En Ecuador, que cuenta con la mayor cantidad de refugiados reconocidos en toda América Latina, la crisis actual de la COVID-19 agravó las condiciones precarias en las que viven los migrantes y refugiados. El aislamiento obligatorio y las limitaciones para trabajar y obtener alimentos, entre otras restricciones, han motivado la salida de 55,888 migrantes de Ecuador entre marzo y mayo de este año. Hoy en día, cientos de extranjeros están atrapados en las fronteras del norte y sur del país, a menudo sin refugio ni medidas de protección adecuadas, y a merced de los posibles acuerdos entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de Ecuador, Colombia y Venezuela.
Esta situación insostenible ha dado lugar a episodios de violencia fronteriza, en respuesta al “mantenimiento de las restricciones durante la emergencia”. Hasta la fecha, ninguno de los gobiernos involucrados ha hecho algún pronunciamiento oficial o ha declarado su intención de facilitar el retorno de estas personas mediante vuelos o corredores humanitarios, por lo que muchos refugiados han recurrido a medios de transporte ilegales que suponen un riesgo aún mayor para su vida.
Según los registros oficiales, Ecuador alberga actualmente a 69,524 refugiados reconocidos de más de 70 países. El país es la cuarta principal comunidad de acogida para la población venezolana y la principal comunidad de acogida para la población colombiana. Lejos de ser una ventana de oportunidad, los flujos migratorios se han convertido en un problema grave que conduce a la precariedad de la vida de los migrantes y refugiados.
Durante las últimas dos décadas, Ecuador ha desarrollado una reputación progresista por sus protecciones jurídicas, no obstante dicha reputación se ha puesto a prueba en fechas recientes, debido a la drástica disminución del reconocimiento de los refugiados en comparación con la cantidad de solicitudes de asilo o refugio. Por otra parte, la situación de los refugiados ha empeorado a raíz de los pronunciamientos de voceros oficiales del gobierno, como el presidente Lenín Moreno o los medios nacionales, que asocian a los migrantes con el aumento de la delincuencia y las asociaciones ilegales. Incluso existe una percepción generalizada en la sociedad de los migrantes como responsables de las altas tasas de desempleo.
Hasta la fecha, ninguno de los gobiernos involucrados ha hecho algún pronunciamiento oficial o ha declarado su intención de facilitar el retorno de estas personas mediante vuelos o corredores humanitarios, por lo que muchos refugiados han recurrido a medios de transporte ilegales que suponen un riesgo aún mayor para su vida.
Con una población de 17,510,643 habitantes según el censo nacional más reciente, los servicios de salud y educación de Ecuador han estado saturados, por lo que tanto nacionales como extranjeros no han podido recibir atención oportuna. Además, el país se encuentra sumido en una crisis económica que ha dado lugar a medidas políticas que reducen el presupuesto público para estos sectores, así como un aumento en las tasas de desempleo y subempleo. Para fines de 2019, la tasa de desempleo era del 3.8 %; sin embargo, el 17.8 % de las personas empleadas ganan menos del salario mínimo o no tienen trabajo de tiempo completo.
La situación de los refugiados y migrantes colombianos y venezolanos es aún más compleja. Estas poblaciones provienen de entornos complicados y vulnerables, donde no existe la opción de volver a sus países. Y su trabajo es todavía más precario: el 87.8 % de los extranjeros trabajan en el sector informal y, aunque el país trata de otorgar a los extranjeros los mismos derechos que a sus nacionales (amparados por la Constitución de 2008), la discriminación social crea barreras sociales para obtener trabajo y vivienda, inscribir a los niños y niñas en unidades educativas o recibir un tratamiento adecuado en las instituciones públicas.
Sin embargo, un estudio reciente del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) analizó la situación laboral y la contribución económica de los migrantes en la ciudad de Quito y encontró que el 60 % de los extranjeros tienen entre 20 y 39 años de edad y que el 80 % reciben un salario mínimo de USD 300 a USD 400 por mes. Pero este “empleo” incluye situaciones de explotación laboral, abuso de poder, discriminación o, en el caso de las mujeres, exigencia de favores sexuales para obtener empleo. Pese a que el 87.5 % de lo que se paga a los migrantes contribuye a las economías locales, la integración local aún supone un desafío constante debido a que se concibe a los extranjeros como amenazas en lugar de ser agentes de desarrollo.
Más del 15 % de los migrantes en Ecuador están en situación irregular sin la posibilidad de obtener un trabajo estable y seguro, y se ha sancionado a alrededor de 6,300 establecimientos por tener extranjeros trabajando al margen de la ley, sin darles prestaciones de seguridad social o pagarles un salario básico debido a su estatus migratorio. En la actualidad, Ecuador cuenta con pocas soluciones que ofrezcan protecciones más allá de los programas de regularización migratoria.
La respuesta del Estado no solo invita a la criminalización de la migración, sino que también expone a los migrantes a los problemas que el Estado está intentando fervientemente resolver.
El gobierno ha afirmado que la reducción del reconocimiento de los refugiados obedece a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, los migrantes han optado últimamente por otros tipos de protección jurídica, como las visas de residencia temporal o permanente a través de Unasur y Mercosur. Algunos analistas sostienen que la decisión de reducir el reconocimiento de los refugiados se debe a la modificación de la Ley de Movilidad Humana. Aunque aún no es oficial, la reforma está encaminada a combatir la trata de personas derivada de la flexibilidad de la ley que se aprobó en 2017. Esta reforma contempla cambios en 88 artículos, incluida la incorporación de términos como “migración riesgosa” o “migración indocumentada e irregular”, además de conceptos imprecisos como “no ser considerados una amenaza o riesgo para la seguridad interna del país”, que servirán de base para denegar o aceptar la visa o el permiso de residencia. Por último, el gobierno ha propuesto cambios en los procedimientos de deportación que le “permitirá[n] expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos”.
No obstante, las restricciones contra los refugiados parecen centrarse en gran medida en contener el aumento de los índices de delincuencia y violencia en la frontera norte del país, o en acontecimientos exógenos como el secuestro y asesinato de tres reporteros ecuatorianos, el secuestro de una pareja ecuatoriana por un disidente de las FARC en 2018; el feminicidio cometido por un venezolano contra su novia embarazada y el asesinato de un abogado por parte de una pareja venezolana en 2019, entre los casos más sobresalientes.
La respuesta del Estado no solo invita a la criminalización de la migración, sino que también expone a los migrantes a los problemas que el Estado está intentando fervientemente resolver. Por ello, es importante que los funcionarios públicos modifiquen la percepción de los extranjeros en sus discursos y en la toma de decisiones, para que puedan ofrecer soluciones con enfoque de derechos que promuevan la integración local de estos grupos de personas y permitan la creación de mecanismos eficaces y soluciones duraderas para la migración.
A pesar de las condiciones en las que la pandemia está dejando a los países como Ecuador, es responsabilidad del Estado y de los agentes de cambio presentar propuestas que vayan de la mano con el desarrollo humano, económico y social, con el fin de “coadyuvar a la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada [GCM, por sus siglas en inglés], en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas 2030”, tal cual se propuso durante el Foro Global sobre Migración y Desarrollo de 2019, que se llevó a cabo en Quito.
Sobre todo, si bien la migración no es el principal problema de América Latina, al igual que la pandemia, pone en evidencia la pobreza, la ausencia del Estado y sus vicios, así como las grandes brechas socioeconómicas que ya se han generalizado en toda la región. Los migrantes y refugiados latinoamericanos no solo se enfrentan a la difícil tarea de comenzar una nueva vida en un país extranjero, sino que además puede que nunca tengan oportunidades de mejorar su calidad de vida. O peor aún, es posible que sus únicas opciones sean convertirse en nómadas o regresar a su país de origen, enfrentando riesgos aún mayores que cuando se fueron.