Las leyes nacionales les fallan a las mujeres de todo el mundo, y muchas veces es difícil demostrarlo. Pero imagine una herramienta en línea que tiene un conjunto de normas internacionales sobre derechos de las mujeres que los Estados deben cumplir, puntos de referencia concretos para áreas jurídicas específicas y una manera de comparar los avances legislativos entre países y a través del tiempo. Imagine la diferencia que esto podría suponer para la presentación de informes ante los órganos de tratados internacionales y cómo podría ayudar con los casos atrasados en nuestro sistema actual para la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Imagine hacer esto de forma remota ahora que la pandemia mundial de coronavirus pospuso los intercambios con los órganos de seguimiento de los tratados y llevó a la cancelación de la 64ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer/Beijing +25 (2020).
El Índice Legislativo de Género (GLI, por sus siglas en inglés) presenta ese potencial. El GLI, creado en la Universidad Tecnológica de Sídney, se diseñó para ser un sistema que evalúa las leyes en términos de su sensibilidad a las cuestiones de género, es decir, qué tan bien responden a cuestiones de género explícitas e implícitas. Las leyes sensibles a las cuestiones de género facilitan la rendición de cuentas, en la aplicación de leyes y políticas, con respecto a las necesidades específicas de cada sexo y las diferentes perspectivas marcadas por el género sobre cuestiones sociales, económicas y políticas esenciales.
Cómo funciona el GLI
El GLI evalúa el texto de las leyes, utilizando un equipo de evaluadores humanos. Evaluadores independientes responden siete preguntas en relación con cada ley. Las preguntas se derivaron de un análisis detallado de las 37 Recomendaciones Generales de la CEDAW. A través de esas preguntas, los evaluadores analizan, por ejemplo, si una ley garantiza acceso a servicios aceptables, asequibles, accesibles y no discriminatorios; si una ley garantiza la toma de decisiones informadas y sin coacción y protege la confidencialidad de las mujeres; si una ley promueve las relaciones equitativas entre hombres y mujeres; y si una ley garantiza el acceso a la justicia.
Para cada pregunta, los evaluadores colocan la ley en una escala que va de regresiva (léase: mala para las mujeres) a sensible en cuanto al género. El ejercicio se realiza dos veces: los evaluadores analizan las siete preguntas tanto para la intención declarada de la ley como para su efecto probable. Se utilizan visualizaciones de matrices cromáticas y gráficas circulares para mostrar la calificación que otorgó cada uno de los evaluadores a la ley, los niveles de acuerdo entre diferentes evaluadores y cuándo y por qué puede haber desacuerdo.
También se creó un algoritmo generado por computadora, que usa técnicas de aprendizaje automático. Se dividen los datos y el sistema aprende de un subconjunto de datos, con el objetivo de reducir algunos de los sesgos humanos que pueden existir en las siete áreas jurídicas. La máquina aprende de las decisiones que toman los evaluadores al calificar una ley y proporciona una calificación global generada por el algoritmo para cada ley: desde 1, que significa una ley que “ignora por completo las normas internacionales”, hasta 5, que significa que la ley “cumple las normas internacionales”.
Cómo puede el GLI promover los derechos de las mujeres
Se realizó una prueba piloto del GLI con 97 leyes de Sri Lanka, Indonesia y Filipinas en siete áreas jurídicas: regulación del sector extractivo, servicios financieros, violencia de género, trabajo, salud reproductiva, impuestos y derecho familiar.
Entonces, ¿qué observamos en términos de avances en la promulgación de leyes que beneficien a las mujeres? En primer lugar, la ley de Filipinas para combatir la violencia contra las mujeres es un buen ejemplo global de buena práctica, al menos en el papel. Al mismo tiempo, las leyes evaluadas de los sectores mineros en Filipinas y Sri Lanka no toman en cuenta las cuestiones de género. Por ejemplo, estas leyes no garantizan que las mineras tengan acceso a instalaciones suficientes y adecuadas específicas para su género (p. ej., inodoros y duchas) o que se celebren consultas apropiadas y eficaces con las integrantes de la comunidad relevantes a quienes afecta dicha explotación minera.
El GLI demuestra las dificultades que los países dispuestos a promulgar leyes sensibles a las cuestiones de género enfrentan cuando hay lagunas en las normas mundiales.
Se han logrado avances en la incorporación de una perspectiva de género en las leyes laborales. No obstante, aún hay deficiencias. Por ejemplo, la Ley sobre la Mano de Obra de 2003 de Indonesia podría prohibir de una manera más explícita la violencia sexual. Para mejorarla, se podría exigir la recopilación de datos desglosados por género a fin de que los encargados de formular políticas entiendan mejor cómo la ley afecta y beneficia a las mujeres. Al ofrecer puntos de referencia globales, como las normas establecidas en el Convenio de la OIT sobre la Violencia y el Acoso de 2019, el GLI puede ayudar a garantizar que las solicitudes de modificación de estas leyes se aborden con sensibilidad a las cuestiones de género.
El GLI también demuestra las dificultades que los países dispuestos a promulgar leyes sensibles a las cuestiones de género enfrentan cuando hay lagunas en las normas mundiales que podrían servirles de guía. En el ámbito de los impuestos, por ejemplo, los países podrían responder a la cuestión más directa (aunque fundamental) de eliminar los impuestos a los productos sanitarios que solo necesitan las mujeres, pero la existencia de puntos de referencia mundiales más exhaustivos y claros sería útil para promulgar leyes fiscales sensibles a las cuestiones de género.
Superar las limitaciones
Es evidente que el alcance de una herramienta en línea para cuantificar la rendición de cuentas sobre los derechos de la mujer tiene limitaciones. Varias voces muy respetadas, como Sally Engle Merry, han señalado los límites de la cuantificación: los proyectos basados en indicadores no prestan atención suficiente a las diferencias culturales y sociales. Los indicadores pueden estar mal definidos, a menudo sin que las personas más afectadas participen en su diseño, y puede ser fácil manipular los datos resultantes.
Sin embargo, como sostuve junto con José-Miguel Bello-Villarino, si queremos que haya rendición de cuentas —y claro que lo queremos—, los enfoques cuantitativos pueden ofrecer muchas ventajas en comparación con el uso exclusivo de enfoques cualitativos intensivos en recursos. Por otra parte, en el caso del GLI, los evaluadores examinaron leyes reales de países específicos, y no solo variables indirectas que representan esos derechos jurídicos.
El GLI tiene otras limitaciones. Por ejemplo, la categoría binaria de las mujeres es limitada. Sin embargo, el enfoque en las “mujeres” aquí no pretende excluir, por ejemplo, a las mujeres no biológicas; tampoco pretende tratar a todas las mujeres como si fueran iguales al incluirlas en una categoría monolítica. En cambio, es una categoría que une a quienes han sido excluidas de las estructuras de poder y la toma de decisiones.
El potencial actual y futuro del GLI
¿Qué más ofrece el GLI? En primer lugar, en su formato actual, el GLI se puede usar para evaluar de manera concreta el impacto legislativo de las dirigentes al observar las leyes promulgadas durante su mandato. Esto nos ayudaría a entender mejor la diferencia que marcan las dirigentes y vincular esto con la promoción global de una representación más equitativa de las mujeres entre los dirigentes mundiales. El GLI también podría permitirnos comparar las leyes de promulgación más reciente con las más antiguas, para medir los avances en la incorporación de los derechos de las mujeres. Incluso en los países que no se evaluaron en la prueba piloto actual, los puntos de referencia de las siete áreas ofrecen orientación a los legisladores sobre cómo hacer que los proyectos de ley sean sensibles al género.
El conjunto de siete preguntas, con el que se evalúan todas las leyes, también podría proporcionar nuevos modelos para que el Comité de la CEDAW estructure sus preguntas a los países y para que los países estructuren sus informes a los órganos de tratados.
Después de su éxito inicial, se está preparando una ampliación de la interfaz del GLI. El objetivo, a mediano plazo, es alcanzar 10 áreas jurídicas en 15 países, seleccionados por su diversidad geográfica y económica. Este nuevo conjunto de datos nos permitirá evaluar e identificar los mejores resultados entre esos 15 países, en general y con respecto a áreas jurídicas específicas.
En conjunto, este proyecto ofrece una clara demostración de cómo la tecnología, la ingeniería informática y la ciencia de los datos pueden combinarse para mejorar la rendición de cuentas sobre los derechos de las mujeres.
Agradecimientos
Agradecemos a Rapido Social de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Información de la UTS y al Centro de Inteligencia Conectada de la UTS por su colaboración en este proyecto. Esta investigación fue financiada por el Plan de Financiamiento Inicial para Investigaciones Jurídicas de la UTS (2018) y por la Subvención de Resultados de Impacto de la Vicerrectoría de Investigación de la UTS (2020).