Pie de foto: Las personas defensoras de derechos humanos se manifiestan en Tailandia después de que un manifestante pacífico fuera amenazado por los disparos de un agente de seguridad de la mina (enero 2021).
Las personas defensoras de derechos humanos (personas DDH) de todo el mundo han estado expuestas a una amplia gama de peligros y amenazas, desde campañas de desprestigio y acoso hasta detenciones arbitrarias, secuestros y asesinatos. Sin embargo, el estallido de la covid-19 ha empeorado las condiciones de un tipo de trabajo que ya era bastante arduo mental, física y emocionalmente.
Como se destaca en el informe anual más reciente de Front Line Defenders, al menos 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2020 (un incremento del 8.8% comparado con 2019).
Si bien han sido necesarias ciertas restricciones para contener la propagación de un virus con un alto contagio, las severas limitaciones a las libertades fundamentales se han utilizado de forma intencionada y desproporcionada contra los activistas que se han negado a poner en pausa su trabajo, incluso cuando el resto del mundo estaba en aislamiento.
Al inicio de la pandemia, Protection International (PI) comenzó a realizar una investigación a través de encuestas en toda la organización para evaluar el impacto del COVID-19 en las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) con las que trabajamos. PI trabaja principalmente en 11 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Brasil, República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania, Tailandia e Indonesia. Nuestros hallazgos validan lo que muchos profesionales de derechos humanos temían que ocurriera: las medidas de salud pública se convirtieron en armas contra las personas DDH; se produjo un aumento de las amenazas y los ataques tanto físicos como digitales; los intereses empresariales siguieron prevaleciendo sobre los derechos humanos; los presos políticos continuaron siendo detenidos y desatendidos en medio de la emergencia; y el derecho a defender los derechos humanos se mantuvo en grave peligro.
Apenas un mes después de que comenzaran los aislamientos, nuestro personal informó que la crisis de salud pública había exacerbado rápidamente los problemas existentes, como el aumento de la vigilancia física y digital, la criminalización, las detenciones ilegales y los arrestos arbitrarios. Los índices de violencia de género, incluida la ejercida contra las mujeres defensoras, se dispararon, y aumentó la carga desproporcionada del cuidado familiar sobre las mujeres. La aguja del medidor de riesgo no subió de manera gradual; las personas DDH sintieron el impacto casi instantáneamente.
En primer lugar, hablaremos de la tendencia más preocupante y generalizada: el uso por parte de los gobiernos de las restricciones de la covid-19 contra sus propios ciudadanos.
En tiempos de crisis, los Estados se apoyan en gran medida en las fuerzas del orden para la aplicación de medidas de emergencia, y, debido a la mala interpretación de los mandatos del gobierno o a las directivas deliberadamente duras, las personas DDH y periodistas a menudo se enfrentan a la peor parte de su fuerza bruta. Casi todos los equipos de PI informaron que las medidas de confinamiento han permitido una mayor vigilancia de las personas defensoras.
Las administraciones que culpan sin fundamento y de forma generalizada a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de los efectos de la pandemia contribuyen sin duda al aumento de la violencia contra ellas.
En Guatemala, por ejemplo, un miembro del equipo describió una presencia policial inusual y persistente fuera de su casa. En Colombia, nuestro equipo informó que han aumentado las amenazas contra las personas DDH y sus actividades, ya que el gobierno excusa a las autoridades que actúan bajo el pretexto de la necesidad de controlar la propagación del virus.
Al principio de la pandemia, muchos Estados no delimitaron claramente que la prensa debía ser excluida de las órdenes de confinamiento. Un año después, periodistas y disidentes siguen siendo objeto de ataques, descrédito y censura con el pretexto de difundir información errónea o desinformación sobre el virus o la eficacia de la respuesta del gobierno. En Tanzania, por ejemplo, el finado presidente John Magufuli no reconoció que la covid-19 era una situación preocupante hasta febrero de 2021 y dos editores de periódicos independientes dijeron que “los funcionarios les habían dicho informalmente que no publicarían material que no le gustara al gobierno”.
Brasil ha sufrido un destino similar. El presidente Bolsonaro ha negado la legitimidad de la pandemia, y ha “acusado a la prensa del caos que vive el país para desviar la atención de su desastrosa gestión de la crisis sanitaria”, explica Reporteros sin Fronteras. Las administraciones que culpan sin fundamento y de forma generalizada a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos de los efectos de la pandemia contribuyen sin duda al aumento de la violencia contra ellas.
América Latina ha sido históricamente la región más plagada de asesinatos de personas DDH, y este año de pandemia no ha sido una excepción. El caso de Colombia es especialmente descorazonador, teniendo en cuenta que no sólo sigue siendo el país más peligroso del mundo para las personas DDH, sino que la respuesta del gobierno al aumento de la violencia y las masacres durante la pandemia ha sido el despliegue de técnicas de “militarización”. El estricto confinamiento ha limitado el acceso de las personas DDH a las redes de protección, las rutas y los aliados, especialmente de aquellas que tienen un acceso parcial o nulo a Internet. Los actores armados han aprovechado las medidas de confinamiento para localizar y asesinar más fácilmente a las personas defensoras.. Somos Defensores reportó un aumento del 61% en los asesinatos de personas DDH durante el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), al menos 256 personas DDH y líderes sociales han sido asesinadas en Colombia desde que comenzaron los confinamientos iniciales el 25 de marzo de 2020, incluidas 31 en 2021. Muchas personas DDH colombianas han utilizado programas de reubicación temporal para encontrar refugio, pero hacia el comienzo de la pandemia, muchos de estos programas fueron suspendidos debido a las restricciones de viaje. Una vez que se empezaron a coordinar de nuevo las evacuaciones de emergencia, Colombia fue el primer país en desplazamientos de personas DDH en 2020.
La pandemia no puede servir de pretexto para recortar injustificadamente los derechos y libertades fundamentales.
Protection International Colombia ha estado trabajando principalmente con las comunidades indígenas de la región de la Orinoquía, en el este del país, que sigue estando muy desatendida por la respuesta a la emergencia y los esfuerzos de ayuda. Muchas personas indígenas DDH están preocupadas por necesidades básicas como la salud y el suministro de alimentos, lo que las obliga a dejar de lado las actividades relacionadas con la protección de su tierra y el medio ambiente. Las restricciones a la movilidad y la falta de conectividad han afectado especialmente a personas DDH rurales, sobre todo a las mujeres. “La ya enorme carga de cuidados familiares y domésticos que recae sobre los hombros de las mujeres ha aumentado drásticamente. Además, están más expuestas y son más vulnerables a la violencia doméstica, ya que, si hay un teléfono móvil en la casa, normalmente lo tiene el hombre”, explica Aída Pesquera, representante de PI en Colombia. “Todo esto las limita notablemente en el ejercicio de su labor de derechos humanos”.
Protection International ha estado trabajando con los líderes locales para proporcionar planes de datos para celulares para asegurar que las personas defensoras puedan comunicarse con sus redes de protección, proporcionar apoyo a las comunidades al facilitar su acceso a Internet, así como continuar con sus prácticas ancestrales de autoprotección. “Los apoyamos para que se trasladen a un lugar donde puedan conectarse de forma segura, y realizamos talleres virtuales cada semana sobre protección”, dice Pesquera, “también les proporcionamos material didáctico que pueden utilizar de forma autónoma entre sesiones”.
Aunque los grupos indígenas de Colombia y Brasil han sido de los más afectados por la pandemia, todavía no están en la lista de grupos prioritarios para recibir la vacuna, a pesar de que el esquema de vacunación ya comenzó.
Pie de foto: Una mujer de una zona rural de Colombia junto a un mural (2019).
Desde que empezamos a recopilar datos, estos problemas han persistido o incluso han empeorado con el tiempo. Si bien la inoculación de la vacuna puede estar en el horizonte para algunos, la realidad es que muchas personas DDH no están ni cerca de los primeros puestos de las listas de prioridades nacionales para recibirla. Esperamos que las personas DDH sigan trabajando, enfrentándose a los obstáculos enumerados anteriormente durante lo que queda de 2021, al menos.
Los grupos de derechos humanos llevan gritando esto desde marzo de 2020, pero aún no hemos llegado a un punto en el que podamos dejar de repetirlo: La pandemia no puede servir de pretexto para recortar injustificadamente los derechos y libertades fundamentales. Los gobiernos no tienen ninguna excusa para obstaculizar abiertamente el derecho a defender los derechos humanos. Un año después, seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que proteja y defienda los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis, cuando corren mayor riesgo de ser socavados. Muchos de nosotros nos hemos instalado en nuestras rutinas de la “nueva normalidad”, pero normalizar estos abusos es peligroso. Debemos seguir denunciando. Instamos a los gobiernos de todo el mundo a que velen por la seguridad de las personas defensoras y a que garanticen su derecho a la libertad de expresión y su derecho a defender los derechos humanos, incluso en el contexto de las restricciones que sean necesarias y proporcionales.