En la ciudad de Altamira, ubicada en el Amazonas brasileño, los impactos de la represa de Belo Monte se viven todos los días en casas de cemento que se desmoronan, en calles inundadas y a través de la violencia y el desempleo.
Si bien ya se terminó la mayor parte de la construcción, y 90,000 trabajadores se han ido del lugar, la lucha por la protección de los derechos resuena a lo largo de barrios vacíos y caminos oscuros.
Desde la idea hasta la implementación, la represa en el río Xingú ha sido un desastre ambiental y de derechos humanos. Durante todo el proceso, el gobierno brasileño sostuvo que Belo Monte sería una solución energética limpia y respetuosa con el clima. Sin embargo, dada la falta de consultas comunitarias y sus extremos impactos ambientales y sociales, Belo Monte se ha convertido en un excelente ejemplo de cómo no se debe producir energía en el siglo XXI.
Flickr/International Rivers/(CC BY-NC-SA 2.0)
Native Brazilians from the Amazon basin demonstrate against the construction of the planned Belo Monte hydroelectric dam, in Brasilia February 8, 2011.
Altamira, que en otro tiempo fue una tranquila población ribereña en el corazón del Amazonas, creció de forma rápida y caótica desde que comenzó el proyecto de la represa, hasta convertirse en la ciudad más peligrosa de Brasil: en 2015 registró el índice de homicidios más elevado del país. Debido a los enormes cambios ambientales que causó la construcción de la represa, cerca de treinta mil personas fueron desplazadas de sus hogares, las comunidades indígenas perdieron su conexión con el bosque y los pescadores tradicionales ya no tienen acceso al río.
Belo Monte representa los costos de implementar proyectos de desarrollo energético como de costumbre en América Latina. El proyecto fue financiado por uno de los principales bancos de desarrollo de la región, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), y representa la mayor inversión en su historia.
Aunque se promocionó originalmente como un proyecto para los pobres, Belo Monte ahora forma parte del mayor escándalo de corrupción en la historia de la región y es uno de cientos de megaproyectos que los gobiernos, las instituciones y las corporaciones multinacionales están implementando sin la planificación o la investigación adecuadas.
Aunque muchas veces se afirma que las grandes represas son fuentes de energía “verde”, las investigaciones han demostrado que causan deforestación masiva, especialmente en los bosques tropicales. Un estudio de la Washington State University descubrió que los embalses de represas del mundo generan al año el 1.3 % de todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por humanos, más que todo Canadá.
En tiempos de cambio climático, la planificación integral y la evaluación de alternativas de energía limpia deberían ser la base de todas las nuevas inversiones en energía. Los proyectos deben contar con procesos transparentes y participativos de planificación y concesión de licencias, en los que todas las partes interesadas tengan derecho a participar. Se deben realizar evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas que incluyan todos los daños posibles, así como formas adecuadas de prevenirlos o mitigarlos.
Belo Monte no cumplió estas reglas, y las consecuencias son devastadoras.
Desafortunadamente, Belo Monte no es una excepción: muchas políticas climáticas y proyectos de desarrollo supuestamente de “energía limpia” tienen repercusiones negativas en las comunidades y los ecosistemas en todo el mundo. Es posible encontrar ejemplos similares en todo el Amazonas, donde se han construido más de cien represas y hay planes de construir otras 288 más, y alrededor del mundo.
Lo que resulta excepcional en el caso de Belo Monte, sin embargo, es el clamor sin precedentes de la población indígena contra la represa. Tribus de todo el Amazonas se reunieron para protestar por la construcción de la represa y para luchar por mantener la salud de su hogar forestal.
Los pescadores tradicionales, las comunidades locales y los activistas brasileños e internacionales también se sumaron a la protesta. Todos ellos se convirtieron en guerreros en la lucha para defender uno de nuestros recursos naturales más preciados: el Amazonas. Sus voces resonaron en todo el mundo, y Belo Monte se convirtió en un grito de guerra. Pero sus voces estaban notablemente ausentes en el lugar más importante de todos: la sala de reuniones.
Los operadores de Belo Monte no respetaron el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Las reuniones para explicar las consecuencias de la represa fueron sumamente inadecuadas: las poblaciones indígenas tuvieron dos días para revisar el estudio técnico de 26,000 páginas, no se contó con intérpretes y los impactos ambientales nunca se evaluaron por completo.
Este es un desafío que ocurre una y otra vez en los proyectos de desarrollo en toda la región. A pesar de que el derecho internacional lo exige, no se consulta de forma adecuada a las comunidades indígenas y tribales, y tampoco se explican ni se evalúan debidamente las repercusiones de los proyectos.
El respeto de los derechos indígenas y las evaluaciones exhaustivas, como la que debería haber ocurrido en Belo Monte, representan una oportunidad realmente valiosa para los esfuerzos de promoción y defensa del clima y los derechos humanos: la oportunidad de garantizar que las voces de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas se escuchen y se respeten, y de incorporar los riesgos climáticos de los proyectos energéticos en la fase de planificación. El cambio climático es, después de todo, un problema de derechos humanos.
Es imperativo que los gobiernos consideren los derechos humanos de las comunidades vulnerables durante el desarrollo de las políticas climáticas y la implementación de proyectos destinados a la transición a la energía limpia. Se ha incluido lenguaje de derechos humanos en los acuerdos de Cancún y París, y debería ser parte de las discusiones sobre la implementación del Acuerdo de París durante la conferencia sobre cambio climático (COP23) en Bonn, particularmente en lo que respecta a la energía y el agua.
"Es posible encontrar soluciones a algunos de nuestros mayores problemas si dejamos que las comunidades afectadas nos muestren el camino."
Es posible encontrar soluciones a algunos de nuestros mayores problemas si dejamos que las comunidades afectadas nos muestren el camino.
Pero al tratarse de un proyecto tan profundamente arraigado en el sistema político local, ni los ciudadanos ni el Ministerio Público han sido capaces de obtener justicia en los tribunales brasileños, a pesar de que se han presentado más de 60 acciones legales en su contra.
En 2010, la defensa del río Xingú tenía como objetivo buscar justicia para las comunidades afectadas donde no se había logrado obtenerla. Como parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), ayudé a las comunidades a llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); solicitamos que se tomaran medidas cautelares para garantizar la vida, la salud y la integridad de los pueblos indígenas afectados por Belo Monte. La Comisión otorgó las medidas el siguiente año y solicitó que se suspendiera la licencia ambiental y se detuviera la construcción.
Lamentablemente, incluso las instituciones internacionales encargadas de proteger los derechos humanos son vulnerables a la presión. La reacción de Brasil —retirar a su embajador y retener sus cuotas anuales— fue un ataque hostil y sin precedentes contra la Organización de los Estados Americanos. En respuesta, la Comisión modificó sus medidas cautelares: siguió instando a que se garantizaran los derechos indígenas, pero retiró su solicitud de suspender la licencia y detener la construcción.
Incluso ahora, cuando la construcción de la represa casi se ha completado, el caso de la población sigue abierto ante la Comisión, y Brasil se está viendo obligado a responder a las denuncias de violaciones de derechos humanos causadas por la represa. La obtención de justicia ante este mecanismo suele ser lenta, pero en AIDA confiamos en que se logrará.
Mientras el mundo centra su atención en la lucha global contra el cambio climático, con el inicio de la COP23 esta semana, los gobiernos y las corporaciones deben dejar de insistir en los tipos de proyectos de energía que nos metieron en problemas en primer lugar, como Belo Monte.
En cambio, junto con los activistas, deberían centrar su atención en proyectos de energía sostenible y renovable que protejan nuestro clima y respeten plenamente los derechos humanos. Las soluciones existen y están disponibles hoy; lo que falta hasta el momento es la voluntad política para implementarlas. Los líderes mundiales en las negociaciones sobre cambio climático tienen el poder de realizar cambios efectivos. Pero los activistas deben mantenerse alertas para garantizar que este progreso realmente ocurra.