La experiencia y la reputación de Amnistía Internacional (AI) se han desarrollado en torno a los dos pilares de la investigación y la acción. Sin embargo, mientras luchamos por avanzar en la promoción de reformas en materia de derechos humanos, también hemos recurrido cada vez más a los tribunales. Hace veinte años, AI Canadá se presentaba en los tribunales quizás una vez cada dos o tres años, mientras que ahora usualmente tenemos 10 o 12 casos activos en una amplia gama de temas (donde desempeñamos el papel de solicitante en una demanda, interviniente en una audiencia de apelación o parte en una investigación judicial, entre otras formas de participación). Este es un cambio importante para AI. Los siguientes son algunos de los factores que tenemos en cuenta al configurar nuestras estrategias jurídicas.
Fundamentar los casos en nuestro trabajo
Los casos que tomamos tienen que ver con temas en los que ya estamos trabajando. La misión de AI abarca toda la extensión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, pero las prioridades y la especialización cambian con el tiempo. Y hay algunos temas de derechos humanos de los que nuestras investigaciones y campañas simplemente no se han ocupado; el derecho al voto es un claro ejemplo. Por más tentador que resulte involucrarnos tan solo porque el caso se trata de un tema de derechos humanos fascinante o novedoso, nuestros esfuerzos serán sin duda más significativos, y tendremos más posibilidades de obtener el estatus de tercero interviniente o la legitimación, si este se deriva del trabajo que ya estamos llevando a cabo.
Ser congruentes con otras estrategias
Algo que va de la mano con el primer punto es garantizar que haya congruencia entre nuestras diversas estrategias, ya sean de investigación, campañas, educación pública, incidencia de alto nivel o divulgación a los medios. ¿Cómo puede el litigio impulsar los esfuerzos en esas otras áreas, y viceversa? Esto puede implicar atenuar una campaña relacionada cuando el tema se está viendo ante los tribunales o intensificar los esfuerzos de incidencia de alto nivel a medida que se acerca el día de una audiencia. O puede implicar precisamente lo contrario. Cualquiera que sea el panorama general, el objetivo es garantizar la coherencia.
Determinar si se debe intervenir o iniciar
En general, la mayor parte de nuestro trabajo jurídico ha sido como tercero interviniente en casos que fueron iniciados por otros actores. Aunque el litigio cada vez es una parte más importante de nuestro trabajo, sigue siendo una estrategia secundaria y no tenemos la capacidad de ser el demandante o apelante principal en una docena de casos. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que sea esencial iniciar una acción judicial, especialmente si a las personas o comunidades afectadas les resultaría demasiado difícil o peligroso hacerlo, y cuando exista una posibilidad razonable de que se nos otorgue la legitimación de interés público. AI se unió a otros aliados de la sociedad civil para iniciar procesos judiciales contra el gobierno canadiense en 2007, en los que se impugnaba la práctica de transferir a los prisioneros detenidos durante las operaciones militares en Afganistán a manos de los servicios de seguridad afganos, a pesar del riesgo de tortura. También lo hizo en 2006, y nuevamente en 2016, para impugnar el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos, con el que los puestos fronterizos canadienses oficiales quedan cerrados a los solicitantes de asilo que llegan por tierra desde los Estados Unidos.
Estar conscientes de las trampas
Es fácil apresurarse a intervenir en un caso porque el asunto legal en cuestión es trascendental para los defensores de derechos humanos. Pero eso no significa que sea la opción más sensata. Puede haber factores contrapuestos a considerar, especialmente cuando están en juego derechos humanos contradictorios. Las organizaciones se enfrentaron a este desafío cuando tuvieron que decidir si intervenían en la apelación ante la Corte Suprema de Canadá en el caso Badesha. En él, se trató la importante cuestión de confiar en las garantías diplomáticas ante el riesgo de tortura o malos tratos en los casos de extradición, pero la extradición en sí concernía a dos personas acusadas de haber cometido lo que se conoce como un homicidio por motivos de honor en India. También existe la preocupación constante de que los datos poco sólidos lleven a una mala aplicación de la ley.
Basarse en la asesoría jurídica pro bono
AI Canadá siempre ha podido contar con abogados que trabajan pro bono. Entre ellos se encuentran muchos de los mejores abogados del país en sus campos correspondientes. No cabe duda de que la representación pro bono es crucial debido a las restricciones de financiamiento. Sin embargo, eso también significa que, por lo general, los abogados que se involucran lo hacen porque tienen un interés y compromiso particularmente vivos con respecto a las cuestiones en juego. Además, ayuda a fomentar una cultura pro bono cada vez más amplia y profunda en la profesión jurídica, genera oportunidades enormes para que los abogados jóvenes puedan desempeñar papeles importantes y profundiza los conocimientos especializados en materia de derechos humanos en un sector más diverso de abogados.
Colaborar con otras partes
Siempre resulta muy provechoso ocuparse de los casos en colaboración con otros grupos e incluso con los mismos solicitantes individuales. Las acciones judiciales que promovió Amnistía Internacional en 2006 y, más recientemente, en 2016 en contra del Acuerdo de Tercer País Seguro entre EE. UU. y Canadá incluyeron a personas que habían tratado de presentar solicitudes de asilo en los cruces fronterizos oficiales y fueron rechazadas. Litigar junto con otras agrupaciones de la sociedad civil ayuda a compartir la carga de trabajo y los riesgos financieros (si el caso fracasa, se puede imponer el pago de costos, aunque sean mínimos). Los tribunales que buscan maneras de limitar la cantidad real de intervenciones ven con agrado la colaboración, y la diversidad enriquece la calidad de las intervenciones.
Respetar los derechos y deseos de los demandantes
En Canadá, AI solo interviene en un caso si la persona o comunidad que es parte principal en el caso indicó que apreciaría nuestra participación. Independientemente de la trascendencia que pueda tener un caso específico en el posible establecimiento de precedentes importantes en materia de derechos humanos, en última instancia se trata, ante todo, del derecho de esa persona o de esa comunidad a recurrir a la justicia y buscar reparación por daños causados a los derechos humanos. Y, en nuestra opinión, la decisión de qué otras partes pueden o no involucrarse debe estar en sus manos.
Tener en cuenta el panorama general
Es importante tener una visión global: ¿es este el mejor de los casos, ante el tribunal más favorable, en el momento más estratégico, para buscar establecer un precedente en particular o una nueva máxima jurídica de derechos humanos? Dado el alcance internacional de AI, tenemos la ventaja de poder comparar las probabilidades de éxito en diferentes jurisdicciones. Por supuesto, las estrategias no siempre se alinean de una manera tan clara y evidente, y hay casos que se deben tomar a medida que surgen. Pero siempre es buena idea esforzarse por mantener una visión general más amplia.
Tener en cuenta las “triunfos” fortuitos
Cuando se toma un caso, el objetivo evidente es ganar, pero hay otros posibles “triunfos” a tener en cuenta, incluso si el caso en sí fracasa. Por ejemplo, la divulgación obligada de documentos puede revelar información importante que de otra manera no habría estado en el registro público, las peticiones preliminares pueden establecer precedentes útiles sobre cuestiones como cuándo se debe otorgar la legitimación de interés público y la sentencia puede respaldar las opiniones y observaciones finales de los órganos de derechos humanos de la ONU creados en virtud de tratados. Además, la otra parte podría tomar medidas para mejorar sus políticas con el fin de evitar una audiencia plena. En la acción judicial contra la estrategia de Canadá para la transferencia de prisioneros en Afganistán, el ejército canadiense negoció un acuerdo mejorado con el gobierno afgano después de que se inició el proceso judicial.
Una reflexión final: el impulso y el imperativo de recurrir a los tribunales inevitablemente aumentará y disminuirá en respuesta al contexto político, económico y social más amplio que prevalezca en ese momento. Dirigirse a los tribunales no siempre es la manera más rápida de lograr cambios, sobre todo si es probable que un caso quede estancado en una serie de peticiones preliminares y que en última instancia pase por uno o dos niveles de apelación. Pero cuando las estrategias de defensa y promoción se ven frustradas, en particular cuando se enfrentan a un gobierno que se resiste a las propuestas de reforma en materia de derechos humanos, es posible que los tribunales no solo sean la mejor opción, sino tal vez incluso la única opción disponible. Sin duda, en el contexto político mundial actual, así ocurrirá cada vez con más frecuencia en varios países.