Cuando los manifestantes salieron a las calles de Kazajistán, el gobierno del país centroasiático no dudó en apagar internet y así sumir a la nación en un vacío informativo. Este control extensivo y arbitrario de la información podría tener un alto costo, lo cual desencadenaría un efecto de espiral negativa en el que las restricciones alimentan el descontento y dan lugar a una represión aún mayor.
A principios de enero de 2022, estallaron unas protestas masivas en Kazajistán después de que el gobierno levantara un tope de precios para el combustible, lo que provocó un aumento repentino y pronunciado del costo del gas licuado de petróleo. Las multitudes llenaron primero las calles de la ciudad petrolera de Zhanaozen, pero las manifestaciones se extendieron rápidamente por todo el país.
Las protestas reflejaron el descontento popular contra el gobierno y el expresidente Nursultan Nazarbayev, que dirigió Kazajistán de forma autocrática durante tres décadas. A pesar de haber dimitido formalmente en 2019, Nazarbayev mantuvo una importante influencia como “Líder de la Nación” del país y presidente del Consejo de Seguridad Nacional.
En medio de la escalada de protestas, las autoridades empezaron a limitar internet y a imponer bloqueos selectivos. Los proveedores de redes privadas virtuales (VPN) hablaron de una demanda récord en el país, ya que la gente intentaba eludir la censura. A continuación, el gobierno recurrió a cortar el acceso a internet de banda ancha y móvil casi por completo en un intento por frenar los disturbios, lo cual provocó una semana de caos informativo.
Los cortes de internet ayudaron al régimen a sofocar a las multitudes en un momento decisivo. La regulación de la información que se difundía dentro y fuera del país impidió que se informara y organizara en tiempo real a través de los canales en línea, lo que podría haber desencadenado y posibilitado concentraciones aún mayores.
Con ello, las autoridades kazajas se anotaron una victoria a corto plazo en comparación con los disturbios poselectorales de Bielorrusia, donde se utilizó el método de inspección profunda de paquetes (DPI) para realizar una inspección selectiva y bloquear los contenidos en línea. Sin embargo, algunos canales en línea estaban operando, y los bielorrusos acudieron en masa a Telegram para acceder y compartir información sobre las acciones de protesta.
El gobierno de Kazajstán decidió finalmente desconectar el servicio por completo por razones de “seguridad pública y antiterrorista”, una medida posible gracias al monopolio estatal de las infraestructuras de telecomunicaciones.
El control arbitrario de la información puede tener un alto costo en el futuro, lo que hace que los ciudadanos pierdan la confianza que les queda en la promesa del gobierno de una sociedad empoderada en lo digital. Los cortes de internet son un hecho peligroso porque socavan los derechos civiles, como la libertad de reunión y expresión, perjudican la seguridad de las personas al crear un entorno en el que las noticias falsas y la desinformación se propagan con facilidad, y provocan un trauma duradero para la sociedad.
Las personas pierden el acceso a información y servicios críticos, incluidos los servicios gubernamentales, las instituciones educativas, los bancos y hospitales, y el comercio electrónico. Con la caída de los pagos virtuales y la interrupción de las cadenas de suministro, el cierre demostró cómo la economía de la nación depende de los medios digitales, y lo dispuesto que está el régimen a ignorar esta garantía.
Esta forma extrema de censura digital es contraproducente a todo nivel, ya que causa daños políticos, económicos, humanitarios y de seguridad. Tales medidas pueden inducir una espiral negativa, en la que la represión alimenta el descontento que podría incitar a las autoridades a utilizar más represión en forma de vigilancia y censura del tráfico en línea.
La llegada de las redes sociales despertó la esperanza de que estas plataformas proporcionaran una mayor conectividad y crearan espacios públicos en línea para expresar opiniones que pudieran contrarrestar las restricciones offline y el escrutinio gubernamental.
La digitalización también se ha convertido en una parte inextricable del desarrollo económico. En Kazajistán, programas como Kazajistán Digital prometían impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida mediante el uso de las tecnologías digitales. Hasta las protestas de enero, los funcionarios se mostraban cautelosos para no manchar la imagen cuidadosamente elaborada del país como lugar estable y moderno para la inversión extranjera.
Sin embargo, las primeras señales de alarma ya estaban ahí: las restricciones al espacio en línea en Asia Central se intensificaron en la última década, lo cual refleja las prioridades e intenciones de los gobiernos de digitalizar sus economías mientras controlaban la información mediante la vigilancia, la censura, el bloqueo y el filtrado de internet.
En 2009, el presidente Nazarbayev aprobó una ley que reconocía los recursos en línea, incluidos los sitios web, los blogs y las redes sociales, como medios de comunicación de masas, por lo que las restricciones a los medios de comunicación eran aplicables al espacio en línea. De este modo, sentó las bases para las restricciones de contenido a gran escala. Las revisiones legislativas posteriores obligaron sistemáticamente a los sitios web a registrar a todos los usuarios de internet, mediante verificación por SMS o firma digital, y dotaron a los organismos estatales de medios para identificar a las personas e inhabilitar el acceso en línea de forma individual.
Las interferencias en la red y los cortes de internet se han convertido en un método básico para sofocar el libre flujo de información en momentos políticamente delicados. En 2019, el año de las elecciones presidenciales, AccessNow en su informe #KeepItOn identificó cuatro cierres de internet en Kazajistán.
Cerca del día de las elecciones, se restringió el acceso a varios medios de comunicación en línea, así como canales de redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. La lista de plataformas restringidas se amplió tras las protestas provocadas por las elecciones presidenciales anticipadas, cuando se bloquearon Facebook, Twitter, WhatsApp y Telegram. En la primavera de 2020, como respuesta a la pandemia, las autoridades kazajas amenazaron con instaurar sanciones penales e investigaciones por difundir información falsa sobre el coronavirus, y así controlar también a las quejas del personal médico sobre la insuficiencia de los equipos de protección.
La censura se intensificó durante las elecciones parlamentarias de enero de 2021, cuando se registraron interrupciones locales de internet durante las protestas, acompañadas de ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) y bloqueos de las redes sociales. Ahora, la represión más reciente ha dejado al descubierto lo equipado y decidido que está el régimen a destrozar la vida económica y social de sus ciudadanos, habilitada por la tecnología, para mantenerse en el poder.
Mientras se asienta el polvo de los disturbios en Kazajistán, el presidente Kassym-Jomart Tokayev purgó el antiguo sistema de seguridad del país. Pero es posible que las nuevas élites políticas aprendan pronto que enfocar la seguridad de la información como una cuestión exclusiva de seguridad nacional —un mantra en el espacio postsoviético— sin tener en cuenta sus repercusiones sociales y económicas más amplias, puede no dar los resultados esperados en la era digital.
Sin embargo, es poco probable que se produzca una reforma institucional y política: abstenerse de instituir un marco legislativo y una práctica de control de la información excesivos debilitaría los medios de censura y vigilancia del Estado, disminuyendo su capacidad para manipular y negar el cambio social y suprimir las voces políticas alternativas. Cualquier reforma progresiva supondría un reto fundamental para el aparato de control de la información que mantiene al actual establishment en el poder.