En marzo de 2021, el Gobierno escocés publicó su Informe del Grupo de Trabajo Nacional para el Liderazgo en Derechos Humanos. El informe pide y establece parámetros para un enfoque basado en los derechos humanos en la elaboración de leyes y políticas nacionales.
El “enfoque basado en los derechos humanos” (EBDH) es una forma prometedora de replantear y resolver muchos problemas contemporáneos acuciantes, como las persistentes brechas de desigualdad, las relaciones con las distintas minorías, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, diversas políticas sociales, medidas de salud pública y para la reconstrucción tras la pandemia de la covid-19. Dado que el G7 se comprometió hace poco a “reconstruir un mundo mejor” (B3W), los países con visión de futuro deberían estudiar detenidamente el EBDH y adoptarlo plenamente para mejorar la gobernanza y la elaboración de leyes y políticas en todos los ámbitos y a todos los niveles.
El EBDH es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano cuyas normas están enraizadas en los estándares internacionales de derechos humanos y que está encaminado a promover y proteger los derechos humanos en su operación. Pretende analizar las desigualdades que están en el centro del desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y las distribuciones injustas de poder que lo impiden y a menudo hacen que grupos de personas se queden atrás.
El enfoque surgió hace unos veinte años sobre todo en el sistema de las Naciones Unidas y ha ido ganando terreno en las organizaciones internacionales de desarrollo y, en cierta medida, en el desarrollo municipal. A pesar de ser conocido desde hace mucho tiempo a nivel internacional, el enfoque basado en los derechos humanos puede seguir considerándose “nuevo” e “innovador” para la elaboración de políticas y leyes a nivel nacional.
El ejemplo más reciente de adopción del EBDH a nivel nacional es Escocia, que ha publicado un informe completo que allana el camino para la institucionalización de ese enfoque. El informe del Grupo de Trabajo Nacional Escocés para el Liderazgo en Derechos Humanos es el resultado de un complejo trabajo de dos años en el que han participado funcionarios gubernamentales de alto nivel, destacados especialistas en derechos humanos y una sección de la sociedad civil.
En primer lugar, el informe pide la plena incorporación a la legislación escocesa de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales de forma explícita según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las disposiciones de otros convenios internacionales fundamentales de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de la discriminación contra las mujeres, la discriminación racial y los derechos de las personas discapacitadas. Este requisito básico sienta las bases del EBDH, al reconocer que ámbitos como la educación, la atención sanitaria, la seguridad social, la vida cultural, la vivienda, la alimentación y el vestido, el agua y el saneamiento no son cuestiones de elección política o de caridad, sino que son objeto de derechos humanos fundamentales e imperativos.
En segundo lugar, el informe pide explícitamente que se legisle el deber de realización progresiva de los derechos humanos, y que se establezca un proceso de evaluación prelegislativa "para certificar que cualquier proyecto de ley [legislativo] cumple con los derechos contenidos en el marco y demuestra en qué medida el proyecto de ley propuesto contribuye al avance de dichos derechos". En otras palabras, el marco legislativo escocés no sólo está llamado a no violar los derechos humanos, sino que está llamado a buscar activamente la mejora y el cumplimiento de los derechos humanos. Esta disposición supone un enorme salto hacia el siguiente principio clave del HRBA: toda política y ley debe tener como objetivo directo la realización plena y efectiva de los derechos humanos.
El informe exige que el trabajo para la realización de los derechos humanos forme parte del mandato de todas las autoridades públicas mediante la introducción de deberes específicos en relación con los mecanismos de denuncia y los órganos de supervisión para garantizar que todas las autoridades públicas dan pleno efecto a las obligaciones en materia de derechos humanos.
El marco legislativo escocés no sólo está llamado a no violar los derechos humanos, sino que está llamado a buscar activamente la mejora y el cumplimiento de los derechos humanos.
Por último, el informe pide que se establezcan procesos legislativos, ejecutivos y de administración de justicia participativos y responsables, entre otras cosas mediante mecanismos adicionales y mejorados de reclamación y recurso en materia de derechos humanos, la introducción del derecho explícito a la participación efectiva, etc.
Por muy bienvenido y esperanzador que parezca, hay ciertos aspectos en los que el nuevo enfoque escocés aún podría mejorarse en términos de un EBDH fuerte y completo. Por ejemplo, habría que centrarse específicamente en cerrar de forma proactiva las brechas entre los más vulnerables y el resto de la sociedad y elevar la “consulta” de los titulares de derechos a su plena participación.
Para los defensores de derechos humanos de todo el mundo, el informe escocés se destaca por su carácter prospectivo, que lo distingue del típico enfoque fragmentario y reactivo que se encuentra en otros lugares, incluso entre las llamadas democracias “avanzadas” y los países preocupados por la justicia social. Por ejemplo, en lugar de seguir tratando los derechos humanos como un mero “ámbito jurídico”, el informe escocés aboga por una amplia integración de los derechos humanos en todos los ámbitos.
El enfoque basado en los derechos humanos se menciona explícitamente como principio fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se afirma que es clave para resolver la crisis de la covid-19 y para la reconstrucción posterior. A nivel mundial, algunos gobiernos y organizaciones sitúan el EBDH en la base de la elaboración de políticas y la programación en ámbitos como el desarrollo internacional, la vivienda, la salud, la protección social y las políticas de atención. Entre los que están dando algunos pasos en esta dirección se encuentran Nueva Zelanda y Canadá.
Canadá parece especialmente bien situada para seguir y podría potenciar el efecto de demostración de interés para otros. En primer lugar, Canadá se presenta como un líder mundial en el avance de la igualdad de género y los derechos humanos, y se pueden encontrar algunas referencias explícitas al enfoque basado en los derechos humanos en los documentos de ayuda internacional de Canadá y en torno a la nueva Estrategia Nacional de Vivienda canadiense. Varias organizaciones canadienses han reclamado un enfoque basado en los derechos humanos para las políticas relativas también a la seguridad nacional, las drogas, la migración, los servicios de desarrollo y la zonificación de las ciudades, mientras que en la provincia más grande de Canadá (con una población tres veces superior a la de Escocia) la Comisión de Derechos Humanos de Ontario ha emitido una declaración política sobre un EBDH para gestionar la pandemia de la covid-19.
Al mismo tiempo, Canadá no se compromete con el EBDH de forma sistemática, a pesar de la creencia pública común de que Canadá ya es un país “basado en derechos”. El EBDH no es un tema de debate en los principales foros, como el legislativo, el político, el académico o las instituciones de financiación de la investigación en Canadá, aunque existe un creciente interés público en cuestiones sustanciales y sistémicas como el racismo, las desigualdades, la necesidad de reconciliación y la igualdad de oportunidades. Algunas iniciativas relevantes son promovidas por ONG (como se dijo antes), surgen en algunos cursos universitarios y se mencionan ocasionalmente en conferencias académicas, pero no han dado lugar a un esfuerzo global o de todo el sistema como el que se presenta ahora en Escocia. Sin embargo, como Estado miembro del G7 y como una federación flexible, la aplicación del EBDH en Canadá —en todos los ámbitos y a todos los niveles— proporcionaría importantes referencias, si no un modelo, para que otros lo siguieran. De hecho, el EBDH encierra un enorme potencial para que Canadá y otros Estados replanteen y resuelvan muchas cuestiones apremiantes, como las relaciones con las diversas minorías, los pueblos indígenas, los inmigrantes permanentes y temporales, y diversas políticas sociales, así como las medidas de la covid y la reconstrucción posterior.
Ya sea en Canadá o en otro país con visión de futuro, ha llegado el momento de examinar detenidamente el EBDH y adoptarlo para la elaboración de leyes y políticas en todos los ámbitos y a todos los niveles. El ejemplo pionero de Escocia ofrece una buena orientación en este sentido. La creación de un grupo de trabajo nacional para el EBDH, similar al grupo de trabajo escocés para el liderazgo en materia de derechos humanos, sería un buen punto de partida. Varias instituciones educativas y de investigación, así como algunos organismos de las Naciones Unidas, pueden proporcionar un sólido apoyo metodológico y de asesoramiento. Si el mundo realmente se va a “reconstruir mejor” después de la covid-19, como pretende el G7, Escocia ha mostrado una forma importante de hacerlo. Ahora el mundo debería seguirla.