Foto cortesía de Juan Pablo Bohoslavsky / Ilustración de Ana Yael
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido un vehículo institucional central en la reconfiguración neoliberal de las economías nacionales, gracias a sus recomendaciones y en especial mediante las condiciones asociadas a los créditos otorgados –básicamente, a los países de la periferia y semiperiferia.
La salida a la crisis de 2007-2008 se dio de la mano de una fuerte inyección de liquidez a nivel mundial, sin una contrapartida equivalente en la política fiscal. Esto indujo a una década de bajo crecimiento, con bajas tasas de interés, que permitieron un masivo aumento del endeudamiento mundial. Las deudas soberanas alcanzaron al PBI mundial al inicio del 2020, elevándose la exposición de los países a entrar en crisis de pagos, todo lo cual realzó una vez más el lugar del FMI en la coordinación financiera global. De hecho, ya a finales de 2019, las medidas de austeridad se habían convertido en una “nueva normalidad” que afectaba a 113 países, 5.500 millones de personas o al 72% de la población mundial.
La aparición y difusión de la covid-19 en todo el mundo desató una crisis económica de proporciones históricas que aún en 2021 está haciendo estragos. Las expectativas de recuperación están signadas por la incertidumbre, y los desafíos parecen centrados en el camino que tomen los Estados más poderosos y los organismos multilaterales.
Desde que empezó la pandemia hasta inicios de abril de 2021, el FMI habilitó un total de 250.000 millones de dólares, apenas un cuarto del billón de dólares que dispone para prestar. De esa cifra, sólo prestó efectivamente 110.288 millones de dólares a 86 países. Estas cifras contrastan con los alivios de deuda, que apenas llegaron a 727 millones de dólares en 29 países. Es decir, el FMI privilegió aumentar la deuda como forma de asistencia en lugar de buscar alivio financiero real. A su vez, hemos visto que, durante la pandemia, el FMI cerró acuerdos con Ecuador, Egipto, Jordania, Pakistán y Ucrania, en los que se pactaron típicas medidas ortodoxas de ajuste fiscal. Aunque el FMI es solo una parte de este problema, su rol es fundamental, por ser un posible canal para buscar soluciones a esta situación, o agravar la potencial crisis de deudas.
Según Eurodad, durante el 2020, 108 de 116 economías en desarrollo consideradas vieron aumentar sus deudas públicas, por un total de 1,9 billones de dólares (equivalentes al 8,3% de su PBI). Estos países transfirieron un aproximado de 194.000 millones de dólares en pagos a los acreedores, fondos que podrían haberse utilizado para lidiar con la asediante crisis sanitaria. Los gastos de pagos de deuda superaron los destinados a salud en 62 de estos países, y a los destinados a educación en 36 de ellos.
A mediados de 2020, ActionAid ya había advertido que los países de ingresos bajos que habían seguido en los últimos tres años las recomendaciones del FMI de recortar o congelar el empleo público habían sido identificados por la OMS como atravesando déficits críticos en materia de trabajadora/es del sector de la salud durante la pandemia.
De hecho, al mismo tiempo que el FMI despliega una retórica pública de promoción de un mayor gasto público, el 84% de los préstamos otorgados por el FMI durante el 2020 alientan o exigen a los países implementar medidas de austeridad. Las proyecciones fiscales del propio FMI muestran que se esperan recortes presupuestarios 154 países durante 2021 y 159 durante 2022, con 6.600 millones de personas (85% de la población mundial) viviendo bajo condiciones de austeridad, una tendencia que se extendería, por lo menos, hasta el 2025. El desafío de compatibilizar el pago de las deudas con los imperativos que derivan del paradigma de los derechos humanos, se nos presenta como un problema global que afecta a todos los países con excepción de aquéllos que son acreedores.
Para enriquecer el análisis de este escenario complejo y la discusión de propuestas, la Revista Derechos en Acción (Argentina) acaba de publicar una Edición Especial dedicada al “FMI y derechos humanos”. Congrega a 48 autoras/es de diversas disciplinas y continentes que contribuyen con un enfoque de derechos humanos a las discusiones públicas y políticas sobre las políticas del FMI. El prólogo y las entrevistas están disponibles en inglés en el Laboratory for Advanced Research on the Global Economy de la London School of Economics.
Las contribuciones son un esfuerzo por traducir una crítica desde un enfoque de derechos humanos (existentes) a las políticas ortodoxas del FMI en implicaciones (deberes) concretos en el campo de las políticas sociales, cambiarias, monetarias, laborales, financieras, comerciales, tributarias, de género y ambientales.
Estas investigaciones vienen a confirmar una serie de intuiciones, teorías y experiencias que han venido ardiendo desde inicios de los ochenta entre académicas/os y organizaciones de la sociedad civil.
Primero, que las políticas económicas ortodoxas promovidas por el FMI tienen frecuentemente efectos adversos, profundos y duraderos sobre los derechos económicos y sociales y los niveles de desigualdad en las poblaciones de los países deudores.
Segundo, que el derecho internacional de los derechos humanos también es vinculante para el FMI (y sus Estados miembros). Es sencillamente inaceptable que el FMI se autoperciba por encima de los derechos humanos. Vale la pena recordar en este punto que ya en los ochentas la Asamblea General de la ONU le había indicado al FMI que interrumpiera la asistencia financiera al Apartheid de Sudáfrica por tratarse de un régimen criminal.
Y, tercero, que el FMI (apoyado por sus socios estatales mayoritarios) aún hoy rechaza estar sujeto a obligaciones de derechos humanos al punto que la propia expresión “derechos humanos” tiene la entrada prohibida en los documentos del FMI. Aún así, el FMI no se muestra tímido al momento de privilegiar el derecho de propiedad privada de algunas personas por sobre los demás derechos humanos de las demás personas.
Que el FMI insista en estar por encima de los derechos humanos ratifica su visión autoritaria frente a los Estados clientes y sus poblaciones.
La noción hegemónica de los derechos humanos que asume el neoliberalismo propone una visión de los mismos basada en la –supuesta- defensa de los derechos civiles y políticos -que se focalizan en lo individual y asumen una desconfianza frente al Estado- en detrimento de los derechos económicos y sociales -donde lo relacional es esencial y el Estado asume obligaciones positivas. Esto ha llevado a fuertes críticas sobre la ineficacia de los derechos humanos para generar cambios reales en el mundo. Proponemos discutir esa interpretación minimalista y derrotista de los derechos humanos y, resaltando su potencial transformador. Los derechos humanos pueden funcionar como un método para alcanzar, en campos de alta complejidad y abstracción, objetivos que gozan hoy de amplio consenso: reducir la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Los derechos humanos tienen así el potencial y el mandato de desafiar las desigualdades extremas, el fundamentalismo de mercado y la degradación ambiental, ofreciendo guías concretas y específicas sobre el contenido de las políticas económicas que deberían implementarse.
Las contribuciones a la Edición Especial demuestran que los derechos humanos ofrecen una guía concreta para la acción en materia de políticas económicas, y por lo tanto, podrían servir para la planificación y ejecución de las recomendaciones del organismo.