La activista refugiada Thuzar Maung fue secuestrada en su domicilio de Malasia por apoyar el movimiento prodemocrático de Myanmar. En Filipinas, Marilou Verano fue demandada por difamación por denunciar las repercusiones negativas de la minería en su ciudad. En Vietnam, Dang Dinh Bach fue detenido por su activismo medioambiental. Estas historias son solo algunos ejemplos de los riesgos a los que se enfrentan los defensores de la justicia de base en el contexto del aumento del autoritarismo y el cierre de espacios cívicos en el Sudeste Asiático.
Desde 2018, los miembros de la Red de Justicia de Base colaboran para hacer frente a este desafío. Además de solidarizarse entre sí y prestar apoyo a las campañas de acceso a la justicia, también han estado aprendiendo unos de otros sobre cómo pueden seguir promoviendo la justicia en el contexto de la reducción de los espacios cívicos.
En agosto de 2024, promotores jurídicos comunitarios de siete países de la región se reunieron en el Intercambio Regional de Promotores Jurídicos del Sudeste Asiático. Estos promotores jurídicos trabajan en una amplia gama de temas, como la protección de la tierra y el medio ambiente, los derechos de los refugiados y la ciudadanía, y la igualdad de género. A pesar de sus diferentes campos, tienen un entendimiento común de su papel, qué es capacitar a las comunidades mediante la construcción de su conocimiento de la ley y sus derechos, lo que demuestra cómo aprovechar ese poder para impulsar cambios sistémicos.
A continuación expongo algunas de las conclusiones que extraje de este intercambio de conocimientos.
Superar la represión empoderando a las comunidades
Los promotores jurídicos se enfrentan a algunos retos comunes en su trabajo, especialmente en contextos en los que el espacio cívico se está reduciendo y la represión es una realidad cotidiana.
El primero es la represión estatal, que se manifiesta de distintas formas, como el aumento de la vigilancia y los controles de seguridad. Varios países de la región han promulgado normativas digitales restrictivas para suprimir la participación en los medios sociales, lo que hace más difícil para los promotores jurídicos conectar con otros u organizar comunidades. Tras el golpe de Estado en Myanmar, la confianza pública en el sistema jurídico y en los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ha erosionado considerablemente, lo que dificulta la participación de las instituciones públicas.
El segundo conjunto de retos incluye las amenazas, la violencia, el acoso y la intimidación por parte de agentes estatales y no estatales. Esto incluye la violencia física, el maltrato psicológico y la etiqueta roja (etiquetar públicamente a las personas como terroristas o comunistas). El tercer reto es la criminalización, que incluye detenciones, arrestos y cargos falsos. Casos como los de Thuzar Maung, Marilou Verano y Dang Dinh Bach son desgraciadamente frecuentes, lo que dificulta el trabajo de los promotores jurídicos.
A pesar de los difíciles contextos, los promotores jurídicos utilizan una serie de estrategias para responder eficazmente a sus entornos. Una de ellas es formar o unirse a redes y coaliciones que pueden proporcionarles un apoyo esencial, permitiéndoles compartir recursos, estrategias y experiencias. De hecho, aprender unos de otros es una de las formas más poderosas de fomentar la solidaridad. Reflexionando sobre el intercambio de aprendizaje, un participante de Myanmar dijo: «Aunque nuestros esfuerzos de defensa se ven actualmente limitados por los retos políticos, el intercambio nos proporcionó nuevas estrategias y perspectivas. Estas ideas serán cruciales mientras seguimos trabajando para mejorar nuestros servicios de apoyo parajurídico y abogando por la justicia en nuestras comunidades.»
Los promotores jurídicos se ponen en contacto con los organismos nacionales de derechos humanos para plantear cuestiones, amplificar sus voces y llamar la atención sobre los problemas sistémicos. En Malasia, fomentan una colaboración más estrecha con el sistema judicial local, lo que permite a los promotores jurídicos desenvolverse con mayor eficacia en el panorama jurídico y garantizar que las poblaciones vulnerables reciban el apoyo que necesitan. Otros han organizado equipos de respuesta de emergencia y grupos de apoyo para que los promotores jurídicos presten asistencia inmediata durante las crisis. En Camboya, se dotan de conocimientos en análisis de seguridad -tanto digital como física- para mejorar su seguridad y eficacia. Los promotores jurídicos también reciben formación sobre el uso de plataformas digitales seguras que pueden proteger la información sensible y la comunicación, que son herramientas cruciales en entornos de alto riesgo.
Mantener el trabajo en contextos difíciles
Los promotores jurídicos comunitarios no sólo trabajan en contextos políticos difíciles, sino también en cuestiones de justicia social en las que la opinión pública está muy dividida, como los derechos de las personas LGBTQIA+ y los refugiados. Y lo hacen con recursos limitados. En el intercambio de agosto de 2024, los promotores jurídicos debatieron sobre los elementos cruciales para mantener su trabajo vital a través de procesos de cambio largos y complejos.
Consideran que el reconocimiento es una parte importante del mantenimiento del movimiento. Los niveles de reconocimiento estatal de los promotores jurídicos varían en la región. Indonesia ofrece un reconocimiento formal, mientras que Myanmar y Filipinas ofrecen un reconocimiento informal. Otros países carecen de cualquier forma de reconocimiento oficial. Existen diversas perspectivas sobre el valor del reconocimiento, ya que también puede acabar restringiendo su función al regular quién puede convertirse en promotor jurídico y qué puede hacer. En última instancia, el reconocimiento, ya sea formal o informal, debe proporcionar a los promotores jurídicos acceso a herramientas, protección y apoyo institucional mediante financiación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica.
Los promotores jurídicos a menudo dependen de la financiación de donantes y del trabajo voluntario, pero necesitan un apoyo financiero más estable. Hay una falta de liderazgo de segunda línea, por lo que es vital que los promotores jurídicos veteranos participen en la planificación de la sucesión y la creación de capacidad para la próxima generación. Los promotores jurídicos destacaron la urgencia de proporcionar apoyo psicosocial a través de servicios de asesoramiento y salud mental para ayudar a gestionar el estrés asociado a su trabajo. Por último, las cuestiones de justicia son complejas, y los promotores jurídicos hicieron hincapié en la necesidad de formación y apoyo para garantizar que puedan ser eficaces a largo plazo.
Visión de un futuro justo
Los participantes en el intercambio subrayaron su papel a la hora de abordar no sólo los problemas específicos de la justicia que les afectan a ellos y a sus comunidades, sino también los cambios sistémicos y el cambio social. Un participante de Malasia señaló: «Más personas deberían considerar la posibilidad de convertirse en promotores jurídicos, no sólo porque les afecta personalmente un problema, sino porque quieren contribuir a un cambio positivo en la sociedad. Es crucial acabar con el estigma de que los promotores jurídicos sólo se dedican a la defensa cuando se ven directamente afectados. En su lugar, debemos reconocer la importancia de la acción colectiva para abordar los problemas sistémicos».
Su visión del cambio sistémico es audaz e inspiradora. Se define por la igualdad, la justicia y la dignidad para todos.
Durante un ejercicio de dibujo reflexivo, los participantes esbozaron sus visiones para los próximos cinco años. Un participante de Laos dijo: «Estoy dibujando la escala que representa la igualdad. Quiero que todos tengan los mismos derechos y acceso a la justicia». Un participante de Malasia reveló su visión de un mundo en el que «Todos sean tratados por igual, con dignidad y con el debido proceso». Un promotor jurídico de Filipinas reveló: «Mi dibujo es una mano que representa a los promotores jurídicos que ayudan a la comunidad. El pájaro es la expresión de la libertad, y la antorcha es la medalla de oro para nosotros, los promotores jurídicos».
Los promotores jurídicos comunitarios esbozan su visión de un futuro justo.
El trabajo de los promotores jurídicos comunitarios es crucial para lograr un mayor acceso a la justicia para las comunidades marginadas. Hay una necesidad urgente de apoyarles con las herramientas y habilidades necesarias, especialmente en entornos represivos que amenazan su seguridad y su voz. La creación de espacios de colaboración -donde puedan aprender unos de otros y formar lazos de solidaridad- es esencial para reforzar su capacidad de mantener la línea en circunstancias difíciles. Es imperativo que la comunidad de derechos -así como los Estados individuales- reconozcan a los promotores jurídicos comunitarios como agentes esenciales de la justicia y defensores de sus comunidades, garantizando su papel crucial en el fomento de una sociedad más equitativa.
Este blog forma parte de una serie en colaboración con Namati. Consulte otros blogs de esta serie aquí.