Una mujer espera en un pasillo del área de Cuidados Intermedios del Hospital Público de Rivera, en Rivera (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo
En marzo de 2020, el gobierno uruguayo declaró el estado de emergencia e implementó un conjunto de acciones para evitar que la covid-19 se expandiera por el país. Sin embargo, algunas de estas disposiciones, especialmente las adoptadas por los proveedores de salud privados y públicos, tuvieron un gran impacto negativo en las mujeres uruguayas y en la calidad de atención materna, como la falta de controles médicos presenciales y la prohibición de tener un acompañante durante el parto o una cesárea.
Se registraron situaciones como estas en todo el mundo, como lo demostró la Confederación Internacional de Parteras, que expresó su preocupación por la introducción de protocolos inadecuados para el manejo del embarazo, el parto y la atención postnatal en respuesta a la pandemia de la covid-19 en todo el mundo. Algunos de estos protocolos, que violan los derechos humanos de las mujeres, de sus bebés y de sus parteras, no se basan en pruebas acreditadas actuales y son perjudiciales para las mujeres y sus bebés.
En una declaración pública realizada en respuesta a estos protocolos, varias organizaciones expresaron su preocupación por: “el incremento de situaciones en las cuales se prohíbe u obstaculiza a las mujeres gestantes el acompañamiento en controles prenatales, estudios ecográficos y durante las cesáreas; y el creciente maltrato verbal y hostilidad, desde comentarios despectivos hasta abuso de poder hacia las mujeres gestantes y sus referentes emocionales, incluso en algunos casos puntuales hacia niños y niñas de su entorno familiar”
Durante 2021, a pesar de los esfuerzos de grupos activistas y defensores de los derechos humanos, en Uruguay se siguen denunciando con frecuencia violaciones a las mujeres embarazadas, tal como lo manifestó la organización Gestar Derechos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento uruguayo.
Los derechos de las mujeres y la salud materna durante la pandemia
Expertos en estos temas señalaron que la pandemia ha alterado drásticamente la prestación de servicios de salud materna y neonatal. Según el Oxford Human Rights Hub, “se están utilizando diferentes métodos para hacer frente a la pandemia en todo el mundo. Las respuestas muestran que, a pesar de las pruebas actuales y las directrices de la OMS, en una crisis, las violaciones estructurales de los derechos de las mujeres pueden convertirse rápidamente en la norma, justificadas como necesarias para contener la epidemia”. Algunas de ellas son: negar a las mujeres el derecho a un acompañante o a visitas durante el parto, someterlas cada vez más a inducciones (forzadas) y cesáreas sin indicación obstétrica, y separarlas de sus bebés, entre otras.
En Estados Unidos, la responsabilidad de los dirigentes gubernamentales es garantizar que las limitaciones de recursos no conduzcan a un nivel de atención inferior y a abusos de los derechos humanos en los entornos de atención sanitaria materna. Así lo afirmó el Centro de Derechos Reproductivos, ya que “algunas instituciones estaban aplicando políticas que entran en conflicto con los principios de derechos humanos y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, como la prohibición de que las pacientes en trabajo de parto elijan a una persona de apoyo para que las acompañe y la separación de los recién nacidos de las madres infectadas con covid-19. Esto se sumó a las inducciones del parto, las intervenciones en el nacimiento y las altas hospitalarias tempranas”.
Según los expertos en parto humanizado, este tipo de medidas también se han implantado en muchos países latinoamericanos y en España. En su opinión, estos procedimientos no sólo irrespetan la dignidad humana al negar los derechos de las mujeres, sino que tampoco se basan en la evidencia. Sadler et al. afirmaron: “Y lo que es peor, están causando daño, estrés y miedo, ya que muchas mujeres embarazadas no sólo tienen miedo de contraer covid, sino también de ser obligadas a realizar intervenciones obstétricas innecesarias, o de ser separadas de sus parejas y recién nacidos durante y después del parto. Todo ello puede tener efectos a largo plazo en la salud mental de la madre y el niño”.
Lo que ocurre en Uruguay
La Organización Mundial de la Salud afirma que todas las mujeres embarazadas, incluidas las que tienen infecciones confirmadas o posibles de covid-19, tienen derecho a una experiencia de parto segura y positiva, lo que incluye tener un acompañante de su elección presente durante el parto. Además, en muchos casos, estas mujeres no necesitan dar a luz por cesárea, que sólo debe realizarse cuando esté médicamente justificado.
Sin embargo, en Uruguay, el “Grupo de Humanización del Parto en Uruguay” emitió un comunicado público en su página de Facebook en el que afirma estar “desbordado” por la cantidad de mujeres que se han puesto en contacto con ellos para denunciar que los hospitales del país les han prohibido estar acompañadas por una persona de su elección durante los estudios ecográficos, el parto y el nacimiento. El post ha recogido cientos de testimonios en el hilo de comentarios de mujeres de todo el país, tal y como señala Human Rights in Childbirth.
Estos procedimientos no sólo irrespetan la dignidad humana al negar los derechos de las mujeres, sino que tampoco se basan en la evidencia.
Según Open Democracy, las mujeres que han dado a luz en Latinoamérica durante la covid-19 se han enfrentado a una creciente presión para que se les practique una cesárea. La investigación también encontró numerosos informes de maltrato a las mujeres en trabajo de parto, prohibiciones a acompañantes de parto y negativas del personal médico a tratar a las mujeres durante las emergencias, a pesar de las leyes en muchos países contra la “violencia obstétrica” y la “medicalización abusiva”. Este estudio incluye a Uruguay.
También se ha demostrado que las medidas de mitigación de la pandemia de la covid-19 agravaron los efectos de la “sindemia” global —la combinación de dos o más variables que crean efectos peores— en el proceso reproductivo de los sectores sociales más vulnerados en sus derechos. Según un estudio realizado en el hospital materno de referencia en Uruguay, estos efectos pueden incluir una mayor incidencia de nacimientos prematuros, bebés de bajo peso al nacer y fetos pequeños en gestación.
Activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones han desempeñado un papel importante en la denuncia y puesta en evidencia de estos efectos sobre los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio en todo el mundo y en nuestro país.
Es necesario que las políticas implementadas durante la pandemia de la covid-19 o cualquier otra amenaza sanitaria de este tipo respeten los derechos humanos de las mujeres y de los recién nacidos, y que evitemos que estas experiencias irrespetuosas con la salud materna se repitan en una futura crisis mundial.