A pesar de sus importantes contribuciones a la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad, los campesinos y otras poblaciones rurales de todo el mundo sufren de extrema pobreza, hambre y discriminación, y la situación está empeorando. Desde que comenzaron las discusiones, en 2012, sobre una posible Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, las comunidades rurales han experimentado un aumento en las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales, a la vez que sufren más marginación, abandono, exclusión, empobrecimiento y violencia. Las personas que trabajan para defender los derechos de estas poblaciones enfrentan actos de represión y persecución, como detenciones arbitrarias, privación de libertad, criminalización y asesinatos. Entre la población rural, los pueblos indígenas, las comunidades históricamente discriminadas, las mujeres y las personas sin tierra afrontan desafíos aún mayores. Dada esta realidad global, la necesidad de la mencionada declaración de la ONU es más imperiosa.
A pesar de la vulneración generalizada de los derechos humanos de los campesinos y otras comunidades rurales, hay poca conciencia y preocupación sobre estas violaciones. La ausencia de una reforma agraria basada en los derechos y la falta de inversión adecuada en la agricultura y los medios de subsistencia rurales, junto con las repercusiones del cambio climático, han contribuido a una crisis agraria aguda. Esto también ha llevado a que los agricultores tengan niveles elevados de endeudamiento y privación, lo que ha provocado un aumento en los suicidios en varios países. Es una cruel ironía que quienes alimentan al mundo sufran de hambre y desnutrición. Por lo tanto, existe una necesidad primordial de enfrentar las causas macroeconómicas de esta desigualdad y la perpetuación indiscutida de un orden económico global que promueve la injusticia social.
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Flickr/Prabhu B Doss (CC BY-NC-ND 2.0- Some Rights Reserved)
A pesar del aumento de la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo agrícola, hay una falta de reconocimiento por sus contribuciones.
Con la feminización de la agricultura, ha aumentado la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo agrícola. Sin embargo, en muchos países, las mujeres no son legalmente reconocidas como campesinas o agricultoras, y tampoco se reconocen de forma adecuada sus importantes contribuciones a la seguridad alimentaria, la economía rural y la sostenibilidad ambiental. Además, a las mujeres se les niega la igualdad de derechos a la tierra, a la vivienda, a la propiedad, a la herencia, a la participación, a la información y al acceso a los servicios financieros y el crédito.
Es innegable que los habitantes de las zonas rurales enfrentan graves desafíos relacionados con el acceso, la reivindicación y el mantenimiento de sus derechos a la tierra.
Es innegable que los habitantes de las zonas rurales enfrentan graves desafíos relacionados con el acceso, la reivindicación y el mantenimiento de sus derechos a la tierra. Se calcula que al menos 15 millones de personas son desplazadas por la fuerza de sus hogares y tierras cada año, bajo el pretexto del “desarrollo”. Muchos Estados adquieren tierras por un supuesto “fin de utilidad pública" , un concepto que suele estar mal definido, incluso en las leyes, y que por lo tanto se utiliza ampliamente de forma indebida. Se afirma que los proyectos como las represas, las minas y los puertos se realizan para el cumplimiento de un “fin de utilidad pública”. Sin embargo, por lo general benefician a poblaciones distintas de las que tienen que pagar el precio mediante la pérdida de sus tierras, medios de subsistencia, alimentos, salud, seguridad y hogares. La enajenación de tierras también es la causa fundamental del conflicto social en muchas partes del mundo, pero no se realizan esfuerzos para enfrentarla. Asimismo, los Estados tampoco reconocen el derecho a la tierra de las personas y las comunidades.
Otro gran problema es la falta de inversión suficiente en el desarrollo rural, que lleva a una intensificación del desempleo, la inseguridad y la migración forzada. Además, el supuesto de las políticas globales de que “la urbanización es inevitable” ha dado lugar a una negación de las políticas a enfrentar las causas estructurales de la urbanización desenfrenada y sus repercusiones ecológicas. Esto también ha llevado a un sesgo, con implicaciones presupuestarias, en las políticas urbanas, el cual consiste en no dar atención a la población rural, que constituye la mitad de la población humana. La expansión de la mancha urbana y la adquisición de tierras agrícolas por fuerza exacerban aún más la crisis de seguridad y soberanía alimentaria.
En un intento por responder a muchas de estas preocupaciones, el borrador de la Declaración de la ONU sobre los campesinos reconoce, por primera vez, las necesidades específicas y la marginación persistente de los campesinos y otras comunidades rurales, como un grupo especial que requiere atención urgente. Desarrolla un marco de derechos humanos para protegerlos dentro de un paradigma de desarrollo sostenible y ambiental.
Una aportación muy importante de esta Declaración es su reconocimiento del derecho individual y colectivo a la tierra de las comunidades rurales. Esta disposición ayudaría a ampliar el alcance de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y las Directrices voluntarias sobre la tenencia de la tierra de la FAO. Además, el reconocimiento explícito de la “soberanía alimentaria” y el “consentimiento libre, previo e informado” como principios de derechos humanos es un logro digno de mención.
La Declaración también podría ayudar a subsanar las brechas de implementación en el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por desgracia, a pesar de que son los que menos contribuyen al cambio climático con sus huellas ecológicas reducidas, los pueblos rurales son los más afectados por sus efectos negativos. Una declaración de derechos humanos centrada en las comunidades rurales ayudaría a proteger sus derechos, incluidos los derechos a la reducción del riesgo de desastres, la preparación ante situaciones de desastre, la vivienda adecuada y la rehabilitación. Si bien varios Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen que ver con la tierra, los alimentos, el agua, la desigualdad social y la reducción de la pobreza, esta declaración podría ayudar a contextualizarlos para la población rural dentro de un marco de implementación y vigilancia basado en los derechos humanos.
Sin embargo, hay algunos puntos del borrador de la Declaración que requieren más atención. En primer lugar, sería útil que la Declaración pudiera fortalecer el marco para la prevención de violaciones. Por ejemplo, al establecer la obligación de realizar evaluaciones de impacto con base en los derechos humanos antes de autorizar proyectos en las zonas rurales y desarrollar sistemas de alerta temprana, incluidos para conflictos y para crisis agrarias. La Declaración también debe exigir la regulación de las políticas macroeconómicas, así como los acuerdos de comercio e inversión, para prevenir las violaciones de derechos humanos.
En segundo lugar, la Declaración debe abordar los problemas de falta de reconocimiento de derechos e incorporar un marco más sólido para la restitución y la reparación. Esto implicaría tratar asuntos de “biopiratería” y apropiación de los conocimientos tradicionales e incluir a los grupos omitidos, como los desplazados internos, los refugiados, las personas que viven en situaciones de ocupación y conflicto armado, y los apátridas.
En tercer lugar, la Declaración debe incorporar (o pedir a los Estados que adopten) una definición del “fin de utilidad pública” que esté basada en los derechos humanos, cumpla con el marco internacional de derechos humanos y busque evitar la violación de los derechos humanos de un grupo para beneficiar a otro.
En cuarto lugar, sería provechoso incorporar un enfoque de derechos humanos más sólido para afrontar el cambio climático y sus efectos sobre los campesinos y otras poblaciones rurales, y dar mayor atención a los derechos de las mujeres y los niños a lo largo del texto. En particular, la Declaración debe tener una redacción más contundente en cuanto al trabajo infantil, el matrimonio precoz o forzado y los derechos de las viudas, las mujeres solteras y otras mujeres marginadas.
Por último, todos los Estados deben tomarse este asunto en serio y trabajar en colaboración para finalizar el texto y adoptar pronto la Declaración. Este no es el momento de que los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuestionen los derechos humanos, sino el momento de que demuestren su liderazgo y compromiso con las obligaciones internacionales de derechos humanos aprobando esta declaración histórica. Las poblaciones rurales de todo el mundo ya no pueden permitirse el lujo de esperar a que se respeten, protejan y cumplan sus derechos.