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Photo:Vitaly Taranov on Unsplash
Las organizaciones que reciben una cantidad importante de apoyo extranjero harían bien en tomarse en serio este argumento básico y reflexionar sobre cómo responder de forma estratégica.
Las organizaciones que reciben una cantidad importante de apoyo extranjero harían bien en tomarse en serio este argumento básico y reflexionar sobre cómo responder de forma estratégica.
El fenómeno de la reducción del espacio cívico refleja una lucha política sobre la función legítima de las organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos, así como sobre la función legítima del Estado en la regulación de tales actividades. En el contexto de la reducción de espacios, los gobiernos definen públicamente límites cada vez más estrechos en cuanto a qué tipo de organizaciones y actividades de la sociedad civil deben considerarse apropiadas. Después, sobre la base de esta definición, los gobiernos pueden criticar públicamente a organizaciones de la sociedad civil (OSC) específicas y afirmar que sus operaciones son ilegitimas.
En el contexto de la tendencia actual de reducción del espacio cívico en todo el mundo, el principal motivo que usan los gobiernos para deslegitimar a las OSC es la noción de “agentes extranjeros”. El apoyo extranjero se presenta como una nueva forma de imperialismo, que refleja los objetivos geoestratégicos más amplios de las potencias occidentales.
La etiqueta de “agente extranjero” alude a los principios de la autodeterminación colectiva, la soberanía y la no interferencia, con los que las personas se identifican en un mundo organizado conforme a la lógica de los Estados-nación. Particularmente en los lugares con un historial de intervención extranjera, las preocupaciones sobre la interferencia del “Norte” o de “Occidente” muchas veces constituyen sentimientos públicos profundamente arraigados.
Las organizaciones que reciben una cantidad importante de apoyo extranjero harían bien en tomarse en serio este argumento básico y reflexionar sobre cómo responder de forma estratégica. Estas medidas estratégicas pueden dirigirse a la vulnerabilidad específica de la OSC en cuestión o a la aceptación pública de la acusación.
La lógica básica de los ataques contra la reputación de los actores de la sociedad civil implica tres pasos. En primer lugar, un gobierno promueve un conjunto específico de normas generales sobre el comportamiento apropiado que definen lo que es legítimo y lo que no. En segundo lugar, se deslegitima públicamente a OSC específicas, acusándolas de transgredir estos límites. En tercer lugar, al hacerlo, los gobiernos debilitan de forma indirecta a las OSC afectadas, ya que perjudican su reputación ante el público.
La reputación de una OSC en específico solo se verá afectada por las declaraciones del gobierno si el público cree en: (i) las acusaciones específicas presentadas contra la organización y (ii) las normas generales de comportamiento cívico apropiado que subyacen a estas acusaciones. Por lo tanto, los esfuerzos de deslegitimación por parte del gobierno dependen de dos factores clave:
En primer lugar, los esfuerzos para desacreditar a las organizaciones dependen de la vulnerabilidad de la OSC en particular, la cual está determinada por la medida en que el público la percibe como fiable, la profundidad de sus raíces sociales y la amplitud de sus alianzas. En segundo lugar, la eficacia de los esfuerzos gubernamentales depende de qué tanto acepta el público esas normas sobre el comportamiento apropiado y cuál es la clase de conducta transgresora de la que se acusa al actor de la sociedad civil.
La forma más obvia de reducir la vulnerabilidad de las OSC a la acusación de “agentes extranjeros” es reducir la dependencia del financiamiento extranjero. En consecuencia, los académicos y profesionales han comenzado a pensar en estrategias innovadoras para que las OSC del Sur atraigan fondos nacionales y han identificado las experiencias y fuentes existentes. Sin embargo, está claro que el potencial de recaudación de fondos a nivel local depende mucho del contexto específico y, por lo general, será difícil, si no es que imposible, sustituir por completo los recursos extranjeros.
La forma más obvia de reducir la vulnerabilidad de las OSC a la acusación de “agentes extranjeros” es reducir la dependencia del financiamiento extranjero".
Además, como ha argumentado Hussein Baoumi, depender del financiamiento nacional también tiene un costo. Dado que la concentración de la riqueza “en manos de unas pocas familias, empresas o personas” es algo típico en los países del Sur global, las OSC que reciban financiamiento local podrían tener que “rendir cuentas a una pequeña élite acaudalada en sus países”.
Otra opción —que no excluye necesariamente a la anterior— es cambiar a donantes extranjeros que se perciban en general como menos problemáticos o tengan más credibilidad en ese país en particular. De nuevo, incluso si el financiamiento es completamente “sureño”, la advertencia de Baoumi sigue siendo válida; y en este caso, se refuerza por la lógica básica de la interferencia externa.
Otro conjunto de estrategias busca reducir la vulnerabilidad de las OSC ante los esfuerzos de deslegitimación gubernamentales mediante la expansión del apoyo social. De nuevo, existen básicamente dos formas complementarias de hacerlo. Por un lado, las OSC pueden fortalecer sus vínculos con los grupos de apoyo nacionales y desarrollar relaciones estrechas con las comunidades locales, especialmente en las zonas rurales fuera de la capital. Por otro lado, es recomendable que las OSC que trabajan en ámbitos “delicados” formen coaliciones formales y alianzas informales con otras OSC y también con la amplia gama de actores sociopolíticos que existen fuera del mundo de las ONG formales. Estas alianzas pueden incluir organizaciones tradicionales masivas o comunitarias y nuevas formas de “activismo cívico” que son bastante esporádicas y fluidas, así como partidos políticos y políticos individuales que hagan posible el acceso a la esfera política.
En términos de lo que se puede hacer para abordar la cuestión de la aceptación pública, las ONG pueden adaptar su discurso al contexto correspondiente. Por ejemplo, la exitosa campaña de ONG que en 2013 (y de nuevo años más tarde) logró evitar que el gobierno de Kenia aprobara una severa restricción del financiamiento extranjero no utilizó un discurso basado en los derechos humanos sino más bien argumentos socioeconómicos.
El argumento clave que finalmente convenció tanto a la mayoría de los legisladores como al público fue que la pérdida de fondos extranjeros tendría consecuencias socioeconómicas graves: en particular, 240 000 empleos en el sector de las OSC estarían en riesgo y 20 millones de kenianos perderían el acceso a la atención médica básica. El ejemplo de Kenia puso de relieve la función de las organizaciones de la sociedad civil en la satisfacción de necesidades sociales importantes.
Las OSC y sus simpatizantes deben reconocer que depender del apoyo externo pone en riesgo su legitimidad a nivel nacional, al menos ante algunas personas. Las organizaciones pueden tratar de reducir su vulnerabilidad limitando su dependencia del financiamiento extranjero, o pueden desarrollar nuevas narrativas que tengan mayor aceptación entre el público. También pueden aumentar su legitimidad procesal al establecer y comunicar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se utilizan para los propósitos declarados de la organización.
En resumen, en lugar de dejar que los gobiernos definan los términos de referencia, las OSC deben redefinirlos en términos que aseguren su estatus con el público y, de esa manera, abatir los intentos gubernamentales de atacar su reputación.