Foto: Matt Zimmerman/Wikipedia
Hace un año que la Corte Suprema de Justicia colombiana dictó su histórico fallo sobre el cambio climático y la deforestación en la Amazonía. Ante una demanda presentada por 25 niños, niñas y jóvenes que he representado judicialmente junto con colegas de Dejusticia, la Corte Suprema declaró que la Amazonía es sujeto de derechos y dictó órdenes precisas para que el Estado colombiano cumpla la promesa que hizo en la Cumbre de Cambio Climático en París en 2015, en el sentido de reducir a cero la deforestación neta para 2020.
Este fallo y su reconocimiento de los derechos humanos de las generaciones futuras —con quienes la Corte le ordenó al gobierno firmar un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas— han sido recibidos con interés en los círculos académicos y activistas internacionales.
Como he escrito en otro lugar, los estudios y la práctica de los derechos humanos se han ocupado bastante más de la fase de los litigios, que va de la demanda hasta la expedición de la sentencia final, que de dar seguimiento a la implementación de los fallos. Lo mismo ha sucedido en el campo emergente de litigios sobre cambio climático alrededor del mundo. Para contrarrestar esta tendencia, hemos desplegado esfuerzos conjuntos con los jóvenes demandantes del caso colombiano para presionar por el cumplimiento del fallo de la Corte. ¿Qué lecciones deja lo que ha pasado en el último año para el futuro de los litigios sobre cambio climático?
La primera es que los casos judiciales son una vía cada vez más frecuente para canalizar la demanda ciudadana por acciones urgentes sobre el cambio climático. Desde que la Corte Suprema expidió su fallo, otros tribunales han tomado medidas en un sentido similar. Cortes australianas y estadounidenses han sostenido que el impacto negativo sobre el cambio climático puede ser la base para negar licencias a proyectos petroleros o con altas emisiones de carbono. Las cortes holandesas confirmaron el fallo pionero en el caso Urgenda, que obligó al gobierno a comprometerse con una meta más ambiciosa y urgente de reducción de emisiones de carbono. Y nuevos casos se suman a los más de 800 litigios contra la inacción de los gobiernos frente a la crisis climática, y contra las empresas de combustibles fósiles que han prosperado a costa del calentamiento global. Los litigios han avanzado al ritmo del conocimiento científico. Nuestra demanda y otras, como el caso Juliana vs. los Estados Unidos, se han basado en los avances recientes de la ciencia climática, que hoy puede atribuir con mayor precisión las causas probables de eventos extremos, como las inundaciones y las olas de calor.
La segunda lección es que, para entender el impacto de los litigios de este tipo, hay que tener en cuenta sus efectos tanto sobre las políticas públicas como sobre la esfera pública. Hasta el momento, el fallo sobre la Amazonía colombiana ha tenido más efectos sobre la esfera pública que sobre las acciones gubernamentales contra la deforestación y el calentamiento global. Junto con esfuerzos de muchas organizaciones de derechos humanos, ambientales e indígenas, nuestra demanda y el proceso de seguimiento al fallo contribuyeron a poner en el centro del debate público el problema de la deforestación en la Amazonía. Los medios de comunicación monitorean la situación continuamente y el presidente colombiano Iván Duque la declaró como una de sus prioridades en su discurso de posesión a mediados de 2018. Pero las promesas no han ido de la mano con las decisiones difíciles que son necesarias para detener el aumento de la deforestación, como regular o enjuiciar a los actores ilegales y legales que están alentando la colonización de la Amazonía para la ganadería y la minería. Las últimas cifras oficiales muestran que la deforestación cobra cerca de 220,000 hectáreas de bosque en Colombia, el 75 % de ellas en la Amazonía.
Dado que la voluntad de los gobiernos es insuficiente, el impacto de los litigios depende de la movilización ciudadana. Esa es la tercera lección del caso. El último año, se produjo una ola de protestas climáticas que inició Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años a la que se han unido cientos de miles de estudiantes, incluidos los accionantes en la demanda colombiana. Los litigios de las generaciones adultas pueden ayudar, pero el impacto más duradero y decisivo probablemente vendrá de las acciones de los jóvenes que sufrirían los efectos más severos de un planeta inhabitable.
Ante este panorama, ¿qué rol les corresponde a los derechos humanos (y los litigios basados en ellos) en la lucha contra el cambio climático? En últimas, creo que su función es la de ser “derechos desestabilizadores”, como escribieron Sabel y Simon en un artículo clásico sobre el litigio de interés público. Claramente, la escala y la naturaleza del calentamiento global no pueden ser enfrentadas con una estrategia caso a caso, litigio a litigio. Pero los derechos y los casos judiciales pueden ser herramientas eficaces para desestabilizar el statu quo disfuncional y acelerar los cambios en un área de políticas públicas que, como el calentamiento global, está atravesada por omisiones gubernamentales inexcusables, la captura del proceso legislativo por los sectores que deben ser regulados (como las industrias de combustibles fósiles) y profundos dilemas de acción colectiva global.
Los litigios y la movilización dirigidos por los jóvenes pueden ser los “empujones” necesarios para dar la atención urgente que ha faltado a la crisis climática. Después de todo, como escribió el científico James Hansen en su intervención ante la Corte Suprema colombiana en respaldo a nuestro litigio, esta crisis “sería una carga imposible de soportar para los jóvenes y las generaciones futuras”.
