A principios de octubre de 2021, los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconocieron oficialmente el derecho a un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. La votación fue abrumadora —se aprobó por unanimidad con 43 votos y cuatro abstenciones de China, India, Japón y Rusia— e histórica: un ambiente sano es ahora un derecho humano.
El derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible —o, en pocas palabras, el derecho a un ambiente sano (DAS)— es el reconocimiento de que los ecosistemas intactos y las poblaciones de animales y plantas, así como un clima estable, sustentan todos los derechos humanos: “Todos los derechos humanos dependen, en última instancia, de una biosfera sana”, como señaló el Relator Especial de la ONU para el medio ambiente y los derechos humanos, David Boyd.
El derecho a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, nuestro derecho a la alimentación, al agua y a la higiene, a los medios de subsistencia y a la participación en la vida cultural, etc., son tan importantes como el derecho a un ambiente sano, y dependen de él. Mientras escribimos esto en 2021, la actual pandemia de la covid-19 es un duro recordatorio del vínculo inextricable entre el ambiente y los derechos humanos.
El reconocimiento de este derecho por parte de la ONU nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre lo que significa para la labor de protección del ambiente que supone la lucha contra los delitos contra la vida silvestre.
Los delitos contra la vida silvestre suponen una grave amenaza para un ambiente sano
En primer lugar, digamos lo obvio: nos encontramos en medio de una crisis ambiental mundial desalentadora y sin precedentes, de la que el comercio ilegal de especies silvestres (CIES), también conocido como delito contra la vida silvestre, es un elemento importante. El último informe de la IPBES sugiere que alrededor de un millón de especies se enfrentan ya a la extinción, muchas de ellas en cuestión de décadas, a menos que se tomen medidas para reducir la intensidad de los motores de la pérdida de biodiversidad, de los cuales los delitos contra la vida silvestre son un motor clave. En pocas palabras, la recolección ilegal de fauna y flora silvestres debilita la integridad de los ecosistemas y un ambiente sano y sostenible. La tala ilegal, por ejemplo, tiene un impacto negativo en una amplia gama de beneficios ecológicos y sociales. Provoca la deforestación y la degradación de los bosques, empobrece la biodiversidad, aumenta las emisiones de carbono y reduce su almacenamiento, por lo que desempeña un papel importante en el calentamiento global y el cambio climático.
Los delitos contra la vida silvestre debilitan los derechos humanos
El DAS reconoce que los daños ambientales interfieren en el disfrute de los derechos humanos. El comercio ilegal de especies silvestres es una de las formas más lucrativas de la delincuencia organizada transnacional, que debilita las comunidades al agotar los recursos naturales de los que dependen, agravar la pobreza y contribuir a la corrupción. Los delitos contra la fauna y la flora silvestres también amenazan la buena gobernanza y la seguridad humana, y refuerzan las redes delictivas que pueden dedicarse a otras actividades que contribuyen aún más a la violación de los derechos humanos. El tráfico de especies silvestres también plantea riesgos para la salud, ya que tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes son zoonóticas (incluidas las procedentes de animales salvajes y domésticos), y amenaza el principio de equidad intergeneracional, ya que las generaciones futuras corren el riesgo de vivir en un mundo ecológicamente empobrecido.
El declive o la desaparición de una especie concreta podría tener un impacto devastador en una comunidad indígena, en sus derechos y en los de las generaciones futuras. Tomemos como ejemplo la garra del diablo (Harpagophytum procumbens). Esta planta medicinal crece en la sabana de las márgenes secas del Kalahari, en el sur de África, y tiene propiedades antiinflamatorias utilizadas para tratar la artritis y el reumatismo. Las plantas son recolectadas por las comunidades locales, entre ellos los pueblos indígenas San y Damara, que antes eran nómadas, para su uso en la medicina tradicional y para su venta; esta es a menudo la única fuente de ingresos en efectivo para estas comunidades gravemente desfavorecidas socialmente, cuyo derecho a la alimentación y a la salud está en juego. El derecho a un ambiente sano aclara que es responsabilidad de los Estados adoptar medidas eficaces para garantizar la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas y la diversidad biológica de los que depende el pleno disfrute de los derechos humanos.
La convergencia entre el ambiente y los derechos humanos permite enfoques que se apoyan mutuamente
Aunque tener un ambiente sano es crucial para el cumplimiento de los derechos humanos, la forma en que lo protegemos es importante, y el DAS articula claramente que en todos nuestros esfuerzos para garantizar que nuestro ambiente se mantenga sano, debemos respetar y proteger los derechos humanos. Es la única manera de avanzar si queremos proteger la naturaleza de forma eficaz, equitativa y sostenible.
Al igual que ocurre con la mayoría de los daños ambientales, las consecuencias de los delitos contra la fauna y la flora silvestres afectan sobre todo a las personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Al igual que ocurre con la mayoría de los daños ambientales, las consecuencias de los delitos contra la fauna y la flora silvestres afectan sobre todo a las personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. La elaboración de respuestas equitativas y eficaces a los delitos contra la vida silvestre requiere que nos aseguremos de que los principios de “no hacer daño” estén en el centro de las respuestas del CIES, y que adoptemos enfoques inclusivos y holísticos. Por ejemplo, debemos prestar más atención a la forma en que las mujeres se ven afectadas por los delitos contra la vida silvestre —y por las respuestas a los delitos contra la vida silvestre— y empoderar a los pueblos indígenas para que den forma a sus propias respuestas a esos delitos. También significa garantizar que cualquier apoyo a la aplicación de la ley contribuya a fortalecer el Estado de Derecho, a abordar la impunidad y a promover las leyes y normas internacionales de derechos humanos. El derecho humano a un ambiente sano establece que, si bien los gobiernos tienen el deber de proteger ese derecho humano, deben hacerlo respetando otros derechos humanos, incluidos los derechos de procedimiento, garantizando una participación significativa en la toma de decisiones sobre el ambiente a través de la libertad de expresión y de asociación, por ejemplo, al garantizar el acceso a la justicia y proporcionar educación ambiental.
Al articular claramente la convergencia del ambiente y los derechos humanos, el derecho humano a un ambiente sano ayuda a abrir el camino a quienes trabajan en la protección del ambiente. Otras formas de hacerlo son la identificación de puntos de entrada, como el Examen Periódico Universal en el marco del Consejo de Derechos Humanos, a través del cual se pueden poner de relieve cuestiones ambientales específicas para que se tomen medidas correctivas, o cuestiones específicas que requieren más atención, como la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales y el empoderamiento de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Entender el derecho a un ambiente sano desde el punto de vista de los delitos contra la vida silvestre nos recuerda que abordar esos delitos mediante un enfoque basado en los derechos contribuye al cumplimiento de los derechos humanos, y que la protección de los derechos humanos puede contribuir a abordar los delitos contra la vida silvestre de manera eficaz y equitativa.