"El futuro ya está aquí, pero no está distribuido uniformemente", dijo el escritor de ciencia ficción William Gibson. Para anticipar el futuro de los derechos humanos en un planeta que sigue calentándose, hay pocos lugares más relevadores que la pequeña isla caribeña de Barbuda. Barbuda es un microcosmos de tendencias y retos más amplios, desde el desplazamiento por eventos climáticos extremos y el uso oportunista de esos desastres por parte de algunos gobiernos y empresas, hasta las fachadas ambientalistas de proyectos que agravan la crisis climática. Si se quiere evitar este futuro en Barbuda y en otros lugares, la comunidad internacional debe prestar mucha atención a la situación en la isla, cuya calma y belleza la convirtieron en el lugar de vacaciones favorito de la Princesa Diana e inspiraron a Robert de Niro a darle el nombre de “El paraíso encontrado” al centro vacacional de lujo que proyecta construir allí.
Lo primero que hay que señalar es el doble rasero del gobierno. A principios de diciembre de 2020, el gobierno central de Antigua y Barbuda, situado en la isla de Antigua, fue el anfitrión de una cumbre virtual de los Estados de América Latina y el Caribe que habían firmado el histórico Acuerdo de Escazú en 2018. Este tratado vinculante garantiza la participación pública en decisiones ambientales importantes, así como los derechos a la información y al acceso a la justicia en materia ambiental. También ofrece importantes protecciones a los activistas ambientales, que se enfrentan a graves riesgos en todo el continente.
El gobierno se autoidentifica como "uno de los primeros en la región con una agenda climática progresista" y recibió recientemente 39,4 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima. Cuando el huracán Irma, de categoría 5, diezmó en 2017 a Barbuda (una isla más pequeña situada a 40 millas al norte de Antigua), el Primer Ministro Gaston Browne dijo: "Dentro de tres años, tendremos una conversación diferente; veremos un Barbuda resiliente frente al cambio climático, totalmente verde".
Hoy, la conversación es muy diferente. Mientras abandera el Acuerdo de Escazú, el Primer Ministro Browne está ejecutando planes para transformar las 62 millas cuadradas de Barbuda en un paraíso para hoteles de lujo y extensas propiedades para multimillonarios. Al mismo tiempo, hace caso omiso a la fuerte oposición de los locales a sus planes para la isla y viola los derechos humanos básicos protegidos por el Acuerdo de Escazú y el derecho internacional, incluido el derecho de los barbudenses a tener voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas y tierras.
El pasado y el futuro de Barbuda están en juego en los acontecimientos actuales.
Desde la época de la esclavitud bajo el dominio colonial británico, la vida en Barbuda ha sido distinta a la de Antigua. Mientras que la economía de Antigua está impulsada por el turismo en gran escala, como la mayor parte del Caribe, todas las tierras de Barbuda son "propiedad común del pueblo de Barbuda", y "ninguna tierra de Barbuda [puede] venderse" - un sistema centenario reconocido formalmente en estas palabras de la Ley de Tierras de Barbuda de 2007. La cultura y la identidad de Barbuda están íntimamente ligadas a la tierra. Los barbudenses administran su isla seca y caliza en equilibrio con su delicada ecología: recolectan langosta, cazan, aplican técnicas de cultivo de tala y quema y permiten proyectos de ecoturismo selectos a través de su mecanismo de gobierno local, el Consejo de Barbuda.
Después de que el huracán Irma azotó el Caribe en septiembre de 2017, el gobierno central evacuó a Antigua a los 1.800 habitantes de Barbuda. La medida era necesaria, dijeron, porque una segunda tormenta era inminente. Cuando no llegó ninguna tormenta, personal armado de las fuerzas militares siguió buscando y sacando a los que querían quedarse y reconstruir. Los barbudenses permanecieron en Antigua durante varios meses, mientras sus posesiones se deterioraban por la sal y el sol.
A los pocos días de la evacuación, llegaron cuadrillas de construcción y comenzaron a trabajar las 24 horas del día en un nuevo aeropuerto internacional de un tercio del tamaño de La Guardia de Nueva York, sin ninguna evaluación ambiental. "Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que al gobierno no le interesaba que los barbudenses volvieran", nos dijo John Mussington, activista y director de la escuela secundaria de Barbuda, "querían reurbanizar la isla como una empresa inmobiliaria privada".
Esta es la segunda característica de la historia de Barbuda que resume los futuros desafíos para los derechos humanos en la crisis climática. Como ha escrito Naomi Klein, se trata de un “capitalismo de desastre” para el siglo XXI: el uso de una crisis y de la fuerza militar para promulgar reformas económicas que no habrían sido posibles en circunstancias normales.
A los pocos meses del huracán, el gobierno revocó sumariamente las protecciones comunales de la Ley de Tierras de Barbuda de 2007. Lo que ha pasado desde entonces es chocante, especialmente si se tienen en cuenta que está pendientes litigios contra la derogación de la Ley de Tierras y varios proyectos individuales. Gran parte de la nueva urbanización se encuentra dentro del Parque Nacional de la Laguna Codrington, un humedal protegido por la Convención de Ramsar. Como muestra el mapa que figura a continuación, los proyectos abarcan la mayor parte del lado caribeño de la isla.
(Figura 1: Mapa del desarrollador de proyectos planificados / Source: Unknown; Figura 2: Mapa de proyectos actualmente en proceso y áreas protegidas de Ramsar / Source: Dr. Rebecca Boger)
Uno de los proyectos es "Paz, Amor y Felicidad" (PAF), financiado por los magnates estadounidenses Steve Anderson y Jean Paul DeJoria. Sólo este proyecto, cuya construcción está en marcha, cubre 650 acres del Parque Nacional, casi el 2% de la isla. La propuesta incluye alrededor de 500 residencias, campos de golf y un puerto deportivo dentro de la Laguna Codrington para albergar megayates.
Entre tanto, el tratamiento que el gobierno les ha dado a los barbudenses ha sido escaso en paz, amor y felicidad. "Aquellos que tengan la intención de convertirse en terroristas económicos en este país, tendrán que enfrentarse a todo el peso de la ley por cualquier infracción", dijo el Primer Ministro Browne en 2015. Así se refirió a quienes se oponen a sus planes para la "Disneyficación de Barbuda", como la antropóloga ambiental Sophia Perdirakis llamó a las reformas en un seminario virtual organizado por el Acelerador de Litigio Climático del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Se trata de una contradicción notable para un gobierno que se presenta como defensor de un tratado (Escazú) cuyo aporte contribución original al derecho internacional es la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente.
La contradicción se ha agudizado recientemente. En julio de 2020, después de que el único miembro barbudense del parlamento nacional, Trevor Walker, asistiera a una protesta contra el PLH, el Primer Ministro Browne dijo a la prensa "Cada vez que hagan algo ilegal allí, enviaré a la policía y al ejército... Prefiero luchar contra ellos y renunciar que hacer la vista gorda". En septiembre de 2020, en otra protesta pacífica contra PAF, dos concejales de Barbuda fueron arrestados y acusados de allanamiento y de violar las reglas de COVID por no usar tapabocas.
La tercera advertencia que Barbuda lanza para el futuro es la siguiente: así como la crisis climática representa una amenaza existencial para los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos abren la puerta al deterioro del medio ambiente y a un mayor calentamiento global. Según la Alianza Mundial para los Arrecifes de Coral, los proyectos en Barbuda "causarán un deterioro significativo, y probablemente irreversible, de la calidad del agua en la laguna Codrington, el principal criadero de peces de Barbuda". Los campos de golf, los centros turísticos y las nuevas residencias ocuparán tierras esenciales para la agricultura, la cría de animales y los pastos, y especies protegidas. Las urbanizaciones necesitan grandes cantidades de agua dulce, lo que requiere una desalinización en gran escala, proceso que genera un lodo tóxico que puede dañar gravemente los corales y la vida marina. La sustitución de manglares, juncos y humedales por construcciones costeras debilitará drásticamente la resistencia de Barbuda al aumento del nivel del mar y a otros fenómenos meteorológicos extremos que se intensificarán cada año, como lo mostró la temporada de huracanes de 2020.
El pasado y el futuro de Barbuda están en juego en los acontecimientos actuales. Si el Gobierno quiere tomarse en serio su compromiso con los derechos humanos internacionales, el medio ambiente y las generaciones futuras, debe respetar "los derechos sobre las tierras comunales y conservar el patrimonio, la cultura y el medio ambiente de Barbuda", como ha exigido el movimiento Barbuda No Más Silencio.
La comunidad internacional debe prestar mucha atención. El destino de Barbuda, para bien o para mal, se distribuirá uniformemente por todo el mundo dentro de poco tiempo.