Viviendas en Puerto Príncipe, Haití, tras el terremoto de 2010. Fuente: UN Photo/Logan Abassi Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
A pesar de los ejemplos de otros países de la región que están prohibiendo la minería, los funcionarios del gobierno haitiano, junto con el Banco Mundial, siguen proponiendo la minería como solución a los problemas económicos del país. En enero, el director de la Oficina de Minas y Energía de Haití (BME) declaró que la minería es esencial para el futuro de la economía de Haití. Las palabras del director no eran nuevas, pero atrajeron de nuevo la atención sobre el oro que hay en suelo haitiano y sobre las empresas estadounidenses y canadienses posicionadas para extraerlo.
No hay minas metálicas activas en Haití. Sin embargo, los habitantes de las tierras sujetas a permisos de minería llevan mucho tiempo identificando el desarrollo de la industria minera como una amenaza para sus comunidades y sus medios de vida.
Los haitianos no son los únicos que se preocupan por los impactos de la minería. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el pasado otoño, defensores y expertos de cinco países del Caribe —Haití, Jamaica, Guyana, Trinidad y Tobago y Bahamas— expusieron el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos y el cambio climático en el Caribe.
La minería causa grandes daños en grandes extensiones de tierra y ha provocado el desplazamiento de comunidades en todo el mundo. En Haití ya escasea la tierra para la agricultura.
Samuel Nesner, secretario ejecutivo de la Sociedad Cultural de Jóvenes Haitianos (SOKIJA) y antiguo animador de Kolektif Jistis Min (KJM), una coalición de organizaciones de la sociedad civil y activistas comunitarios haitianos, testificó sobre el actual robo violento de tierras a los agricultores de las zonas rurales de Haití y los riesgos que el desarrollo de la minería en Haití supone para los derechos humanos y el ambiente.
Nesner destacó que, en Haití, siglos de repetidas expropiaciones de tierras —en otras palabras, el acaparamiento de tierras— han expulsado por la fuerza a los agricultores y sus familias de sus hogares, especialmente en las comunidades rurales. Muchas veces, el acaparamiento de tierras se produce bajo la amenaza de la violencia y sin una compensación adecuada por la pérdida de sus tierras.
Según Nesner y otros defensores, las tierras se conceden a menudo a empresarios ricos o a empresas extranjeras para cultivar para la exportación o para extraer minerales del suelo. Explicó —y un artículo de Ayibopost de diciembre lo detalla— que los acaparamientos de tierras suelen ser facilitados por funcionarios corruptos del gobierno que reciben beneficios materiales de las élites empresariales.
Los actores extranjeros han desempeñado durante mucho tiempo un papel en la crisis del acaparamiento de tierras en Haití. Durante la ocupación de Haití por parte de Estados Unidos, más del siete por ciento de las tierras haitianas fueron cedidas o vendidas a empresas estadounidenses. De forma más reciente, el desarrollo del Parque Industrial Caracol tras el devastador terremoto de 2010 recibió una importante financiación de Estados Unidos y desplazó a 4000 personas casi de la noche a la mañana sin ninguna compensación significativa.
Las empresas, los países y los organismos internacionales extranjeros, como el Core Group dominado por Estados Unidos, siguen teniendo una inmensa influencia en la política y el desarrollo de Haití, lo cual eclipsa las voces del pueblo haitiano.
Nesner explicó que la industria minera "desaloja brutalmente a los campesinos de sus tierras de cultivo y causa graves daños al ambiente que ya está degradado." Entre 2006 y 2013, el gobierno haitiano concedió más de 50 permisos de explotación minera a tres empresas estadounidenses y canadienses para explorar las tierras que ocupan decenas de comunidades en la región norte de Haití.
Estos permisos se concedieron en violación de la legislación haitiana, sin realizar primero una evaluación adecuada del impacto ambiental y social, y sin consultar a las comunidades que viven en la tierra. Los habitantes de las comunidades que viven en el ámbito de los permisos mineros temen que, con el gobierno haitiano al servicio de las empresas mineras extranjeras, la pérdida de sus hogares y de sus medios de vida sea sólo una cuestión de cuando estas empresas decidan poner la tierra en marcha las minas.
Los residentes también han denunciado que representantes de las empresas mineras han entrado en sus tierras sin permiso, haciendo excavaciones en sus tierras de cultivo y tomando muestras de rocas y núcleos. Algunos residentes, además, firmaron acuerdos de acceso a la tierra con la empresa minera estadounidense Newmont sin entender el contenido del contrato.
Otros creían que los acuerdos les reportarían futuros beneficios similares a los proyectos de desarrollo sin ánimo de lucro o que la firma del contrato era necesaria para recibir una compensación por los cultivos dañados por la empresa. Algunos informaron de que un representante de Newmont les había pagado para que firmaran el acuerdo.
Muchos residentes declararon que si hubieran conocido el contenido de los acuerdos o los impactos ambientales de la exploración minera, nunca habrían firmado los acuerdos de acceso a la tierra.
Al ser presionados, los funcionarios de Newmont declararon que estos acuerdos de acceso a la tierra no serían válidos para ninguna actividad minera futura.
Nesner hizo hincapié en que la degradación existente del ambiente de Haití, el patrón secular de acaparamiento de tierras y la incapacidad demostrada por el gobierno para respetar los derechos humanos de su población hacen que el país sea especialmente vulnerable a las actividades de la industria extractiva. La minería causa grandes daños en grandes extensiones de tierra y ha provocado el desplazamiento de comunidades en todo el mundo. En Haití ya escasea la tierra para la agricultura. Además, la propensión de Haití a los terremotos crea un riesgo único de que se produzcan fallos en las presas de cola, que han causado cada vez más muertes catastróficas y destrucción medioambiental en todo el mundo.
Nesner subrayó ante la CIDH que el desplazamiento de los campesinos por las industrias extractivas es una violación de sus derechos humanos y debe ser condenado rigurosamente, incluso por los defensores internacionales.
Al aprender de las experiencias de la minería en otros países, KJM y otras organizaciones siguen educando a los residentes sobre los riesgos de la minería y promoviendo vías de desarrollo sostenible determinadas por el pueblo haitiano. Este otoño, KJM y la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York lanzaron Ayiti Kanpe Min (Haití libre de minería), un sitio web para proporcionar a las comunidades haitianas información sobre la industria minera, sus derechos legales, las obligaciones de las empresas mineras y los riesgos que supone la minería para las comunidades haitianas.
Dada la oposición a la minería en Haití durante décadas, las crecientes pruebas de sus daños catastróficos y el creciente número de países que prohíben la industria, Haití puede estar bien posicionado para convertirse en el primer país del Caribe en prohibir la minería metálica. Esa es la esperanza de las comunidades del noroeste de Haití que luchan por su futuro en un Haití libre de minería.