Una imagen sin fecha disponible el 14 de agosto de 2019 muestra a un trabajador cortando un árbol en la selva amazónica de Brasil. La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó los 2.254,8 kilómetros cuadrados en julio de 2019, un área un 278 por ciento más grande en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). EPA / MARCELO SAYAO / Brazil Out
Se reconoce ampliamente que la deforestación es un contribuyente importante al calentamiento global, que representa alrededor del 10% al 13% de las emisiones globales de CO2. En Brasil, estas emisiones están fuertemente asociadas a la deforestación resultante de la conversión de las selvas tropicales en usos agrícolas. Esto, a su vez, se correlaciona directamente con la deforestación del Amazonas.
Por otro lado, estos bosques constituyen el principal sumidero de carbono terrestre del planeta y son fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático e incluso para reducirlos: eliminan de la atmósfera aproximadamente el 36% de las emisiones antropogénicas de CO2. Sólo la selva amazónica representa alrededor del 20% del sumidero de carbono del planeta, lo que subraya su importancia para la estabilidad climática local y regional.
Desde 2004 han aparecido dos tendencias distintas sobre las tasas de deforestación en la región amazónica. De 2004 a 2012, la deforestación se redujo efectivamente en un 84%. Sin embargo, las tasas han vuelto a tender al alza desde 2012, y la superficie total de bosque talado ha aumentado de 4571 a 10 129 km2/año en 2019. Múltiples factores indican que las tasas de deforestación serán aún más altas este año, lo que subraya aún más ese patrón en aumento.
Según la meta establecida en la legislación climática brasileña, la deforestación no debía superar un área equivalente a 3925 km2/año en 2020. Por desgracia, no hay motivos para creer que Brasil vaya a cumplir este objetivo, como puede verse en el siguiente gráfico.
Figura. NOBRE, Carlos. Informe técnico de apoyo a la acción civil de interés público n. 5048951-39.2020.4.04.7000. São José dos Campos - SP, Brasil, 24 de septiembre de 2020.
Para hacer frente a este preocupante escenario climático, el IEA (Instituto de Estudios Amazónicos, en portugués) presentó una acción civil climática de interés público en octubre de 2020 que busca imponer obligaciones de protección del clima al gobierno brasileño. Influido por casos anteriores de litigio climático global en Colombia, los Países Bajos y los Estados Unidos, la demanda climática de la AIE comparte dos características inmediatas con estos importantes precedentes: la pretensión de imponer obligaciones relacionadas con el clima a un gobierno nacional y una sólida base constitucional para sus argumentos.
Sin embargo, dado el carácter pionero de la demanda y la escasa experiencia del poder judicial brasileño en materia de litigios climáticos, adoptamos la estrategia de construir nuestro caso sobre la base de la legislación nacional y de argumentar sobre la base de derechos fundamentales bien establecidos y tradicionales. Para ello, nuestra demanda se propone “traducir” a términos jurídicos los principales conceptos científicos relacionados con el papel de la selva amazónica en la mitigación del cambio climático.
Esta “decodificación” de la ciencia en derecho se lleva a cabo mediante el lenguaje del litigio basado en derechos y una selección de derechos humanos ya firmemente consagrados en la Constitución brasileña y, por tanto, ampliamente reconocidos por los tribunales nacionales. En concreto, la cuestión de la deforestación amazónica y sus efectos nocivos para el clima se aborda mediante una defensa jurídica basada en derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Además, la demanda busca el reconocimiento de un derecho fundamental a la estabilidad climática para las generaciones presentes y futuras, al tiempo que aboga por el cumplimiento de las obligaciones y objetivos previstos de forma objetiva en la legislación climática brasileña.
Sólo la selva amazónica representa alrededor del 20% del sumidero de carbono del planeta, lo que subraya su importancia para la estabilidad climática local y regional.
En nuestra demanda se tomaron tres decisiones estratégicas fundamentales. En primer lugar, se dio preferencia a la legislación brasileña sobre los acuerdos internacionales para evitar debates innecesarios sobre su carácter vinculante. En segundo lugar, se trató de garantizar una sólida base científica al encargar un informe técnico que presenta y explica los datos oficiales acerca de la deforestación y su influencia en el clima a nivel nacional y regional, y se adjuntó este documento a la demanda como prueba científica. De esta forma, también se cumplió el propósito vital de proporcionar a los tribunales una información objetiva que de otro modo no conocerían. En tercer lugar, defendemos un derecho a la estabilidad climática para las generaciones presentes y futuras, como consecuencia lógica de la sinergia entre varios derechos fundamentales previstos de manera expresa en la Constitución brasileña y otras leyes.
Incluso antes de la firma y ratificación del Acuerdo de París, Brasil ya había detallado sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la llamada Política Nacional de Cambio Climático. La meta brasileña de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es, en otras palabras, un compromiso ya previsto en la legislación federal, completado con indicadores cuantificables definidos en un decreto y con medidas objetivas esbozadas en un plan de acción. Vale la pena repetir que esta legislación es anterior al Acuerdo de París, fue redactada por legisladores brasileños y su carácter legal vinculante es incontrovertible.
Para cumplir con estos objetivos, el gobierno brasileño emitió un decreto en el que se detallan planes de acción muy específicos para prevenir y controlar la deforestación en varios biomas brasileños, uno de los cuales fue el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (el PPCDAm).
El objetivo central de nuestra demanda climática es que el gobierno brasileño tome las medidas adecuadas para cumplir con la ley federal que establece la Política Nacional de Cambio Climático, y así hacer cumplir el PPCDAm. Lo que esperamos conseguir es el reconocimiento de un derecho fundamental a la estabilidad climática para las generaciones presentes y futuras y una orden judicial que obligue al gobierno federal a cumplir con sus propias políticas climáticas, especialmente a cumplir el límite de 3925 km2/año de deforestación en la Amazonia para 2020. En caso de que este objetivo no se cumpla al final de este mandato (que va de agosto de 2020 a julio de 2021), el gobierno federal estará obligado a reforestar el área equivalente que supere este límite.
Sin embargo, no nos hacemos ilusiones —pues este es el innegable consenso científico al respecto— de que las metas de deforestación no se cumplirán, ya que el gobierno brasileño no está tomando actualmente ninguna medida para cumplir ni con la Ley de Política Nacional de Cambio Climático ni con los Planes de Mitigación Climática. Aun así, en un plano pragmático, incluso si la meta de reducción de la deforestación no se cumple en el plazo establecido, creemos que la demanda cumplirá un propósito importante al buscar una orden para que el gobierno federal recomponga un área equivalente al área deforestada por encima de ese límite legal.
Esta demanda pretende conciliar la ambición de obtener el reconocimiento judicial de un derecho intergeneracional para la estabilidad climática con unos deberes de protección absolutamente objetivos y cuantificables, que en este caso concreto hace cumplir los objetivos de lucha contra la deforestación en el Amazonas. Independientemente del resultado final, la demanda busca establecer bases constitucionales para este y futuros juicios climáticos que aborden esta cuestión.
De manera singular, la demanda no sólo se basa en derechos constitucionales indiscutibles, sino que argumenta un derecho fundamental a la estabilidad climática, que surge en los tiempos actuales como representación legal del esfuerzo necesario para enfrentar los impactos sobre diversos derechos humanos que la emergencia climática provoca y seguirá provocando.