La pandemia de la covid-19 ha sido inusual en varios aspectos: el grado desproporcionado en que se ha visto afectada la población de los países ricos; la enorme escala de la respuesta política para la contención; y la rapidez y urgencia de la respuesta mundial.
El interés activo por controlar la pandemia en los países ricos determinó las respuestas nacionales individuales, así como la política mundial. Hubo un impulso masivo para el desarrollo de vacunas, a través de grandes subsidios para la investigación y el desarrollo a las compañías farmacéuticas, pedidos anticipados de vacunas y otras ayudas por parte de Estados Unidos, Rusia, China y algunos países europeos. Esto condujo finalmente al desarrollo de varias vacunas efectivas contra la covid-19 en un plazo sin precedentes.
Sin embargo, a pesar de las buenas noticias, la posterior producción y distribución de vacunas ha puesto de manifiesto e intensificado la desigualdad mundial. Se destacan tres características: el flagrante acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos; la protección de los derechos de las patentes por parte de los gobiernos de los países avanzados, que impide una mayor producción de vacunas; y el uso de la distribución de vacunas para promover tanto el nacionalismo como el “poder blando” diplomático.
El gran acaparamiento de vacunas
Un enfoque de ‘cada país contra todos’ es irracional e incluso contraproducente, pero eso es exactamente lo que ha ocurrido. Los países e individuos ricos han monopolizado las primeras dosis de las vacunas a la covid-19. El año pasado se firmaron 44 acuerdos bilaterales entre los gobiernos y las empresas farmacéuticas (dominadas por los países ricos), y este año ya se han firmado al menos doce. Los países ricos están almacenando vacunas que han acaparado pero que no pueden distribuir.
Este acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos significa que la mayor parte del mundo no tendrá vacunas seguras y aprobadas hasta 2022 y, en algunos casos, ni siquiera hasta 2024.
Esto no tiene por qué ocurrir. El Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas Covid-19 (COVAX), dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras entidades, se creó precisamente para evitar el acaparamiento por parte de los países ricos y garantizar el acceso a los países pobres del mundo. Pero el mecanismo sigue sin tener fondos suficientes y, lo que es peor, no ha podido comprar las vacunas necesarias para distribuirlas gratuitamente a los países pobres como estaba previsto.
Parece obvio que una pandemia sólo puede superarse cuando se supera en todas partes. El retraso en la vacunación de la población de todo el mundo aumenta la posibilidad de que el virus mute, lo cual reduce la capacidad de controlar la pandemia incluso en los países ricos que se han embolsado las vacunas. El miedo prolongado a la infección, debido a una vacunación inadecuada, afecta a las perspectivas económicas, e inhibe y retrasa la recuperación económica mundial. Estos riesgos son tan grandes que los países ricos seguirían beneficiándose incluso si decidieran pagar por su cuenta la vacunación de toda la población mundial.
La protección injustificada de la propiedad intelectual
La insuficiencia de la producción es una razón importante que explica la mala y desigual distribución de las vacunas. Sin embargo, esta escasez es completamente innecesaria y podría remediarse fácil y rápidamente. El principal factor que limita el suministro de vacunas aprobadas es la persistencia de los derechos de las patentes que les dan a las empresas farmacéuticas el monopolio de la producción, lo cual limita el suministro a sus propias capacidades y a las pocas licencias de producción que deciden conceder a otros.
Normalmente se considera que las patentes proporcionan una recompensa financiera necesaria para la invención/innovación, sin la cual el cambio tecnológico no se produciría o sería más limitado. Sin embargo, en el caso de las vacunas a la covid-19, muchas grandes empresas farmacéuticas recibieron enormes subvenciones públicas que han cubierto en su mayor parte, y en algunos casos completamente, los costos de investigación y desarrollo. Las empresas farmacéuticas privadas también se beneficiaron de la investigación pública previa y de la reducción de los costos de las pruebas clínicas. Las vacunas “líderes” pueden haber recibido ya lo que podría considerarse un rendimiento razonable de su inversión y más.
Parece obvio que una pandemia sólo puede superarse cuando se supera en todas partes.
La producción restringida que crea aglomeraciones indecorosas de vacunas, las dosis con precios excesivos y diferenciados determinados por los proveedores privados, y el suministro inadecuado para la mayor parte de la población mundial, todo ello podría haberse evitado si se hubiera aceptado una propuesta presentada por India y Sudáfrica ante la OMC en octubre de 2020. Esta propuesta consistía en una exención de las obligaciones de hacer cumplir las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos de la covid-19.
Esto significaba que los miembros de la OMC decidieron conceder o hacer cumplir las patentes y otros derechos de propiedad intelectual relacionados con todos los medicamentos, vacunas, diagnósticos y otras tecnologías de la covid-19. Con ello, también impidieron la colaboración en la investigación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, la fabricación, la ampliación y el suministro de herramientas de Covid-19.
Por lo tanto, es esencial un movimiento global para la suspensión y/o modificación de los derechos de propiedad intelectual en asuntos relacionados con problemas esenciales de salud pública.
Aprobación reglamentaria y confianza pública
Otras candidatas a vacunas que se están desarrollando en otros lugares también tienen el potencial de combatir la pandemia y aliviar la actual escasez, incluidas las desarrolladas en China y Rusia y las que se están desarrollando en India, Cuba y otros lugares. A algunos les preocupan las pruebas inadecuadas y la aprobación reglamentaria apresurada sin los ensayos y otros procesos necesarios. Pero incluso cuando estas candidatas de vacunas resultan ser seguros y eficaces a través de los ensayos clínicos, hay más obstáculos para que sean aceptados internacionalmente.
Esto se debe en gran medida a que el proceso de aprobación de la OMS está muy sesgado a favor de las vacunas desarrolladas en los países ricos. La OMS tiene una lista de “autoridades reguladoras estrictas” en las que confía para el control de calidad, que son sólo de países desarrollados de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. En el resto del mundo, las candidatas de vacunas (y otros medicamentos) deben pasar por una “precalificación”, un proceso mucho más complicado y extenso. Esto prolonga enormemente el tiempo que transcurre antes de que se aprueben las vacunas de otros países.
En esta pandemia, las normas reguladoras habituales se han relajado mucho en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. Ninguna vacuna a la covid-19 ha sido desarrollada o lanzada con la transparencia que debería haber sido. Aunque la OMS considere que las normas reguladoras de otros países pueden ser menos estrictas, podría trabajar con las diferentes autoridades reguladoras nacionales para garantizar que todas las candidatas de vacunas sean tratadas en igualdad de condiciones. Dada la escasez mundial que está negando a la población de los países pobres el acceso a las vacunas, la OMS debería adoptar un enfoque proactivo para permitir la distribución mundial de esas vacunas cuando cumplan algunas normas armonizadas. Si se hace esto, puede ser posible eludir el dominio de las grandes compañías farmacéuticas sobre las vacunas a la covid-19, que permite la especulación privada en medio de una crisis sanitaria y una angustia económica generalizada.
En general, la distribución global ha sido desigual, injusta e incompetente. Este enfoque retrasará la resolución de la pandemia en curso y genera preocupación sobre la capacidad de la humanidad de cooperar para afrontar los retos aún mayores que se avecinan.