Con la aprobación en Tailandia del matrimonio entre personas del mismo sexo en una sesión ad hoc del senado el 18 de junio de 2024, se abrió un nuevo capítulo para la defensa de los derechos LGBTIQA+ en la región del sudeste asiático. La ley de matrimonio se ha adaptado con una versión inclusiva y de lenguaje neutro para que el género no sea un obstáculo para ninguna persona con diversidad sexual o de género, además de conceder derechos de adopción y herencia de forma inmediata a todas las parejas. Tailandia es el primer país del Sudeste Asiático y la tercera nación asiática (tras Taiwán y Nepal) que acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el pasado, los instrumentos y órganos institucionales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la entidad regional más importante, no habían dado una respuesta contundente a las demandas de los grupos LGBTQIA+/SOGIESC de los países miembros. La decisión tailandesa consolida por primera vez en la región décadas de activismo de base que tratan de abordar la grave situación humanitaria a la que se enfrentan las minorías sexuales y de género. También representa la oportunidad de aumentar la capacidad jurídica y el activismo político a escala local, regional e internacional.
Un impulso continuo a los derechos LGBTQIA+ en el Sudeste Asiático
El proceso de protección de las minorías sexuales y de género comenzó a tomar forma a nivel regional con la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN (AHRD), firmada en noviembre de 2012 en Phnom Penh (Camboya). Se trataba de una respuesta a las crecientes demandas formuladas a escala internacional -especialmente en las Naciones Unidas- en relación con las cuestiones más urgentes de derechos humanos en la región. Aunque el borrador final de los principios AHRD omite estratégicamente la mención de los derechos SOGIESC o 2SLGBTQIA+, deja margen para la interpretación de defensores y activistas internacionales, incluida una apertura para la futura incorporación de una agenda basada en la diversidad.
En la ASEAN han surgido otros intentos de institucionalizar una agenda de este tipo a través de mecanismos alternativos. Entre ellos se incluye el ASEAN SOGIE Caucus (ASC), fundado en 2011 con la participación de activistas que representan a ocho de los diez Estados miembros. Los debates iniciales en el Sudeste Asiático sobre los derechos SOGIESC celebrados en los años anteriores a la creación del ASC fueron una respuesta a los llamamientos directos de los activistas para abordar la criminalización y patologización de las minorías SOGIESC en la región. Estos debates retomaron los Principios de Yogyakarta, un documento de derechos humanos firmado por activistas de todo el mundo en 2006, como hoja de ruta para la futura defensa y el litigio de los activistas. En él se aplican las normas del derecho internacional de los derechos humanos para abordar el abuso de los derechos humanos de la población LGBTQIA+ en todo el mundo a través de organismos internacionales y mecanismos de defensa, especialmente los que ofrece Naciones Unidas.
No obstante, tanto los Principios de Yogyakarta en los foros internacionales como la ASC en el Sudeste Asiático han tenido un impacto limitado, ya que siguen siendo eludidos por las directivas centrales de las Naciones Unidas y la ASEAN, respectivamente. Por su parte, la participación de la ASC se ha producido en el marco del activismo bumerán, en el que la defensa y las demandas se hacen valer en las Naciones Unidas para ejercer presión en el ámbito local. El sistema de Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU es uno de los mecanismos con mayor repercusión, ya que pone de manifiesto la precaria situación de los derechos de las minorías sexuales y de género.
Algunos países han mostrado una evolución positiva en materia de SOGIESC, como Filipinas e Indonesia, donde se han producido intentos de defensa y las organizaciones de base parecen multiplicarse. Tanto Indonesia como Filipinas se han sometido al EPU desde su primer ciclo en 2008. Sin embargo, el gobierno central de Filipinas, presidido por Ferdinand Marcos, rechazó públicamente las recomendaciones del informe en 2022. Del mismo modo, el gobierno de Indonesia ha aprobado leyes cada vez más duras contra la población LGBTQIA+.
La especial situación de Filipinas se ve agravada por la creciente tensión entre el gobierno y las organizaciones de base LGBTQIA+ -ASC entre ellas, ya que su oficina principal se encuentra en Manila-. La hostilidad del gobierno sigue siendo constante, con su continua invocación de razones religiosas para prohibir los derechos SOGIESC. En algunos países, como Singapur y Brunei, la situación es aún más crítica, ya que la persecución de las organizaciones y colectivos LGBTQIA+ se ha convertido en un mecanismo recurrente empleado por el Estado.
Una decisión histórica y próximos pasos
El matrimonio igualitario obtuvo la aprobación en Tailandia tras la celebración del 25 aniversario del Orgullo en Bangkok, apoyado por una fuerte agenda LGBTQIA+ en el centro y norte del país y colectivos de base que han denunciado la vulnerabilidad de las minorías sexuales y de género. Organismos institucionales de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer han sido decisivos en el debate local tailandés.
La visibilidad en los medios de comunicación regionales también ha ayudado a crear nuevas audiencias empáticas con las comunidades LGBTQIA+. Programas como «Drag Race Thailand», «My School President», «2gether» y «Cutie Pie», así como el género boy-love, han aumentado su popularidad y establecido un mercado.
La consolidación de una de las reivindicaciones del activismo LGBTQIA+ en Tailandia no sólo supone una victoria local, sino que también representa un faro en la región. La creciente crisis humanitaria en países del sudeste asiático como Myanmar, Indonesia y Filipinas convierte a Tailandia en un potencial centro de acogida para migrantes LGBTQIA+ que se enfrentan a una extrema vulnerabilidad en sus países de origen. Por este motivo, un fondo especial proporcionado por organismos internacionales como Naciones Unidas será crucial y permitirá al país acoger la llegada de esta población.
La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Senado tailandés es sólo el primero de muchos puntos en la agenda SOGIESC/LGBTQIA+, y los retos para el futuro son importantes. Las leyes que se espera que sigan en Tailandia abordarían los derechos a la asistencia médica para las transiciones entre personas transgénero, el cambio legal de nombre y género, y el reconocimiento de un tercer género. Además, incluirían un programa especial de protección contra la homofobia, sobre todo en las regiones del país donde los casos de violencia e intolerancia son más frecuentes.
Tailandia se está convirtiendo en un centro neurálgico de los derechos de las minorías sexuales y de género para los países del sudeste asiático, con un gran potencial para consolidar las luchas y el activismo LGBTIQA+ dentro de la ASEAN. Sin embargo, para que los derechos de las minorías sexuales y de género se consoliden, se necesita el apoyo financiero de entidades internacionales para programas que protejan a las poblaciones más vulnerables, como los migrantes de países vecinos en crisis, y para solidificar las luchas de defensa de los colectivos políticos del país. Los retos persisten, pero Tailandia ofrece actualmente una hoja de ruta para lograr la justicia para las minorías sexuales y de género en el sudeste asiático.