Ha quedado claro desde el principio: la pandemia de la covid-19 es más que una crisis de salud pública. Desde las interrupciones a las cadenas de suministro que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las economías globalizadas, hasta el escalofriante uso indebido de los poderes de emergencia por parte de los regímenes autoritarios, pasando por la insuficiente o inexistente atención prestada a las minorías y los grupos marginados, la pandemia se ha revelado como un factor que impulsa la profundización de la desigualdad y la exacerbación de una crisis de derechos humanos.
En respuesta, los defensores locales de derechos humanos han vuelto a dar un paso adelante. Los activistas de la comunidad han alimentado a familias hambrientas cuando el gobierno no lo hizo, han proporcionado información y cuidados para salvar vidas cuando su gobierno tampoco lo hizo, y han garantizado que los niños y los jóvenes no fueran a la cárcel y se mantuvieran en la escuela.
Pero la pandemia también ha sido dura para ellos. Cuando la covid-19 se extendió por todo el mundo a principios de 2020, el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales realizó una encuesta sobre el impacto de nuestra red mundial de beneficiarios. Preguntamos a más de 200 grupos de derechos humanos de primera línea cómo estaba afectando la crisis de salud pública a su trabajo, qué necesitaban sus comunidades y cómo los financiadores podían apoyarles de forma efectiva en las primeras fases de la pandemia.
Descubrimos que, a pesar de que las condiciones sobre el terreno estaban cambiando rápidamente, casi la mitad de los encuestados dijeron que podían continuar con su trabajo principal. Y muchos grupos ya se habían adaptado y asumieron áreas de trabajo totalmente nuevas para apoyar a sus miembros durante la crisis.
Más adelante, en octubre de 2020, iniciamos una segunda encuesta para profundizar en las necesidades, preocupaciones y prioridades de los grupos de primera línea. Estos datos, que ahora se hacen públicos por primera vez, reafirman la resistencia, la determinación y la creatividad de los defensores de los derechos humanos de primera línea. Pero también muestra un panorama sombrío: a medida que avanza la pandemia, su trabajo se ha vuelto más difícil y los recursos más escasos.
Esto es lo que hemos aprendido de nuestra segunda encuesta del impacto de la covid-19 y cómo creemos que la comunidad de financiación puede apoyar mejor el trabajo crucial que hay que hacer.
Descubrimos que, a pesar de que las condiciones sobre el terreno estaban cambiando rápidamente, casi la mitad de los encuestados dijeron que podían continuar con su trabajo principal. Y muchos grupos ya se habían adaptado y asumieron áreas de trabajo totalmente nuevas para apoyar a sus miembros durante la crisis.
Después de nuestra primera encuesta, informamos que los activistas de primera línea habían demostrado una notable resiliencia. Sólo unos pocos grupos que respondieron dijeron que no podían continuar con su trabajo principal debido a la pandemia. Y ninguno esperaba cerrar por completo.
Estamos encantados puesto que, de los 140 grupos que respondieron a ambas encuestas, ningún encuestado dijo en octubre que no podía continuar con su trabajo. De hecho, fueron menos los grupos que declararon haber cerrado oficinas, trabajado desde casa o cancelado reuniones. Y esta vez, un par de grupos más dijeron que podían llevar a cabo su trabajo principal, además de asumir nuevas responsabilidades en torno a la pandemia.
Esto no hace más que reforzar lo que siempre hemos sabido: los activistas de primera línea son los más indicados para responder a las crisis locales y para desarrollar la resiliencia de la comunidad para resistir futuras crisis. Mientras que las organizaciones internacionales más grandes se han visto obstaculizadas por las restricciones a los viajes y las medidas preventivas necesarias, los grupos locales han sido capaces de navegar hábilmente por sus contextos sin dejar de prestar los servicios críticos que sus comunidades necesitan.
Al mismo tiempo, sin embargo, muchos de nuestros beneficiarios informan que las finanzas de la organización se han visto gravemente afectadas. Casi un tercio de los encuestados afirma haber perdido financiación en el último año. La mayoría informó de que la mayor parte de su financiación está restringida por los donantes a proyectos específicos, lo que dificulta su capacidad para adaptarse y responder al contexto que cambia de manera rápida. Y en comparación con los resultados de nuestra primera encuesta, casi el doble de los encuestados dijo que han tenido que despedir a personal.
Mientras que las organizaciones internacionales más grandes se han visto obstaculizadas por las restricciones a los viajes y las medidas preventivas necesarias, los grupos locales han sido capaces de navegar hábilmente por sus contextos sin dejar de prestar los servicios críticos que sus comunidades necesitan.
Estos difíciles resultados sugieren que, aunque los activistas de primera línea siguen realizando su trabajo esencial además de satisfacer las nuevas demandas, están sometidos a una inmensa presión financiera. También informan de la necesidad de responder a una serie de emergencias —desde la covid-19 hasta las medidas represivas del gobierno, pasando por el acoso y los ataques a los defensores de los derechos humanos— que les impiden centrarse en el trabajo a largo plazo de construcción del movimiento. Junto con una financiación cada vez más restringida, los grupos de primera línea nos dicen que están luchando para responder a las crisis urgentes y también aprovechar el momento para transformar sus sociedades desde la base.
La precariedad del momento es asombrosa. A pesar de que los defensores de los derechos humanos están demostrando su resistencia y su valor, se les está exprimiendo económicamente y se les está llevando al límite. Si esa burbuja estalla, las consecuencias podrían ser catastróficas para la sociedad civil. No podemos permitirnos que eso ocurra.
Al principio de la pandemia, hubo un amplio consenso en que esto requeriría un enfoque de “manos a la obra” entre todos. Y, efectivamente, algunos miembros de la filantropía privada se ajustaron. Un estudio realizado el año pasado reveló que casi un tercio de las organizaciones sin ánimo de lucro habían aumentado la financiación de las fundaciones. Las donaciones individuales también aumentaron el año pasado. Estas son las buenas noticias.
La mala noticia es que no llegan suficientes fondos a los activistas que más los necesitan. Es esencial que las organizaciones que dan financiación y los fondos locales y regionales sean capaces de hacer llegar los recursos a los grupos de primera línea. Porque no sólo son los más indicados para proporcionar la atención y el apoyo que sus comunidades necesitan ahora; también son la clave para construir los sistemas y estructuras que salvaguardarán los derechos humanos durante esta crisis y la siguiente.