Para 2050, dos terceras partes de los habitantes del mundo vivirán en zonas urbanas. La manera en que se desarrollen las ciudades determinará nuestra capacidad de reducir la desigualdad económica y racial, enfrentar con eficacia el cambio climático y alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El movimiento de derechos humanos puede ayudar a que las ciudades avancen en el sentido correcto aumentando su participación en las políticas y la labor de defensa y promoción a nivel municipal, y otorgando mayor atención a la creciente influencia del sector empresarial dentro de nuestras ciudades. Tomar medidas en estas dos áreas impulsará todo el espectro de los derechos, desde el derecho a la vivienda hasta la no discriminación, y desde la libertad de asociación hasta el derecho a la salud. Al enfatizar la participación de las comunidades locales, cuestionar a los poderosos y formar alianzas que vayan más allá del movimiento tradicional de derechos humanos, la labor de defensa y promoción basada en los derechos puede ser una importante fuerza a favor del cambio en las zonas urbanas.
Dentro de las ciudades, miles —y a veces millones— de personas no solo interactúan entre ellas y con el entorno construido, sino también se relacionan directamente con los funcionarios electos locales y otras personas responsables de tomar decisiones que afectan varios aspectos de sus vidas cotidianas. Existe una interacción creativa entre la defensa y promoción a nivel internacional y local. Vivimos en un mundo en el que el capital internacional influye cada vez más sobre las ciudades y en el que estas se posicionan como actores en el escenario global, mientras que la realidad de los derechos sigue desarrollándose a nivel del hogar, la escuela y las calles.
La defensa y promoción de derechos humanos a nivel de las ciudades también desempeña un papel importante para contrarrestar el auge del populismo nacionalista. Mientras que la reacción de muchos Estados nación al mundo globalizado es replegarse, erigir fronteras más altas y estrechar los intereses que protegen, las ciudades pueden convertirse —idealmente— en espacios en los que todas las personas, sin importar su edad, origen, creencias o género, pueden afirmar y asegurar sus derechos, como individuos y en conjunto.
Las facultades jurídicas de las ciudades se pueden agrupar en siete áreas, como se describe en un informe reciente y perspicaz: “Unmasking the hidden power of cities” (Revelando el poder oculto de las ciudades). Estas áreas son: los gastos directos (incluida la provisión de empleos y servicios); la adquisición y contratación; el desarrollo económico; el poder de propiedad (es decir, el hecho de que las ciudades sean dueñas de bienes como puertos y servicios públicos); el uso de la tierra; la reglamentación, y los impuestos. Cada una de estas facultades se puede utilizar para socavar o para impulsar los derechos humanos; y cada área presenta oportunidades para crear estrategias de defensa y promoción con el objetivo de mejorar la protección de las poblaciones urbanas.
Por ejemplo, las ciudades y los defensores han reconocido el papel crucial que desempeñan las ciudades al recibir y apoyar a los inmigrantes y refugiados. La conferencia internacional “Cities for Rights” (Ciudades por los Derechos Humanos) celebrada este mes en Barcelona abarcó temas como “las ciudades como contrapoder” y “la resistencia ciudadana a las políticas de represión en las fronteras y deportación”. Las ciudades también han sumado fuerzas en diversas ocasiones para pedir que la Organización de las Naciones Unidas les permita influir más directamente en la política internacional sobre refugiados.
En los EE. UU., el movimiento de Ciudades Libres trabaja para proteger a los inmigrantes de las redadas de deportación y para contrarrestar las disparidades raciales en cuanto a detenciones y encarcelamiento. Como en el caso de los esfuerzos exitosos a nivel municipal para aumentar el salario mínimo y ampliar las protecciones laborales, estas ciudades enfrentan oposición a nivel federal y estatal, y tienen que reinventar y adaptar sus políticas en consecuencia.
En la Ciudad de Nueva York, una campaña en la que participé ofrece un ejemplo del poder que se puede generar cuando aliados improbables unen sus fuerzas dentro de una ciudad para garantizar múltiples derechos; en este caso, al alinear objetivos de justicia ambiental y derechos de los trabajadores. La campaña logró que la ciudad se comprometiera a emprender una reforma sistémica de la industria privada de manejo de residuos que, mediante los acuerdos contractuales de las empresas, mejorará las condiciones laborales de la fuerza de trabajo de la industria, que es predominantemente negra y latina. Al mismo tiempo, las reformas reducirán el tránsito de camiones y la contaminación en comunidades de bajos ingresos, a la vez que aumentan el reciclaje y contribuyen a alcanzar las metas de la ciudad en materia de cambio climático.
Existe un grupo cada vez más amplio de ciudades de todo el mundo que intentan adoptar un enfoque holístico sobre los derechos humanos y se llaman a sí mismas “Ciudades de Derechos Humanos”. Algunas de ellas son Gwangju en Corea del Sur, Utrecht en Holanda, Lund en Suecia y Porto Alegre en Brasil. Estas ciudades tienen su propia definición de lo que significa implementar las normas internacionales de derechos humanos en el contexto del funcionamiento cotidiano de una ciudad, reconociendo a la vez que se trata de un proceso continuo de experimentación y aprendizaje.
Las oportunidades abundan, pero no podemos ignorar el hecho de que la desigualdad en las ciudades se está profundizando, y es necesario tomar medidas para combatir sus causas fundamentales. Como han señalado Leilani Farha, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, y muchos otros, la vivienda se ha convertido en un bien hiperfinanciarizado. Los especuladores y desarrolladores priorizan las ganancias a corto plazo por encima de las necesidades de los habitantes de las ciudades. “Las consecuencias de anteponer los intereses de los inversores a los derechos humanos son severas”, escribió Farha. “Millones de personas de todo el mundo son desalojadas mediante ejecuciones hipotecarias o desplazadas por el desarrollo, y se ven excluidas de las ciudades por los precios elevados”.
No podemos ignorar el hecho de que la desigualdad en las ciudades se está profundizando, y es necesario tomar medidas para combatir sus causas fundamentales.
En Phnom Penh, por ejemplo, los agricultores que fueron desplazados de sus tierras por los efectos del cambio climático terminan trabajando en condiciones de servidumbre fabricando ladrillos para alimentar el boom de la industria de la construcción; mientras que un departamento nuevo de dos recámaras en la capital cuesta el equivalente a más de 200 años del salario promedio en Camboya.
La respuesta debe abarcar varias facetas. Tenemos que enfatizar que la vivienda es un derecho humano, apoyar los esfuerzos de organización local, llamar a cuentas a los funcionarios locales y fortalecer las normas contra la especulación en bienes raíces. A medida que aumenta la desigualdad, la defensa y promoción del derecho a la ciudad —que promete ciudades justas, incluyentes, seguras y democráticas— en todos los continentes irá ganando terreno y urgencia.
En el contexto del boom de la construcción a nivel global (se proyecta que la industria crecerá en un 85 % para 2030), nuestra capacidad de garantizar los derechos humanos dependerá de las decisiones que se tomen en nuestras ciudades sobre qué se construye, dónde y para quién. Es necesario emprender esfuerzos de defensa y promoción durante todo el ciclo de vida de la construcción en las ciudades: desde la planeación hasta el diseño, la construcción y la operación de las edificaciones. Si las comunidades locales establecen las prioridades, los defensores pueden dirigirse a los gobiernos, las empresas y los inversores y trabajar con ellos para alejarnos de las construcciones que debilitan los derechos y obstaculizan el progreso en materia de desarrollo sostenible —como las prisiones privadas y las torres lujosas para propietarios ausentes— y orientarnos hacia las construcciones que impulsan los derechos humanos mediante la expansión del acceso al espacio público, la vivienda, el empleo digno y la infraestructura pública.
Podemos emplear la misma creatividad e imaginación que se invirtió en la construcción de los edificios más icónicos e inspiradores del mundo para construir ciudades que hagan efectivos los derechos de todos sus habitantes.