Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la covid-19 como una pandemia en marzo de 2020, los gobiernos rápidamente declararon el estado de emergencia o impusieron medidas de emergencia de facto.
Aunque muchas medidas fueron legítimas y necesarias para hacer frente a la crisis de salud pública, varios gobiernos, tanto democráticos como no democráticos, aprovecharon la pandemia para agilizar la legislación represiva y aplicar medidas vagas que podían utilizarse para infringir los derechos humanos y las libertades cívicas fundamentales.
Las autoridades han recurrido a una serie de medidas que afectaron de forma desproporcionada a los defensores de los derechos humanos y restringieron las libertades fundamentales, se dirigieron de manera explícita a los defensores de los derechos humanos y obstaculizaron su labor, y los expusieron a un riesgo aún mayor de criminalización y estigmatización.
Ahora que se cumplen dos años del inicio de la pandemia, es hora de que los gobiernos rescindan estas medidas y leyes represivas, y garanticen la inclusión de los actores de la sociedad civil en la respuesta a la pandemia y en los esfuerzos de recuperación tras la misma.
Aunque el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) permite a los Estados declarar estados de emergencia, estos deben ser de carácter temporal, prescritos por la ley, necesarios y proporcionales. Sin embargo, muchos gobiernos aprobaron medidas que restringían de forma inadmisible los derechos y las libertades de las personas, en ocasiones de forma indefinida.
Por ejemplo, en Argelia, Eritrea y México, los gobiernos “emitieron prohibiciones generales sin fecha de caducidad”, lo cual restringió el derecho a la libertad de reunión pacífica. En Turquía, el gobierno emitió una orden ejecutiva que prohibía a las organizaciones de la sociedad civil organizar incluso reuniones de asamblea general en línea. Y en Hungría, el gobierno no sólo emitió una prohibición total de las protestas, sino que también autorizó a las fuerzas militares a hacer cumplir la prohibición e imponer sanciones de hasta 1400 euros por participar en manifestaciones prohibidas.
Además, en enero de 2022, el gobierno de Túnez impuso nuevas restricciones relacionadas con la covid-19 que prohibían todas las reuniones públicas. Sin supervisión legislativa, estas medidas de emergencia quedaron sin control, con un profundo impacto en el Estado de derecho y la gobernanza democrática a largo plazo.
En otros países, los gobiernos tomaron como objetivo a los defensores de los derechos humanos a través de la legislación sobre “desinformación” o “noticias falsas”. Aunque el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión señala claramente que el derecho a la libertad de expresión se aplica a la información con independencia de la veracidad o falsedad de su contenido, los gobiernos promulgaron leyes definidas de forma vaga y amplia para justificar el recorte de los derechos a la libertad de expresión y de opinión con el pretexto de las noticias falsas.
Por ejemplo, en Zimbabue, el gobierno promulgó una orden por la que se penalizaba a quien publicara o comunicara “noticias falsas” con una multa equivalente a casi 20 000 dólares estadounidenses o hasta veinte años de prisión. En Vietnam, el gobierno se basó en la Ley de Ciberseguridad para adoptar un decreto que prohíbe la difusión de “noticias falsas”; el decreto impone multas de hasta aproximadamente 853 dólares. La ley subyacente tiene una definición amplia de las “noticias falsas” para incluir información incorrecta o tergiversada, así como calumnias e insultos al honor y la dignidad de una persona.
Con el mismo pretexto, se detuvo de manera arbitraria a trabajadores de la salud, periodistas y defensores y críticos de los derechos, y se les sometió a acoso físico e intimidación. En países como Argelia y Brasil, las autoridades presuntamente detuvieron, arrestaron y agredieron físicamente a periodistas que informaron sobre la covid-19. Las autoridades también utilizaron estas medidas para atacar a los trabajadores sanitarios que contradecían los informes del gobierno sobre la propagación del virus y el número de casos.
Además, las medidas de facto han incluido el despliegue de fuerzas militares para hacer cumplir las medidas de confinamiento, la aplicación selectiva o desproporcionada, el uso de la vigilancia y la brutalidad policial. En marzo de 2020, los gobiernos de Jordania y Líbano desplegaron fuerzas militares para hacer cumplir las órdenes de bloqueo. En octubre de 2020, el ejército y la policía antidisturbios de Polonia hicieron un uso excesivo de la fuerza para responder a las protestas contra el aborto.
A menudo, estos poderes excepcionales se convierten en la norma. Por ello, los defensores de los derechos humanos han recurrido a respuestas de litigio y no litigio para oponerse a la normalización de estas prácticas represivas y proteger el espacio cívico necesario para cumplir con sus mandatos.
Un informe recién publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Asociación Estadounidense de Abogados documenta las respuestas efectivas de los defensores de los derechos humanos para contrarrestar estas medidas restrictivas. Los actores de la sociedad civil emprendieron diversas estrategias en función del grado de respeto por el Estado de derecho y la independencia del poder judicial.
El enfoque de litigio estratégico, que impugnaba la legalidad de las medidas, tuvo un éxito variado. Sin embargo, como se vio en India, Israel, Malawi y el Reino Unido, las cortes hicieron hincapié en que las restricciones a los derechos fundamentales deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, tal y como señala la Observación General 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Además, en los casos en los que los gobiernos restringieron el derecho a la libertad de expresión utilizando leyes readaptadas, el éxito de las impugnaciones legales dependió en gran medida de la naturaleza de la ley subyacente y del alcance de su aplicación. Por ejemplo, las cortes de Brasil e India consideraron que la expresión penalizada estaba protegida por la constitución y que la acción del gobierno excedía el alcance de la ley reformulada.
Los actores de la sociedad civil también han recurrido a enfoques no contenciosos para desafiar las medidas y prácticas de facto a través de nuevas coaliciones, una mayor coordinación con otros actores y la presión sobre los organismos gubernamentales. En ocasiones, estos desafíos han supuesto la publicación de cartas públicas o privadas, la participación de las instituciones nacionales de derechos humanos, la realización de protestas pacíficas de acuerdo con las directrices de salud pública y las campañas en las redes sociales.
De estas medidas, las campañas en las redes sociales fueron bastante efectivas, en parte porque estas redes proporcionan a los defensores de los derechos humanos plataformas no sólo para movilizar a la opinión pública contra la supresión gubernamental de los derechos y libertades fundamentales, sino también para participar en los esfuerzos de respuesta a la pandemia.
A pesar de estos desafíos y restricciones difíciles, los actores de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en los esfuerzos de respuesta a la pandemia. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil emprendieron iniciativas para mitigar el impacto social y económico de las restricciones de la pandemia sobre las personas y los grupos marginados. Con el fin de satisfacer las necesidades de las comunidades, abordaron el vacío en la prestación de servicios esenciales en muchos casos, al tiempo que mantuvieron las conexiones entre los esfuerzos locales y globales para responder a la pandemia.
El próximo periodo será crucial. Es probable que se mantengan varias leyes y medidas y prácticas restrictivas. Los gobiernos deberían poner fin y derogar gradualmente la legislación y las medidas represivas. Debe restablecerse el papel de los órganos legislativos para revisar todas las leyes y medidas y garantizar una supervisión adecuada. Los actores de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos humanos, deben seguir vigilando y documentando sistemáticamente las medidas relacionadas con la covid-19 que infrinjan los derechos humanos, y emprender estratégicamente acciones legales para impugnar su legalidad.
Un compromiso significativo con los actores de la sociedad civil garantizaría que las restricciones del estado de emergencia relacionadas con la covid-19 se utilicen para responder a emergencias legítimas de salud pública y no para silenciar las voces críticas y disidentes.
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