Foto: Wikimedia/Ronline-commonswiki
Actualmente, Rumania está en el lugar 35 de 49 países europeos evaluados por ILGA Europa en función de sus políticas y leyes de igualdad para la comunidad LGBT. Aunque Rumania adoptó leyes antidiscriminatorias en el año 2000 y despenalizó las relaciones con consentimiento entre personas del mismo sexo en 2001, el Parlamento modificó el código civil para descartar el matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2008. Sin embargo, un referéndum celebrado en 2018 para elevar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel constitucional fracasó.
De hecho, la sociedad civil ha apoyado activamente los derechos humanos para las personas LGBT en la región, desde varias organizaciones LGBT hasta los aliados en el movimiento de derechos humanos y otros movimientos. Ha habido casos exitosos en Rumania, como el de MC y AC vs. Rumania, donde se determinó que las autoridades rumanas no realizaron una investigación efectiva por delito de odio en el caso de dos jóvenes que fueron golpeados brutalmente después de asistir al PRIDE de Bucarest en 2006. Otro caso es ACCEPT vs. CNCD (C-81/12), el primer caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la no discriminación por motivos de orientación sexual en relación con la contratación laboral. La sentencia declaró que las sanciones contra la discriminación tienen que ser eficaces, disuasorias y proporcionales, a fin de evitar más discriminación.
En junio de 2018, el Tribunal de Justicia europeo en Luxemburgo emitió una sentencia que reconocía los matrimonios entre personas del mismo sexo para fines de la libertad de circulación en la UE, lo que fue una victoria importante para los derechos LGBT en Europa del Este y Central. Este caso lo presentamos yo, Adrian Coman, ciudadano rumano, mi esposo, Clai Hamilton, un ciudadano estadounidense al que se le negaron los derechos de residencia en Rumania porque el código civil no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo, y la asociación LGBT ACCEPT en Rumania.
El caso fue aclamado como una victoria, como un ejemplo clásico de litigio estratégico utilizado para impugnar una ley nacional restrictiva. Pero para nosotros, se trató de una batalla legal que duró más de cinco años y que aún no termina. Además, la situación se volvió aún más intensa porque el caso se desarrollaba en los tribunales en el contexto de una conflictiva campaña conservadora para elevar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el código civil al nivel de la Constitución.
Iustina Ionescu y Romanita Iordache, abogadas de ACCEPT, presentaron la solicitud inicial ante un tribunal local en Rumania en noviembre de 2013, alegando discriminación en virtud de la libertad de circulación de la Unión Europea, la cual exige que todos los Estados miembros otorguen la residencia a los cónyuges de los ciudadanos de la UE que no tengan su propia ciudadanía o residencia europea, cuando el ciudadano de la UE ejerce sus derechos de libre circulación. También afirmaron que violaba la protección igualitaria del derecho a la vida privada y familiar consagrada en la Constitución rumana. En 2016, el Tribunal Constitucional de Rumania remitió el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE); esta fue la primera ocasión en la que el Tribunal tomó dicha medida. En junio de 2018, el TJUE dictaminó a nuestro favor e informó al Tribunal Constitucional de Rumania que el término “cónyuge” incluye a las parejas del mismo sexo en virtud del principio de libertad de circulación. En otras palabras, todos los Estados miembros de la UE deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados en otro Estado miembro, para fines de libre circulación.
En el momento en que el TJUE emitió su sentencia, 14 Estados miembros de la UE ya reconocían los matrimonios entre personas del mismo sexo y 22 Estados miembros ya otorgaban derechos de residencia a las parejas del mismo sexo.
Tras la decisión del TJUE, el Tribunal Constitucional de Rumania, aunque no derogó las disposiciones del código civil, aclaró que estas disposiciones deben aplicarse a la luz de la decisión del TJUE. Además, la sentencia reconoció que las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho a la vida privada y familiar que las parejas heterosexuales en Rumania, citando las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa).
La sentencia del TJUE es particularmente importante en seis países que no tienen ningún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo: Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumania, Polonia y Eslovaquia. Antes de que transcurrieran seis meses a partir de la decisión del TJUE, los tribunales de tres de estos países, además de Rumania, se basaron en la decisión del TJUE sobre nuestro caso. En Bulgaria, un tribunal de primera instancia dictaminó que una mujer australiana tenía derecho a la residencia, después de mudarse allí con su esposa francesa (posteriormente, el gobierno apeló la sentencia). En Polonia, el Tribunal Administrativo Supremo reconoció el acta de nacimiento de un niño nacido en el Reino Unido, en el que se registraba como padres a sus dos madres polacas, casadas en el Reino Unido. Y en Lituania, el Tribunal Constitucional dictaminó que era discriminatorio denegar permisos de residencia a los cónyuges de ciudadanos homosexuales lituanos que se habían casado en el extranjero. En términos generales, lo que ayudó en nuestro caso fue que la cuestión se refería a la libertad de circulación en la UE, un problema que preocupa a muchos rumanos.
Además, la estrategia mediática fue muy importante. El asesor de medios de ACCEPT, Teo Rotaru, se aseguró de que los reporteros estuvieran completamente informados antes de entrevistarnos a nosotros y a nuestros padres. Hablamos sobre la posibilidad de preguntas indiscretas y de las experiencias que podíamos contar, particularmente en lo que se refiere a la violación de nuestros derechos por parte del Estado. Nos aconsejaron ser abiertos y sinceros sobre quiénes somos y por qué necesitamos la misma protección legal. En consecuencia, tuvimos una cobertura positiva en los medios, incluso en los canales de televisión más conservadores.
Finalmente, el caso contó con el apoyo del Organismo Rumano de Igualdad, el primer organismo de igualdad en comparecer ante el TJUE, y de diferentes ONG en Rumania (como la Anti-Discrimination Coalition) y a nivel de la UE (Como ILGA Europa), que presentaron informes jurídicos ante el Tribunal Constitucional de Rumania. También recibimos apoyo legal, todo pro bono, del profesor Robert Wintemute y White and Case.
Si bien el resultado del caso se logró a partir de mucha energía y esperanza, no utilizo el término “litigio estratégico”, porque sugiere que estábamos preparando un caso para cambiar las leyes, en lugar de la realidad de nuestro problema específico que necesitaba una solución. Creo que este término, en nuestro caso, ignora la conexión humana que fue fundamental para el proceso.
No habría sido lo mismo si Clai y yo no hubiéramos acudido a las audiencias judiciales, o si yo no hubiera podido hablar ante el Tribunal Constitucional. De hecho, el presidente del Tribunal, un hombre que no es conocido como una persona muy liberal o a favor del cambio, me dio las gracias al final y me dijo que, independientemente de la decisión, agradecía mi sinceridad con ellos. Creo que esta conexión humana con los jueces y los medios de comunicación fue muy importante, y probablemente refleja que la vida y los derechos humanos son complejos y no solo una cuestión de leyes.
Esperamos que nuestro caso contribuya a que haya más avances en Rumania, especialmente la adopción de una ley de unión civil, para parejas heterosexuales y homosexuales, a fin de garantizar la protección de la ley para todas las familias. Idealmente, los tribunales y los legisladores de otros países reconocerán a nuestras familias y nuestra humanidad y, al final, verán nuestra diversidad humana como un valor y no como una amenaza.
Esta historia no es el final de la lucha por la igualdad LGBT en Rumania, y nuestra experiencia sigue alentando a las parejas a pedir el apoyo de ACCEPT ante los tribunales, a fin de obtener la protección adecuada para sus derechos como familia. Esperamos ser una inspiración para otros rumanos que no se conformen con el rechazo rotundo de las autoridades y que reclamen el respeto de su dignidad humana.