos de trabajadores migrantes: la covid-19 y los derechos humanos en Singapur

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Trabajadores inmigrantes miran sus teléfonos móviles en su dormitorio en la residencia Westlite Juniper en Singapur en agosto de 2020. El 19 de agosto de 2020, el Ministerio de Trabajo de Singapur anunció que todas las residencias de trabajadores inmigrantes estaban libres del coronavirus Covid-19 y que el 86% de los trabajadores de los sectores de la construcción, la marina y los procesos podían volver a trabajar. Los trabajadores deben tener un código de acceso verde para volver al trabajo, mientras que las residencias y los empleadores deben aplicar medidas para evitar una segunda oleada de infecciones. EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG


¿Cómo se puede hacer frente a un virus respiratorio altamente contagioso en un país con la tercera densidad de población más alta del mundo? Singapur, que ha elaborado una respuesta gubernamental a la covid-19 que muchos en todo el mundo han alabado como un gran éxito, puede tener la respuesta.

En cuanto a los datos brutos, Singapur ha gestionado bien la pandemia, con menos de 287 000 casos y 838 muertes hasta enero de 2022. Aunque hay aspectos de la respuesta de Singapur a la pandemia que son dignos de elogio y emulación, también hay áreas en las que ha puesto en riesgo los derechos de sus residentes.

Abordar la vacunación y la desigualdad en las vacunas

La protección de los residentes de un país a través de la vacunación doméstica no es suficiente para hacer frente a la covid-19. La inequidad global de las vacunas y, más ampliamente, la asignación inequitativa de los recursos sanitarios han sido temas de preocupación a lo largo de la pandemia.

Singapur sirve de ejemplo de lo que el director general de la OMS, Tedros, ha pedido a otros países que hagan: abordar tanto la salud mundial como los derechos humanos, y así utilizar su relativa riqueza y acceso a recursos para contribuir al esfuerzo mundial de vacunación, al tiempo que garantiza la protección de su propia población.

En diciembre de 2020, Singapur anunció su contribución prevista de 5 millones de dólares a Gavi, una alianza mundial de vacunas asociada y apoyada por la OMS, Unicef y la Fundación Bill y Melinda Gates junto con otras organizaciones. En octubre de 2021, también contribuyó con 7,9 millones de dólares en suministros médicos a un esfuerzo de almacenamiento de la ASEAN, y donó vacunas a otros países del sudeste asiático como Malasia y Brunei.

Falta de compromiso con los derechos humanos

Por muy exitosos que hayan sido algunos aspectos de la respuesta de Singapur a la covid-19, no podemos ignorar las áreas en las que se han pasado por alto o se han violado los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch llevan mucho tiempo pidiéndole a Singapur que se comprometa con documentos vinculantes de derechos humanos como el PIDCP y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias (CIPRMWF, por sus siglas en inglés) y que elimine las leyes abusivas, pero el país se ha resistido a cambiar. Aunque el hecho de que Singapur no se adhiera a las normas de derechos humanos significa que no está obligado a cumplir los requisitos de un determinado tratado, puede y debe seguir siendo responsable de sus acciones. En esta época de pandemia, en la que los temas cruciales de la privacidad, la censura, la libertad y la enfermedad a menudo están cruzados, otros países de la ONU deben seguir presionando a Singapur en estos temas y garantizar la protección de los derechos humanos.

Insuficiente protección de los derechos de los trabajadores migrantes

Una de las poblaciones más vulnerables a la falta de compromiso de Singapur con los derechos humanos relacionados con la covid es su considerable comunidad de trabajadores migrantes, en su mayoría hombres de India, Bangladesh y China. Aunque estos trabajadores generan una contribución enorme a las infraestructuras de Singapur al construir carreteras, apartamentos y puentes, lo más probable es que vivan en dormitorios abarrotados y con poca ventilación, condiciones insalubres que se hacen aún más peligrosas con la pandemia.

Precisamente por estas condiciones, la covid pudo propagarse con tanta facilidad entre los trabajadores inmigrantes que vivían en dormitorios a principios de abril de 2020, un acontecimiento que llevó al gobierno de Singapur a poner esos dormitorios bajo confinamiento total.

En septiembre de 2021, los trabajadores migrantes representaban el 74 % de todos los casos de covid-19 en el país, aunque sólo constituyen el 5 % de la población total de Singapur. Al mismo tiempo, más del 90 % de los trabajadores que viven en dormitorios están totalmente vacunados, y algunos han argumentado que ya no hay motivos viables para mantenerlos confinados.

Estas condiciones no sólo siguen siendo una amenaza para la salud física de los trabajadores al mantenerlos en espacios superpoblados, sino que también pueden tener un profundo efecto en la salud mental. Los grupos sanitarios han informado de la existencia de mayores tasas de depresión y ansiedad entre los trabajadores inmigrantes de Singapur, relacionadas con su prolongado aislamiento.

Mientras que otros residentes de Singapur han podido disfrutar gradualmente de más libertades, como pedir comida a domicilio, hacer ejercicio sin tapabocas en los parques del barrio y entrar en centros comerciales y cines, los trabajadores inmigrantes han permanecido más o menos confinados en sus viviendas hacinadas durante la mayor parte del año.

Un residente anónimo de Singapur se preocupa por las implicaciones que este trato diferenciado tendrá en las tensiones entre la población de Singapur: “Sinceramente, sólo sirve para empeorar nuestras relaciones con los trabajadores migrantes, que en realidad ayudan a construir la mayor parte de nuestras infraestructuras, y también... que la desconfianza hacia ellos se filtre en nuestra propia comunidad, con más ataques racistas aleatorios contra los indios de Singapur”.

Para los trabajadores migrantes que pueden ver estos cambios de estilo de vida a su alrededor, pero que no pueden participar ellos mismos, esto sólo sirve para exacerbar sus sentimientos de aislamiento y desesperación. Para los singapurenses, que están volviendo lentamente a la normalidad, el enclaustramiento continuado de los trabajadores inmigrantes podría generar sentimientos de miedo hacia ellos, lo que provocaría una mayor marginación.

Si realmente ya no hay motivos médicos o de salud pública para mantener a estos trabajadores encerrados, el gobierno de Singapur es culpable de violar varios derechos humanos básicos en virtud de la DUDH. En particular, estas acciones violan el artículo 13, la libertad de circulación dentro de las fronteras del propio país, así como el artículo 25, el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.

Hay varias lecciones que aprender de la respuesta de Singapur a la covid-19 en lo que ha hecho y en lo que ha dejado de hacer. Mientras que otras naciones deberían seguir su ejemplo en cuanto a la promoción del bienestar de la comunidad internacional junto con un enfoque en la vacunación nacional, la covid-19 también ha servido para exacerbar las desigualdades y tensiones existentes, que convierten las condiciones ya injustas para los trabajadores migrantes en amenazas muy reales de enfermedad, desesperanza e incluso muerte.

Esta pandemia no será la última de este tipo, por lo que es aún más imperativo que Singapur se comprometa a proteger los derechos humanos. Singapur debe firmar tratados como el PIDCP y el ICPRMWF y garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para sus trabajadores migrantes residentes. Puede que Singapur no se adhiera a estas exigencias por voluntad propia, en cuyo caso la responsabilidad recaerá en la comunidad internacional, especialmente en los miembros de la ONU, para ejercer presión diplomática cuando sea necesario.