EPA/MARK R. CRISTINO
Este artículo hace parte de la serie Up Close de OGR “La emergencia climática ante las cortes," sobre la difusión global de litigios basados en derechos humanos que buscan impulsar accciones contra el cambio climático.
Hace casi seis años hice un acto de fe y dejé mi carrera como litigante en una respetada firma de abogados en las Filipinas para embarcarme en un nuevo camino en el sector sin ánimo de lucro: un territorio desconocido para alguien que en su mayoría había trabajado en casos para clientes empresariales. Rápidamente me encontré trabajando con Greenpeace Filipinas como su asesora legal. Esto me conllevó a representar a otras trece organizaciones sin ánimo de lucro y dieciocho individuos, la mayoría ubicados en las primas filas de las áreas con impactos climáticos, en una lucha valerosa contra las 47 empresas contaminantes de carbono más grandes del mundo, como Shell, Chevron, ExxonMobil y BP.
Uno de los desafíos más grandes que hemos tenido fue un caso novedoso, el primer caso de su estilo en el mundo que aborda la responsabilidad de los grandes contaminantes en los asuntos interconectados del cambio climático y los derechos humanos. Este caso se presentó ante una instancia importante pero inusual, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas en vez de un juzgado, cuya jurisdicción fue atacada de manera repetida por los demandados. Además, estos últimos (las 47 empresas de combustibles fósiles y cemento) tienen sus oficinas centrales fuera de las Filipinas y tienen actividades comerciales alrededor del mundo.
Una onda poderosa
La piedra angular de nuestro caso fue la revolucionaria investigación de Richar Heede, la cual mostró que aproximadamente dos tercios de todo el dióxido de carbono y las emisiones de metano generados por combustibles fósiles y fuentes de cemento desde la Revolución Industrial pueden rastrearse a las actividades productivas de las 90 entidades más grandes de petróleo, gas, carbón y cemento, 47 de las cuales estaban siendo investigadas por la Comisión. De forma significativa, las grandes empresas contaminantes de inversionistas privados son responsables del 21.4% de todo el CO2 antropogénico desde 1751 hasta 2016.
El conocimiento temprano de los grandes contaminantes y su involucramiento activo en la ciencia debería haberlos conllevado a buscar formas de mitigar y prevenir las emisiones de carbono de sus productos.
Un estudio realizado por un equipo de investigadores y científicos del Union of Concerned Scientists, el Instituto de Responsabilidad Climática y la Universidad de Oxford, liderado por la Dra. Brenda Ekwurzel, confirma los hallazgos de Heede de que un monto significativo de las emisiones puede rastrearse a estas grandes empresas contaminantes. Pero el equipo fue más allá al cuantificar de manera específica los incrementos proporcionales en el CO2 atmosférico, la temperatura promedio global de la superficie y el aumento del nivel del mar global gracias a las emisiones vinculadas a estos grandes contaminantes.
Estos dos estudios evaluados por pares y realizados por científicos reconocidos y respetados, entre otra evidencia presentada durante la investigación, mostraron la responsabilidad legal y moral de las 47 grandes empresas contaminantes por los daños relacionados al clima que pusieron en riesgo los derechos de los filipinos.
Nos rehusamos a aceptar una “nueva normalidad” vendida de forma intencional por los grandes contaminantes. La crisis climática en la que los filipinos están obligados a vivir y a la que se enfrentan diariamente es más que nuestra responsabilidad individual. Es el resultado de decisiones deliberadas hechas por las empresas contaminantes, que tuvieron alertas tempranas y un conocimiento real de los daños que traerían sus operaciones y productos durante al menos cinco décadas.
El conocimiento temprano de los grandes contaminantes y su involucramiento activo en la ciencia debería haberlos conllevado a buscar formas de mitigar y prevenir las emisiones de carbono de sus productos. Pero en lugar de ello, continuaron con su posición peligrosa de seguir como si nada. Si esto no es un comportamiento ilegal, debemos entonces redefinir los conceptos de rendición de cuentas y justicia.
Enfrentar a Goliat
Durante los tres largos años antes de que comenzaran las audiencias públicas, encontramos aliados nacionales e internacionales en áreas como la ciencia climática, el derecho y la política pública que ayudaron a fortalecer nuestro caso y a alentar a la Comisión, la cual habría desechado el caso debido a su novedad, para que procediera con la querella nacional sin miedos ni favores.
Un caso de primera impresión, en el cual nunca se había presentado antes la interrelación entre cambio climático y derechos humanos, siempre tiene sus desafíos. Tuvimos la fortuna de tener testigos valientes de la comunidad que testificaron acerca de los daños a los derechos humanos que sufrieron personalmente como resultado de las actividades de las empresas de combustibles fósiles, junto con expertos nacionales que validaron estas declaraciones y expertos internacionales que triangularon los testimonios, la ciencia y la jurisprudencia.
Al final, lo que tuvimos no fueron sólo argumentos legales para superar los desafíos legales de litigar algo nuevo; teníamos pruebas fundamentales que ninguna cantidad de negación empresarial o greenwashing podían refutar. Pero teníamos que cambiar la narrativa de que los grandes contaminantes no podían responsabilizarse moral y legalmente del cambio climático. Debíamos refutar el supuesto de que las mismas leyes que los ayudaron a operar los podían proteger de las consecuencias de sus acciones e inacciones que violan derechos humanos.
Ni siquiera la ubicación de la mayoría de los grandes contaminantes nos podía hacer bajar nuestra onda. La elección de la Comisión de Derechos Humanos como instancia fue estratégica, pues es el mejor órgano legal para presentar un caso tan novedoso e importante, debido a su flexibilidad y capacidad de abordar asuntos complejos. Tuvimos la suerte de tener a la Constitución filipina de nuestro lado, que obliga a la Comisión a investigar todas las formas de violaciones de derechos humanos que involucren a filipinos dondequiera que estén situados.
¿Un preludio a la victoria?
Durante la COP 25 en Madrid, el comisionado focal de la querella nacional, el Comisionado Roberto Cadiz, dio un indicio temprano de los hallazgos del caso: que los grandes contaminantes no sólo podían responsabilizarse legal y moralmente por los daños vinculados al cambio climático sino que, en circunstancias que involucran la obstrucción, el engaño o el fraude, puede haber una intención criminal relevante que los haría responsables tanto según el derecho civil como el penal. Para contextualizar, las empresas de combustibles fósiles que decidieron vender combustibles fósiles a niveles que sabían que acarrearían daños y que promovieron de manera engañosa el uso sin restricciones de combustibles fósiles, enfrentan un riesgo muy real de ser responsables según el derecho civil y, posiblemente, el penal.
El corpus de evidencia recopilado y los hallazgos de la Comisión serán útiles para futuros litigantes que busquen hacer responsables a las empresas de combustibles fósiles por los impactos del cambio climático y forzar la transición rápida y justa del carbón, el petróleo y el gas. Las cortes, los tribunales administrativos y los órganos reguladores ahora tendrán la posibilidad de construir sobre lo que logró la Comisión. Y con base en leyes y contextos domésticos, las empresas de combustibles fósiles podrán responsabilizarse por los daños relacionados al clima, especialmente en países que ya tienen una práctica nacional en torno a la rendición de cuentas empresarial a través de las leyes de derechos humanos.
Mientras esperamos el lanzamiento del informe final de la Comisión sobre la querella nacional, que se espera salga pronto, esta declaración indica una posible victoria para la justicia climática y la humanidad, y un escalón hacia una mayor rendición de cuentas de estas empresas contaminantes.
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