Un poder judicial independiente es esencial para cualquier democracia. Sin embargo, la reforma judicial introducida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y aprobada en septiembre de 2024 ha suscitado una gran preocupación a nivel nacional e internacional. Estas reformas prometen «democratizar» el poder judicial, pero ¿a qué precio?
Aunque las elecciones puedan parecer inherentemente democratizadoras, la selección judicial por votación popular exige un escrutinio cuidadoso. ¿Quién está cualificado para presentarse y quién toma esta decisión? ¿Cómo se garantizará la competencia, el mérito y la ética, los criterios de referencia para la selección judicial? ¿Qué salvaguardias impedirán las influencias corruptoras de poderosos agentes económicos? ¿Cómo se gestionará la transición al nuevo marco? ¿Puede un país sustituir a casi toda su judicatura -incluidos muchos de sus juristas más experimentados- sin perjudicar la calidad de su sistema jurídico?
Al descuidar estas cuestiones críticas, la reforma corre el riesgo de convertirse en un caballo de Troya, atractivo a primera vista pero peligroso para el sistema judicial y, por tanto, para la sociedad en su conjunto.
Como relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, advertí de estos peligros en una comunicación formal al gobierno mexicano antes de que se aprobaran las enmiendas constitucionales. Mi preocupación se amplificó debido al clima de profunda desconfianza que rodea al poder judicial en México. Aunque el poder judicial mexicano no es perfecto, el entonces presidente López Obrador lanzó una campaña de chivos expiatorios después de que el poder judicial bloqueara varios de sus programas emblemáticos. Durante meses, el presidente utilizó su rueda de prensa diaria para lanzar acusaciones contra jueces federales concretos, a los que señaló por su nombre y acusó de corrupción y tráfico de influencias. No se trataba de un método para abordar problemas reales de corrupción o ineptitud, sino de convertir a los jueces en el enemigo percibido.
La independencia de la justicia: Un pilar de la democracia
El problema de la reforma mexicana es básico: no garantiza la independencia del poder judicial. Esta independencia no es un privilegio de los que llevan la toga, sino que es la base delos derechos fundamentales que garantizan a todas las personas la igualdad de acceso a un juicio justo. La independencia judicial es esencial para la gobernanza democrática, ya que controla los excesos de otros poderes del Estado y garantiza que nadie -por poderoso que sea- esté por encima de la ley. Su desmantelamiento supone un golpe a la protección de los derechos humanos a la que todos los mexicanos tienen derecho en virtud del derecho internacional.
En mi informe de 2024 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destaco las formas en que los gobiernos autocratizadores atacan la independencia judicial para debilitar los controles y equilibrios. En mi último informe a la Asamblea General de la ONU advertí de que poderosos actores económicos están socavando la independencia judicial al interferir en los nombramientos judiciales y presionar a los jueces para que actúen de forma alineada con sus intereses. Una vía importante para este tipo de interferencia es la elección de jueces.
Estos patrones son terriblemente relevantes para México, donde la reforma judicial crea un terreno fértil para la influencia indebida de actores políticos y económicos por igual.
La elección popular de jueces: Un alejamiento del mérito y la ética
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma mexicana es el cambio de los nombramientos judiciales basados en el mérito a la elección popular de los jueces, incluidos los jueces de los tribunales superiores. Esto supone un sorprendente alejamiento del sistema construido en las últimas décadas para garantizar que se nombra a los candidatos más cualificados. En este sistema, ahora descartado, los candidatos judiciales eran evaluados mediante rigurosos exámenes escritos y orales, que ponían a prueba sus conocimientos generales de jurisprudencia y derecho, así como su capacidad de razonamiento analítico, y parte de las evaluaciones se realizaban de forma anónima. Aunque sin duda quedaba mucho por hacer -los problemas de corrupción e influencia indebida por parte de actores poderosos seguían siendo un problema-, este sistema estaba dando sus frutos: El poder judicial de México estaba cada vez más formado por los juristas más cualificados del país.
En lugar de este sistema basado en la competencia, el nuevo sistema requiere cartas de recomendación de vecinos o amigos. Las reformas no aclaran si se requiere alguna experiencia relevante específica o cómo se llevará a cabo la selección entre los aproximadamente 25.000 candidatos registrados para puestos judiciales (en el momento de la publicación, el gobierno no ha proporcionado cifras oficiales). Otras cuestiones fundamentales también siguen sin respuesta: ¿Cómo se protegerá el proceso contra la influencia del crimen organizado? ¿Qué medidas se aplicarán para atraer a juristas cualificados y con experiencia suficiente? ¿Qué papel desempeñará la sociedad civil en el proceso?
Estas cuestiones demuestran que, si bien las elecciones pueden celebrarse como un ideal democrático, su aplicación a la judicatura rara vez es adecuada. El derecho internacional exige que los jueces sean competentes e íntegros, seleccionados mediante métodos que protejan contra motivos impropios. Por su naturaleza, las elecciones judiciales corren el riesgo de dar prioridad a la popularidad sobre la imparcialidad y la competencia. Y sin una regulación de la conducta en las campañas y una transparencia adecuada, abren la puerta a la influencia indebida de las élites políticas y económicas o -peor aún- del crimen organizado.
Lejos de ganarse los elogios internacionales, las elecciones judiciales han suscitado las críticas del Comité de Derechos Humanos, y el mandato del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados ha expresado su preocupación por las elecciones judiciales, abogando por métodos diseñados para garantizar que la selección judicial se base en la excelencia profesional y el mérito.
(In)seguridad judicial
La reforma también plantea serias preocupaciones jurídicas y prácticas al ordenar la terminación del mandato de más de 1.800 jueces y funcionarios tan pronto como los nuevos cargos electos tomen posesión de sus cargos, a menos que compitan -y ganen- en las próximas elecciones judiciales.
Sin embargo, la destitución de jueces en activo antes de la finalización de sus mandatos viola el principio de seguridad en el cargo, que prohíbe la destitución de jueces de forma arbitraria o sin una causa justa individualizada. Esta garantía de que los jueces no deben ser destituidos prematuramente asegura su capacidad para desempeñar sus responsabilidades profesionales sin temor a represalias o injerencias políticas.
Más allá de sus implicaciones legales, tal destitución abrupta en masa amenaza con perturbar la capacidad del poder judicial para funcionar eficazmente. El despido de un enorme número de funcionarios judiciales experimentados puede crear retrasos en los casos pendientes, negando la justicia oportuna a los ciudadanos que esperan las decisiones de los tribunales, violando potencialmente el derecho de los ciudadanos a un juicio justo, garantizado por la legislación de derechos humanos.
Tribunales disciplinarios: Un precedente peligroso
El tribunal disciplinario propuesto en la reforma, compuesto por jueces nombrados igualmente por elección popular, suscita graves preocupaciones adicionales. El tribunal tendrá competencia para adoptar decisiones disciplinarias contra los jueces basándose en conceptos vagos como haber cometido «actos u omisiones contrarios al interés público o a la buena administración de la justicia». Además, sus decisiones no podrán ser recurridas ante un órgano independiente.
El pasado nos ofrece un cuento con moraleja: tales mecanismos -supuestamente diseñados para garantizar la responsabilidad judicial- podrían funcionar en cambio como herramientas de control político, intimidando a los jueces y consolidando la influencia del gobierno sobre los tribunales.
Las normas internacionales sobre procesos disciplinarios judiciales son inequívocas: deben seguir criterios claros y establecidos y defender el derecho de los jueces a apelar ante un órgano independiente. Este derecho individual de cada juez está diseñado para proteger también el derecho de todos a acceder a un poder judicial independiente e imparcial.
Dimensiones olvidadas de la reforma
Meses después de plantear estas preocupaciones a las autoridades mexicanas, el debate sobre la reforma judicial sigue siendo tan polémico como siempre.
Mientras crece la preocupación por la solicitud del Instituto Nacional Electoral de la friolera de 40.000 millones de pesos para financiar las elecciones judiciales del próximo año, miembros de la sociedad civil llevaron el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad de derechos humanos de México sostiene que, si bien la reforma judicial es vital, el planteamiento del gobierno es erróneo. ¿Por qué, se preguntan los defensores mexicanos, una reforma que pretende abordar la corrupción y democratizar la justicia deja de lado cuestiones clave como la impunidad, el mal funcionamiento de la aplicación de la ley y los problemas sistémicos en las fiscalías?
El camino a seguir
Mientras la profunda reforma judicial mexicana entra en vigor, las consecuencias para el Estado de derecho siguen siendo inciertas. Me temo que veremos campañas similares en otros países por parte de líderes que utilizan el lenguaje de la democracia para enmascarar sus esfuerzos por capturar al poder judicial. Frente a tales esfuerzos, es esencial recordar el papel fundamental de los jueces en una sociedad democrática. Al prometer lealtad a la Constitución y al Estado de derecho, los jueces protegen a los más marginados defendiendo sus derechos humanos y controlando los abusos de los más poderosos, garantizando que nadie esté por encima de la ley.