Catástrofe socioambiental provocada pelo rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG) en 2019. Felipe Werneck/Ibama (CC BY-SA-2.0)
Catástrofe socioambiental provocada pelo rompimento de barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG)
En los últimos años, Brasil se ha visto afectado por dos devastadoras catástrofes de presas mineras. En 2015, una presa de relaves que transportaba residuos líquidos fuera del complejo minero Samarco Mariana, en el estado de Minas Gerais, se derrumbó, lo cual provocó la muerte de 19 personas y esparció contaminantes a lo largo de 600 kilómetros por el río Doce hasta el océano Atlántico. En 2019, una presa de relaves de la mina de hierro Córrego do Feijão, en Brumadinho, también en Minas Gerais, se rompió. Esta vez, murieron 270 personas y se vertieron millones de toneladas de residuos tóxicos en los alrededores.
Pero en lugar de endurecer las normas relativas a las presas de residuos mineros, el gobierno brasileño está tratando de relajarlas.
En mayo, la Cámara Baja del Congreso aprobó la Ley de Licencias Ambientales, que actualmente está siendo examinada por el Senado del país. Si se convierte en ley, permitirá a las empresas conceder licencias para sus propios proyectos de agricultura, construcción de carreteras, infraestructuras y minería y, en algunos casos, renunciar a las licencias.
Este nuevo proyecto de ley significaría que algunas presas ya no requerirían licencias ambientales, lo cual aumentaría el miedo con el que muchas personas ya viven a diario, así como la probabilidad de que se produzcan más catástrofes en las presas de Brasil.
En Minas Gerais, el corazón minero de Brasil, hay más de 20 presas de residuos mineros en estado de emergencia, y la ansiedad por las catástrofes es aguda entre quienes viven cerca de ellas.
La Ley de Licencias Ambientales pone de manifiesto un problema más amplio para las empresas (y sus inversores) de todo el mundo: no pueden esconderse detrás de leyes nacionales que brindan una protección endeble (o nula) contra los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos asociados a sus operaciones.
A menudo, es sorprendente que estas violaciones sean consistentes, a pesar de producirse en diferentes rincones del mundo. En los estudios recientes que nuestros socios y nosotros hemos llevado a cabo acerca de las industrias extractivas en Brasil, Nigeria y Kazajstán, el patrón es claro: las comunidades que viven cerca de las operaciones de minería, petróleo y gas rara vez se benefician de ellas.
Por el contrario, su entorno se degrada, su aire y su agua se contaminan, y sus medios de vida y su salud se resienten, ya que la riqueza de estos recursos naturales se canaliza hacia una pequeña minoría.
Un ejemplo de este sufrimiento generalizado se documenta en nuestro último estudio, sobre Minas-Rio en Minas Gerais, la novena mina de hierro más grande del mundo, que es propiedad de Anglo American y está gestionada por ella. Descubrimos que la mina está causando escasez de agua, pérdida de medios de vida y ansiedad por la salud y los desastres entre los residentes cercanos, mientras que proporciona pocos beneficios visibles a nivel local a partir de los impuestos o regalías de la minería.
Las comunidades que viven cerca de las operaciones de minería, petróleo y gas rara vez se benefician de ellas.
“Es como si no existiéramos”, dijo una residente, Ana (nombre ficticio), que hacía eco de un sentimiento común. “Si los funcionarios del gobierno nos vieran realmente como personas afectadas por la minería, no estaríamos viviendo [así]. Es como si no hubiera gente en nuestra comunidad”, dice.
Ana y su familia viven a un kilómetro de la presa de residuos de Minas-Rio y tienen un miedo casi constante a que se rompa. “Dormimos con miedo, nos levantamos con miedo. Es un miedo infinito”, dice. “Vivimos con contaminación auditiva las 24 horas del día. También está el hedor de la presa, que es muy fuerte… Antes de la mina había una cascada, un río. Hoy ya no existe. El río está contaminado, [no hay] peces”, dice.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Una forma de abordar estos problemas es a través de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE), el estándar global para la gestión abierta y responsable de los recursos naturales. La norma de la ITIE también puede ayudar a garantizar que las leyes nacionales impidan los abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos, en lugar de (como es el caso actual de Brasil) permitirlos.
Desde enero de 2021, los 55 países miembros de la ITIE (entre los que no se encuentra Brasil) deben hacer públicos todos los nuevos contratos con empresas mineras, petroleras y de gas según la norma de la ITIE.
La aplicación de la ITIE, aunque no es una solución milagrosa, puede ayudar a levantar el velo de secretismo que envuelve los contratos de petróleo, gas y minería, y dar a los ciudadanos una mayor participación en la gestión de sus países para la extracción de sus recursos naturales. Esto, a su vez, puede mejorar la forma de gobernar estas industrias.
Sin embargo, cuando se acerca el primer aniversario del requisito de transparencia de los contratos de la ITIE, muchos países siguen sin abrir estos acuerdos legales al escrutinio público.
Más allá de la norma de la ITIE, las empresas también deben tomar sus propias medidas para garantizar que quienes viven cerca de sus operaciones no sufran a causa de ellas. Las recomendaciones de nuestro informe destacan las medidas clave que Anglo American y otras empresas mineras podrían tomar, independientemente de las leyes del país anfitrión o de las iniciativas internacionales, para garantizar que no perjudiquen a las poblaciones locales.
Por ejemplo, antes de embarcarse en nuevos proyectos extractivos, las empresas deberían llevar a cabo y publicar evaluaciones exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos y garantizar siempre la consulta previa, libre e informada de las comunidades locales, estén o no reconocidas legalmente como pueblos Indígenas, tal y como lo defiende el Consejo Internacional de Minería y Metales, del que forman parte Anglo American, BHP y el Grupo Río Tinto.
Además, las empresas que explotan los proyectos mineros actuales deben publicar y consultar a nivel local los informes sobre el impacto en los derechos humanos, con nuevas evaluaciones cada tres años.
Sin embargo, en última instancia, el derecho de los ciudadanos y las comunidades a decidir si se explotan o no los recursos no renovables de sus países debe incluir también la libertad de decir “no” a la extracción. Los gobiernos y las empresas anfitrionas deben respetar este derecho.
En busca de la transparencia: Acabar con la opacidad en el sector extractivo de Brasil - Un estudio de caso de investigación-acción sobre la mina de hierro de Minas-Rio es una publicación conjunta de IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) y la coalición mundial por la transparencia Publish What You Pay.