La centralización de los derechos humanos en el sector de las energías renovables

La transición rápida a una economía con bajas emisiones de carbono no se trata únicamente de reducir los impactos del cambio climático; también es un imperativo de derechos humanos. La transición a fuentes de energía renovables contribuirá de manera fundamental a la desaceleración del cambio climático al reducir las emisiones y disminuir la contaminación, factores que afectan tanto el desplazamiento como los derechos humanos a la salud, la vivienda, los alimentos y el agua.

Al mismo tiempo, esta transición tiene sus propias repercusiones en materia de derechos humanos: ya se ha vinculado con violaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la tierra y el agua, y la seguridad de los defensores de derechos humanos. A medida que nos alejamos de los combustibles fósiles tradicionales, los derechos laborales también están en riesgo, ya que se ven afectados los empleos y los medios de subsistencia de los trabajadores de estas industrias.

Flickr/Land Rover Our Planet/(CC BY-ND 2.0)

A laborer is seen working at a deisel powered crusher infont of a wind turbine.

De acuerdo con nuestra base de datos, que registra ataques contra defensores dedicados a la rendición de cuentas de las empresas a partir de 2015, los líderes comunitarios, la mayoría de los cuales son indígenas, son el grupo de defensores en mayor riesgo. Los defensores indígenas se ven principalmente afectados por la minería y las industrias extractivas, seguidas por los agronegocios; sin embargo, los ataques relacionados con los proyectos de energías renovables están aumentando. La muerte de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada por su trabajo en oposición al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Honduras, es un claro recordatorio de los graves riesgos que enfrentan las comunidades locales por defender sus derechos. En lo que va de 2017, Global Witness y The Guardian han documentado ocho asesinatos relacionados con proyectos de agua y represas. También se ha criticado a los proyectos de hidroenergía por su huella de carbono, cuestionando si es correcto considerar algunos de ellos como proyectos de energía renovable en primer lugar.

El sector de la energía eólica también enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos. Un ejemplo proviene del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, México, donde Bettina Cruz, defensora de los derechos de las mujeres indígenas, fue detenida y sufrió violencia y amenazas de muerte debido a su oposición a los parques eólicos. Las comunidades locales alegan que estos parques se construyeron sin el consentimiento libre, previo e informado de los residentes afectados. Actualmente, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de estos residentes se ven perjudicados debido a la pérdida de tierras agrícolas y a la contaminación de las aguas pesqueras. Cruz sigue enfrentando ataques continuos e intimidación por su defensa de los derechos indígenas y sobre la tierra en oposición a estos proyectos.

A medida que las inversiones en energías renovables aumentan y el mundo avanza hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, los defensores de los derechos tienen una oportunidad única de hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en una industria incipiente. De hecho, la comunicación entre el Business & Human Rights Resource Centre y 50 empresas eólicas e hidroeléctricas de todo el mundo reveló que las empresas de energías renovables aún no tienen una estrategia sólida para gestionar estos riesgos. Solo cinco de estas 50 empresas se han comprometido públicamente a respetar la norma internacional del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. E incluso con la existencia de estos compromisos, tres de estas cinco empresas enfrentan acusaciones que ponen en duda el respeto de la implementación de los mismos.

"Más del 50 % de las denuncias que hemos registrado están relacionadas con operaciones en Centroamérica y Sudamérica; la siguiente región es Asia, con el 28 %."

Más del 50 % de las denuncias que hemos registrado están relacionadas con operaciones en Centroamérica y Sudamérica; la siguiente región es Asia, con el 28 %. La mayoría de estas denuncias fueron en contra del sector de la energía hidroeléctrica. Sin embargo, las denuncias contra los proyectos de energía eólica están aumentando, y todas se hicieron después de 2012. La mitad de las empresas de energía eólica con las que nos comunicamos aún no se han comprometido a consultar a las comunidades locales.

En lugar de solo presionar a las empresas después de que se cometen las violaciones de derechos humanos, las comunidades mundiales de derechos humanos y medio ambiente, junto con el sector empresarial y los gobiernos, tienen la oportunidad de colaborar de forma proactiva para evitar violaciones en el futuro. Algunas maneras en las que podemos ayudar son:

• Pedir que las voces de los trabajadores y los miembros de las comunidades afectadas ocupen un lugar central en las políticas empresariales y gubernamentales que apoyan las energías renovables. Con demasiada frecuencia, las personas más afectadas por los proyectos de energías renovables quedan fuera de la toma de decisiones. La comunidad de derechos humanos puede ayudar solicitando que se elaboren planes de transición justos con los trabajadores de la industria de combustibles fósiles, así como procesos de licitación transparentes para los proyectos de energías renovables en los países en desarrollo. Desde el punto de vista empresarial, los activistas deben solicitar a las empresas que colaboren con las comunidades y los trabajadores para desarrollar procesos rigurosos de diligencia debida y mecanismos de quejas. Incluir las voces de las personas afectadas desde el principio dará como resultado proyectos más sostenibles y respetuosos de los derechos. Además, es importante recordar a las empresas que los derechos humanos no son solo el deber negativo de no violar los derechos de otras personas; también son la obligación positiva de fomentar un entorno seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, como se enfatiza en el informe reciente del Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

• Asegurar que el respeto de los derechos humanos en el sector de las energías renovables sea parte de nuestras actividades de defensa y promoción en materia de cambio climático. Un enfoque de derechos humanos para enfrentar el cambio climático incluye tanto la transición rápida al uso de energías renovables como la atención a cómo se lleva a cabo. Las agrupaciones ambientalistas y de derechos humanos pueden aportar sus diferentes habilidades y conocimientos a fin de ejercer presión de manera colectiva para que el sector de las energías renovables respete los derechos y para asegurarse de que este tema no quede fuera de las acciones y las políticas para combatir el cambio climático.

• Presionar al sector de las energías renovables para que los derechos humanos ocupen un lugar central en su práctica. Los defensores de los derechos pueden trabajar directamente con las empresas para ayudarles a adoptar y comunicar políticas de derechos humanos y prácticas de diligencia debida en consonancia con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, a realizar evaluaciones de los efectos sobre los derechos humanos para cada proyecto y a garantizar que realmente se implementen sus políticas y compromisos en materia de derechos humanos. Algunas empresas, incluidas Statkraft y Vestas, ya comenzaron a integrar los derechos humanos en sus procesos de diligencia debida; es el momento de que las demás sigan su ejemplo. Algunos temas cruciales para los proyectos de energías renovables son: realizar consultas comunitarias antes de empezar un proyecto y respetar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, respetar los derechos territoriales, garantizar acceso continuo al agua no contaminada para las comunidades locales y proporcionar una compensación justa por la pérdida de tierras y medios de subsistencia.

• Abogar por la adopción e implementación de rigurosas salvaguardas de derechos humanos para los proyectos financiados por donantes e instituciones financieras internacionales. Los gobiernos donantes y las instituciones financieras internacionales están impulsando con gran ímpetu la transición a las energías renovables, también en el contexto de ampliar el acceso a la electricidad. Estos esfuerzos, como Sustainable Energy for All (Energía Sostenible para Todos), Africa Renewable Energy Initiative (Iniciativa de Energía Renovable de África) y Power Africa, deben garantizar que se analicen cuidadosamente los proyectos a los que apoyan para detectar los posibles efectos sobre los derechos humanos y exigir a las empresas beneficiarias que adopten las mejores prácticas en la protección de estos derechos. La comunidad de derechos humanos puede ayudar al seguir presionando a los mecanismos internacionales de financiamiento para que garanticen que el respeto de los derechos humanos sea una condición básica para recibir fondos.  

A medida que el movimiento ambientalista promueve la transición rápida hacia las energías renovables, los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos tienen la oportunidad de ayudar a incorporar los derechos humanos durante este momento clave de inversión, para así garantizar una fuente de energía genuinamente “limpia”. La adopción de políticas y prácticas de derechos humanos rigurosas por parte de las principales empresas de energía renovable podría proporcionar el impulso necesario para influir en la industria, pero es necesario que una sociedad civil fuerte y unida impulse este cambio.