Así como la desigualdad social ha sido históricamente la antítesis de los derechos humanos, la desigualdad global en el acceso a las vacunas contra el coronavirus es la antítesis de los derechos humanos a escala global. Siguiendo el término propuesto por Jayati Ghosh en su contribución a esta nueva serie Up Close de OGR, la inequidad global es tal que estamos ante un “apartheid” de vacunas que constituye una afrenta a los derechos humanos y está llevando a sufrimiento y muertes masivos y evitables alrededor del planeta. Como en otros informes y campañas de derechos humanos, los artículos de esta serie usan la definición genérica de ese término (para describir y denunciar las desigualdades profundas en el acceso a las vacunas), en lugar del significado especializado que tiene en el derecho penal internacional.
Al inicio de la pandemia, se esperaba que el coronavirus fuera el gran igualador: la intervención inesperada de un organismo no humano que podría llevar a los humanos a aceptar que somos igualmente vulnerables y que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Hasta ahora, el efecto ha sido otro. En lugar de gran igualador, el virus ha sido el “gran revelador”. Ha dejado a la vista las fracturas y desigualdades globales que se resumen en las cifras sobre el acceso a las vacunas.
El siguiente gráfico, construido por Sebastián Villamizar Santamaría, revela el apartheid de las vacunas. Como se ve en el gráfico, las distancias son profundas no sólo entre las regiones del norte global, sino entre los países de regiones como América Latina, Asia y Europa. Entre más anchas las barras, mayor es la variación de vacunación entre países de cada región. Y entre más a la derecha estén, mayor es el porcentaje de personas vacunadas.
Desde un ángulo de derechos humanos, estas inequidades significan violaciones de normas fundamentales sobre la dignidad humana, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Como escriben Jackie Dugard, Jeff Handmaker y Bruce Porter en su contribución a esta serie, “independientemente de los debates sobre el equilibrio correcto entre las patentes y la innovación, por un lado, y la disponibilidad de medicamentos para fines de salud pública, por otro, los derechos humanos internacionales ofrecen una plataforma fundamental tanto para comprender las violaciones como para abordar las enormes desigualdades mundiales en el acceso a las vacunas”.
Los responsables son actores estatales como los gobiernos de países productores que las han acaparado o las han usado para practicar una “diplomacia de las vacunas” con fines geopolíticos. También lo son las compañías farmacéuticas que han continuado defendiendo un sistema indefendible de patentes y propiedad intelectual, como muestra Tatiana Andia en su artículo para la serie.
Pero los orígenes y las soluciones al apartheid de las vacunas no son sólo un asunto de derechos humanos. Como lo dicen Alicia Yamin y Paul Farmer en su artículo, son fundamentalmente un problema de economía política y justicia global. En palabras de Yamin y Farmer, “incluso ahora, un año después de que la covid-19 fuera declarada pandemia mundial, los mayores obstáculos para la justicia sanitaria no provienen de un nuevo patógeno, sino de las fuerzas patógenas de la apatía, el cinismo, la marginación y la amnesia histórica que nos llevan a aceptar el sufrimiento de los pobres como desgracias inevitables que hay que soportar, en lugar de injusticias que hay que remediar.”
Los artículos van más allá de denunciar el problema. Defienden soluciones que atiendan la emergencia sanitaria actual y prevengan otras futuras. Los autores discuten medidas inmediatas como el levantamiento de las patentes sobre las vacunas, que movimientos sociales y países como Sudáfrica e India venían exigiendo y que ahora está siendo considerada seriamente en el seno de la Organización Internacional del Comercio, tras el respaldo del gobierno Biden a la iniciativa. Pero abrir el candado de la propiedad intelectual por razones humanitarias y de derechos humanos no sería suficiente. Como lo muestran los autores, es necesario transferir la tecnología y ampliar las instalaciones para producir las vacunas alrededor del mundo. Sólo así se podrían fabricar oportunamente los 11 billones de vacunas que son necesarias para salir de la pandemia y se podrían producir equitativamente las vacunas del futuro.
Sin esas y otras medidas que transformen la economía política de las vacunas y la salud, la respuesta a esta pandemia y a próximos desafíos globales seguirán la misma ruta que subyace el apartheid actual: una combinación de nacionalismo y diplomacia oportunista. Uno y otra están basados en la lógica de la propiedad y la caridad, según la cual el derecho es de quien puede pagar y la solidaridad no es un deber sino un regalo. Es una lógica no sólo injusta e ilegal, sino también miope. En efecto, deja a la humanidad vulnerable a futuras pandemias, y permite que el virus siga reproduciéndose y ponga en riesgo aún a los habitantes de los países con acceso adecuado a las vacunas.
En momentos en que la comunidad internacional se comienza a preparar para conmemorar los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aún hay tiempo para rectificar una de sus antítesis más visibles y urgentes: el apartheid de las vacunas.