Foto cortesía: Dejusticia
El grupo de accionantes junto a César Rodríguez Director de Dejusticia.
El cambio climático amenaza la protección de los derechos humanos en todo el mundo y no estamos haciendo lo suficiente para detenerlo. El progreso lento de las negociaciones climáticas internacionales y el hecho de que los gobiernos no avancen en sus planes para mitigar las emisiones y adaptarse a un mundo en calentamiento han llevado a que los activistas climáticos adopten una nueva estrategia: el litigio climático.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a marzo de 2017, se habían presentado 654 litigios en los Estados Unidos y 230 casos más en el resto del mundo. Aunque la mayoría de estos casos se concentran en el Norte global, también se han emprendido litigios sobre cambio climático en países como India, Sudáfrica, Filipinas y Pakistán.
En efecto, el litigio climático se ha vuelto una tendencia global a medida que los activistas impulsan acciones en materia de cambio climático en las cortes. En la mayoría de los casos, los accionantes demandan a los gobiernos por no cumplir con sus metas climáticas, por no adoptar políticas de mitigación de emisiones lo suficientemente ambiciosas o por aprobar proyectos específicos que contribuyen al cambio climático.
Según la abogada australiana Sophie Marjanac, las posibilidades de este tipo de litigios están mejorando por dos razones principales. En primer lugar, una mayor cantidad de gobiernos han contraído compromisos específicos sobre acción climática, lo que permite que se les exija el cumplimiento de estos objetivos. En segundo lugar, la ciencia del clima está mejorando, lo que implica que es más fácil atribuir daños específicos (por ejemplo, eventos climáticos extremos) al cambio climático, reafirmando así los argumentos de responsabilidad.
Inspirados en esta reciente ola de litigios, una ONG colombiana, Dejusticia, decidió apoyar una acción legal para combatir el cambio climático y sus devastadores efectos en Colombia. La organización tiene una tradición de usar el litigio estratégico para destacar temas claves a nivel nacional y tener un impacto social más amplio.
Este tipo de acción legal tiene el potencial de llegar a la Corte Constitucional, la cual puede pedir rendición de cuentas a otras ramas del gobierno por no garantizar principios constitucionales y derechos fundamentales. Esta clase de litigio puede generar un debate público y sus efectos pueden repercutir más allá del caso mismo.
El caso fue presentado por 25 jóvenes colombianos que están demandando al gobierno nacional por no detener la deforestación en la región del Amazonas colombiano. Hoy, la ganadería, la expansión de la agricultura y la minería están llevando a la destrucción del bosque amazónico en Colombia. Los datos más recientes muestran que la tasa nacional de deforestación incrementó en un 44 % en 2016. Esto equivale a 178,597 hectáreas deforestadas, de las cuales 39 % están concentradas en el Amazonas.
El caso fue presentado por 25 jóvenes colombianos que están demandando al gobierno nacional por no detener la deforestación en la región del Amazonas colombiano.
Los accionantes argumentan que la deforestación viola su derecho constitucional a un medio ambiente sano, lo que a su vez amenaza sus derechos a la vida, el agua, la alimentación y la salud. El caso protagoniza a jóvenes porque, como generación futura, serán ellos los que sufrirán las repercusiones del cambio climático y la deforestación. Los accionantes son de los 17 municipios del país más amenazados por el cambio climático.
El grupo de accionantes incluye a Yurshell Yanishey Rodríguez, una estudiante de ingeniería ambiental de 23 años de la isla de Providencia, la región del país en mayor riesgo por el cambio climático. Para 2070, la temperatura en el área aumentará en 1.4 °C y el volumen de lluvia disminuirá en un 32 %.
A más de mil kilómetros de distancia, otro de los accionantes, Pablo Cavanzo Piñeros de 13 años, vive en Bogotá, donde según las proyecciones oficiales, habrá un aumento en la temperatura de 1.6 °C para el año 2070.
Existe una conexión intrínseca entre la Amazonía colombiana y el ciclo del agua que abastece al resto de la nación; deforestar un área podría tener una repercusión significativa a miles de kilómetros de distancia.
La acción legal exige que el gobierno respalde su discurso internacional sobre la deforestación con acciones concretas y efectivas en el terreno. La destrucción de los bosques no solo es la principal fuente de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, sino también una amenaza para los ecosistemas locales y las poblaciones que dependen de ellos para su sustento.
Los accionantes también exigen que el gobierno cree un acuerdo intergeneracional sobre cambio climático –teniendo en cuenta las repercusiones en las generaciones futuras– que delinee las medidas que adoptará para reducir la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la demanda solicita que este documento también incluya las estrategias de adaptación y mitigación que implementará cada municipio vulnerable en el país.
Los accionantes creen que un fallo judicial a su favor no sería una excepción, sino parte de una tendencia más amplia de defensores que buscan justicia a través del litigio sobre cambio climático. Por ejemplo, en el caso Urgenda vs. Holanda, el Tribunal de Distrito de La Haya determinó que el gobierno nacional no estaba haciendo lo suficiente para cumplir sus objetivos climáticos de mitigación y así evitar el peligro inminente del cambio climático.
El movimiento climático está evolucionando y, a medida que aumenta la presión sobre los gobiernos para que combatan el cambio climático, se diversifica su conjunto de herramientas y estrategias para exigir el cambio social. Claramente, el litigio es una estrategia que vale la pena intentar.
-------
Una versión más corta de este blog fue publicada originalmente por Thomson Reuters Foundation News aquí.