Manifestantes salen a las calles en Colombia para pedir al gobierno que se ocupe de la desigualdad (mayo 2021). Gabriel Galindo
Debido a las restricciones de la covid-19 y a las medidas de emergencia, el Estado puede justificar de manera más fácil las detenciones arbitrarias de manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos (DDH), lo cual eleva el riesgo de criminalización. También es mucho más fácil para los gobiernos vigilar y rastrear sus movimientos tanto en el mundo físico como el digital, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Las consecuencias de las detenciones arbitrarias y la criminalización podrían poner en peligro la vida de los manifestantes, por lo que nunca ha sido tan importante evitar que se tomen medidas injustificadas contra las voces disidentes y abogar por la liberación de las personas defensoras DDH encarceladas.
El aumento de las herramientas y amenazas digitales
Para aquellos que tienen acceso a internet, los debates en línea acerca de las violaciones de derechos humanos han abierto canales de comunicación que antes estaban cerrados. Algunas personas DDH pueden conectarse más fácilmente a una reunión del Consejo de Derechos Humanos o hablar en un evento de la Unión Africana sin las cargas financieras de los viajes de larga distancia. Sin embargo, muchas personas defensoras DDH, comunidades y organizaciones informan que ahora están más expuestas al acoso en línea, al doxing, al hackeo y a la censura. “Hemos notado que cada vez más personas DDH hacen preguntas sobre seguridad digital y muestran un buen nivel de conciencia sobre las amenazas digitales debido a la mayor exposición a las mismas”, señaló uno de nuestros colegas de Protection International Mesoamérica.
Una de las organizaciones asociadas a Protection International en Brasil fue atacada hace poco con comentarios violentos y racistas durante una sesión de Facebook y YouTube Live. Los ataques personales y despiadados en línea son un medio especialmente frecuente para desmoralizar a las personas DDH de las minorías, las mujeres y las personas LGBTI, como lo demuestra el caso de Rosa Luz, quien se vio forzada a huir de São Paulo tras recibir varias amenazas de muerte.
Desde el comienzo de la pandemia, el personal de Protection International ha experimentado numerosos incidentes de seguridad digital, entre los que se incluyen la restricción de internet en Kenia, al menos cuatro casos de acoso en línea desde plataformas de reuniones virtuales sin invitación y un aumento de los intentos de phishing en múltiples direcciones de correo electrónico institucionales. “La pandemia trajo consigo un enorme aumento de los ataques de phishing, así como un incremento de los ataques a herramientas y servicios que de repente todo el mundo necesitaba utilizar, como Zoom”, señaló Claus Goettfert, administrador de sistemas de Protection International. “No sólo algunas personas defensoras son objetivos explícitos, sino que estas violaciones de datos e incidentes de seguridad de alto impacto nos afectan a nosotros y a nuestras organizaciones asociadas como daños colaterales”.
La privacidad sigue siendo un lujo, disponible sólo para aquellas personas DDH que puedan permitírselo.
Las organizaciones asociadas a Protection International han sufrido al menos 20 incidentes de seguridad digital desde el inicio de la pandemia, siete de los cuales afectaron al trabajo de nuestro equipo en Indonesia. “La seguridad digital es una amenaza grave. Cada mes, uno de los sitios web de nuestras organizaciones asociadas se hackea, lo que ahora ocurre con más frecuencia”, señalaron los colegas de PI Indonesia. En Yogyakarta, una organización estudiantil de la Universidad Gajah Mada se vio obligada a cancelar un debate en línea tras recibir amenazas de muerte y ser acusada de traición. En otro caso, Ravio Patra, investigador indonesio y crítico abierto del gobierno, fue detenido bajo la falsa acusación de incitar a los disturbios a través de WhatsApp.
Para contrarrestar de forma proactiva los incidentes de seguridad digital, Protection International creó un Grupo de Trabajo de Digitalización específicamente para supervisar los incidentes digitales, así como para formar al personal en el uso y la defensa de plataformas que respeten la privacidad, incluidas las herramientas de comunicación seguras. Hasta la fecha, aproximadamente el 80% de los socios de Protection International ha cambiado a canales de comunicación más seguros desde el comienzo de la pandemia, pero las restricciones financieras siguen impidiendo que muchas personas DDH puedan hacerlo. Por ejemplo, WhatsApp puede incluirse libremente en ciertos planes de telefonía, mientras que Signal, la opción de aplicación de mensajería más segura, no lo está. La privacidad sigue siendo un lujo, disponible sólo para aquellas personas DDH que puedan permitírselo.
Sin embargo, para aquellas personas DDH que no tienen acceso a internet, las respuestas estatales a sus necesidades de protección siguen siendo aún más insatisfactorias y desequilibradas. Para las personas DDH en zonas rurales con las que Protection International había estado en contacto antes del brote, los equipos comenzaron a comunicarse por radio y podcasts.
En Guatemala, PI Mesoamérica emitió una serie de mensajes en español y en las lenguas mayas de mam, q'eqchi y q'anjob'al que difundía información sobre las luchas psicosociales y de género a las que se enfrentan actualmente las personas DDH durante la pandemia, así como la importancia de la protección preventiva. La intención es reducir el sentimiento de aislamiento, tanto físico como percibido, y llevar la tan necesaria información a lugares de difícil acceso. Es crucial que los gobiernos centren sus esfuerzos de protección en los más marginados y aislados por las restricciones de la covid-19, especialmente quienes están desconectados física y digitalmente.
Descripción: Sesiones de formación sobre la construcción de la paz y el principio de "no hacer daño" en la República Democrática del Congo. Fuente: Ephrem Chiruza
Los presos políticos están expuestos a una nueva forma de tortura
Los gobiernos también son responsables de la protección de las personas a su cargo. La angustia de estar preso durante una pandemia mortal no sólo es un castigo cruel, sino una forma nueva e inusual de incitar al miedo y a la autocensura. El aumento del riesgo de propagación de la covid-19 en espacios confinados y hacinados hizo que varios gobiernos pusieran en marcha programas de liberación temporal. Sin embargo, muchos de ellos excluyeron a la mayoría de los reclusos que habían sido encarcelados por su activismo, según Front Line Defenders. En lugar de aprovechar la pandemia como una oportunidad para reparar por fin la injusta privación de libertad de los disidentes políticos y los periodistas, muchos gobiernos siguieron utilizando a las personas DDH como ejemplos amenazadores de lo que les podría ocurrir a quienes se manifiestan contra los regímenes que se niegan a entregar su control.
Germain Rukuki, por ejemplo, es un defensor de los derechos humanos burundés que ha pasado casi cuatro años en prisión por su activismo. Es el fundador de la asociación comunitaria Njabutsa Tujane, que lucha contra la pobreza y el hambre y mejora el acceso a la sanidad. El Sr. Rukuki fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia el 13 de julio de 2017 bajo la acusación de “rebelión”, “atentado contra la seguridad del Estado” y “ataque al Jefe del Estado”. El Sr. Rukuki fue interrogado y retenido durante 14 días sin acceso a un abogado ni a su familia. Tras muchos meses de espera, el Sr. Rukuki fue condenado a 32 años de prisión, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. Treinta y dos años es la condena más dura que ha recibido un activista en la historia de Burundi. Por fortuna, fue liberado hace poco.
La situación de los presos políticos en Burundi es terrible, especialmente si se tiene en cuenta que el gobierno burundés ha tardado en imponer medidas para detener la propagación de la covid-19. Estar encerrado en pequeñas y estrechas celdas durante la pandemia ha causado, sin duda, una grave angustia psicológica y emocional a las personas DDH detenidas arbitrariamente y a sus familias. En el caso del Sr. Rukuki, surgieron informes sobre un “virus no identificado” que se extendió por su lugar de detención, la prisión de Ngozi, en junio de 2020. La situación es aún más preocupante si se tienen en cuenta las condiciones crónicas de hacinamiento y las malas condiciones sanitarias de las cárceles de Burundi. A lo largo del año pasado, Protection International ha apoyado las campañas de otras organizaciones para la liberación de las personas DDH encarceladas durante la covid-19 —entre ellas la campaña #ForFreedom de FIDH y la campaña Write for Rights Amnistía Internacional— así como amplificado nuestra propia campaña #StayWithDefenders para llamar la atención sobre el caso del Sr. Rukuki, pero el gobierno de Burundi no ha mostrado ninguna voluntad de dar un respiro. El Tribunal de Apelación burundés de Ntahangwa siguió retrasando el anuncio de su veredicto en cuanto a la modificación o no de su pena de prisión, lo cual viola una vez más su derecho a un juicio justo. Después de esperar 62 días más allá del plazo, se anunció que su condena se reduciría de 32 años a uno. El Sr. Rukuki está ahora en libertad y puede volver con su familia.
“El veredicto sienta un importante precedente para invalidar la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos”, afirma Susan Muriungi, directora regional de Protection International para África. “La liberación de Germain envía un poderoso recordatorio a todas las personas defensoras de Burundi y de todo el continente africano. Su trabajo tiene legitimidad. Su trabajo tiene valor. Y tienen derecho a defender los derechos humanos”.
Descripción de la foto: El ex relator especial de la ONU Michel Forst expresa su solidaridad con las personas defensoras de los derechos humanos durante la covid-19 al participar en la campaña #StayWithDefenders de PI
No sólo debemos seguir coordinando y defendiendo mejor a las personas DDH encarceladas cuyos derechos han sido más restringidos, como se hizo en el caso del Sr. Rukuki, sino que debemos centrarnos en la protección preventiva para garantizar que las condiciones de las personas DDH tengan menos probabilidades de llegar a ser tan graves. Los Estados deben invertir en mejores políticas y mecanismos para las personas DDH que aborden la protección de manera integral, sensible al género e interseccional, y así permitir el derecho a protestar tanto en el espacio digital como en el físico sin temor a una acusación relacionada con el “protocolo de emergencia”. Los Estados deberían invertir en los ciudadanos que trabajan para reconstruir una versión mejor de su país, en lugar de vigilarlos, detenerlos y ponerlos entre rejas.