Hay un conjunto de mitos en torno a los debates sobre la opinión pública y la promoción de derechos humanos que necesitan con urgencia ser derribados; o al menos requieren una explicación honesta. Los defensores de los derechos humanos idolatran la “concientización” como si por sí sola tuviera un efecto mágico para detener los abusos, y estos mitos dan forma a los proyectos que recopilan datos sobre la percepción pública y respaldan las propuestas de estrategias eficaces de encuadre.
Pero la educación no es una panacea para la represión y la desigualdad. La difusión de los abusos es necesaria, pero no es suficiente para protegerse de ellos. Por ejemplo, existen muchos casos recientes de violaciones de derechos humanos cometidas a la vista de todos, con pruebas fotográficas, lo que es un fuerte indicio de que el poder de atestiguar simplemente no es suficiente para detener los abusos. Este dogma fue lo que impulsó a la Coalición Save Darfur (Salvemos a Darfur) a estampar lemas sobre el genocidio en pegatinas y camisetas y llevó a que Invisible Children (Niños Invisibles) tratara de hacer famoso a Joseph Kony. Asimismo, si los datos muestran que hay apoyo público positivo para los derechos humanos, esa información solamente es útil si la opinión pública se lleva a la práctica de manera eficaz. Pensar, saber y ver es muy distinto que actuar, y asumir que existe un detonante causal natural es un cliché peligrosamente común.
Una fe determinada motiva el deseo de difundir el evangelio de los derechos humanos para que sea parte del criterio dominante. Después de todo, lo que alguna vez perteneció exclusivamente al ámbito de los revolucionarios, los abogados y los diplomáticos, ahora es una lengua vernácula mundial para hablar de justicia y libertad: un cambio tremendo que claramente se debe al trabajo de las ONG transnacionales de derechos humanos. No es casualidad que el público en general tenga una opinión sobre los derechos humanos. Los defensores de derechos trabajan con tenacidad para que la gente común conozca el marco de derechos humanos, y así construir una base dentro de la sociedad civil desde la cual operar. Pero ¿en qué beneficia esto a la causa de los derechos humanos?
Dos argumentos ayudan a explicar el poder de la opinión pública para los derechos humanos: el presunto papel de los mecanismos culturales y el de los coercitivos. Los argumentos culturales se basan en el supuesto de que entre más consciente esté el público de los derechos humanos, tendrá menos probabilidades de tolerar las violaciones, y será menos probable que los Estados las cometan. Las tácticas de nombrar y avergonzar ilustran lo anterior: entre más profunda sea la difusión de las normas, más fuerte será la influencia de los defensores. La transformación de las actitudes culturales hacia los derechos humanos tiene el objetivo de causar efectos políticos indirectos, pero cambiar las normas toma mucho tiempo.
El apoyo masivo a los derechos humanos, por otra parte, puede equipar a las organizaciones de promoción con herramientas coercitivas para desplegar en la práctica, es decir los nombres y los cuerpos de sus partidarios. Convertir la opinión popular en un compromiso masivo con los derechos humanos es la verdadera tarea de las ONG. La redacción de cartas de Acción Urgente, por ejemplo, se basa en la noción de que la unión hace la fuerza. Entre más cartas se escriban a favor de una presa política, mayor será la probabilidad de lograr su liberación. Lo mismo ocurre en cuanto a las llamadas de teléfono a los funcionarios electos, las firmas en una petición y los participantes en una manifestación. Mediante la aplicación de presión política directa sobre los violadores, al elevar los costos de la inacción, el apoyo público puede expresar sus características más prometedoras. Los números importan si suponen una amenaza creíble de alteración, como en las huelgas generales o las marchas obstruccionistas. Si la amenaza no existe, simplemente son números en una página.
Pero esto no parece ser tremendamente importante para muchos grupos de promoción, buena parte de los cuales se enfoca cada vez más a hacerse notar a través de medios nuevos y tradicionales, como un sustituto de la acción directa. El énfasis en la publicidad y las redes sociales como plataformas de mensajes para las campañas de derechos humanos refleja una compulsión de reunir seguidores, visitas y likes. El apoyo público generalizado para los derechos humanos a menudo es una bandera falsa: un señuelo que representa un movimiento de masas cuando en realidad solo existe un rebaño unido débilmente. Cuando lo más efectivo sería la acción colectiva, solamente podemos reunir los actos insignificantes de individuos atomizados.
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Many advocacy groups, portraying a compulsion to gather followers, hits and likes, are increasingly geared towards generating buzz through traditional and new media as a substitute for direct action.
Las ONG animan a sus seguidores a que se sientan parte de algo, para vender la imagen de un movimiento democrático, de bases populares.
Sin embargo, Ken Roth de Human Rights Watch sugiere que esta falta de acción colectiva es por diseño y no por defecto. Sostiene que las élites son los principales objetivos del activismo de derechos humanos y que las ONG no deberían molestarse en “construir un movimiento de masas” debido a las limitaciones de recursos. Dada la enorme actividad que Human Rights Watch y muchas otras organizaciones dedican a cultivar audiencias para los contenidos de derechos humanos, parece algo extraño hacer ese comentario. En ese caso, ¿cuál es la función de los millones de seguidores en las cuentas de Facebook, Twitter, YouTube o Instagram de HRW?
Aquí es donde realmente importa la diferencia entre la concientización y la movilización masiva. Después de todo, la difusión es una estrategia clave de muchas ONG destacadas de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, United to End Genocide (Unidos para detener el genocidio), Enough Project (Proyecto ¡Basta!), Invisible Children y Oxfam. Human Rights Watch, de hecho, pide una “membresía”. Pero no se refiere a “miembros” en ningún sentido significativo. Lo que realmente quiere decir es “donantes”. Y esto no es una gran sorpresa. Las ONG necesitan dinero para funcionar, y los donantes individuales son una importante fuente de ingresos. Así que, si realmente no están construyendo un movimiento de masas, y en realidad solo quieren donantes en vez de emprendedores, ¿para qué molestarse siquiera en hablar en términos de membresía?
Por lo visto, la apariencia de contar con apoyo público es tremendamente importante, incluso para las ONG orientadas exclusivamente hacia el activismo de élites. Las ONG animan a sus seguidores a que se sientan parte de algo, para vender la imagen de un movimiento democrático, de bases populares. La opinión popular, entonces, ofrece a los activistas un barniz a partir del cual pueden operar y que pueden usar como palanca en sus discusiones con las élites: es un sustituto de un movimiento real. Las actitudes del público pueden indicar el número de miembros y demostrar a cuántas personas “les importan” los derechos humanos. Es posible que exista una fuerte correlación entre las cifras de recaudación y la opinión pública, pero debemos tener cuidado con las conclusiones que derivamos. El dinero ayuda a que las ONG lleven a cabo políticas coercitivas, pero no hay que exagerar el grado en que la opinión popular es algo más que un gesto simbólico sobre la aceptación de las normas de derechos humanos.
La opinión pública es un reflejo de la fortaleza y la viabilidad de las normas de derechos humanos si sus defensores trabajan al servicio de la dignidad. Las actitudes populares sobre los derechos humanos no se corresponden necesariamente con la presión para el cambio político. Este mito no es algo que se pueda asumir inmediatamente, ni debe guiar los esfuerzos de promoción por su cuenta. La creación de conciencia en el pensamiento dominante debe considerarse útil solo si se combina con el aparato adecuado para hacer realidad los objetivos de derechos humanos.