El 3 de agosto de 2024, el activista LGBTIQ+ venezolano Yendri Omar Velásquez fue detenido arbitrariamente por las autoridades venezolanas en el aeropuerto de Maiquetía. Velásquez formaba parte de una organización que viajó a las Naciones Unidas para denunciar las violaciones de los derechos humanos en su país de origen. Estuvo incomunicado durante varias horas antes de ser puesto en libertad. Días después, el 10 de agosto, presuntos agentes de seguridad venezolanos intentaron allanar la casa de Koddy Campos, un activista LGBTQI+ también de Venezuela.
Ambos casos forman parte de la más feroz represión hasta la fecha por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra los ciudadanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, elecciones en las que Maduro se atribuyó la victoria mientras se negaba a publicar las actas, lo que provocó amplias protestas en todo el país.
Esta crisis es la culminación de las diversas violaciones de los derechos humanos que se han producido durante décadas, incluido el mínimo reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ por parte del gobierno. La falta de un sistema judicial fuerte e independiente, combinada con una homofobia y transfobia cultural profundamente arraigadas, ha dejado desprotegidas a las personas LGBTIQ+. Sin embargo, el movimiento LGBTIQ+ persiste. La marcha del Orgullo en la capital, Caracas, ha continuado, al igual que las protestas contra acciones arbitrarias, como la detención de 33 personas hace un año en una sauna en Valencia, estado de Carabobo.
Vincular los principios democráticos con los derechos LGBTIQ+
El caso venezolano plantea interrogantes sobre las diversas relaciones entre la democracia y los derechos de las personas LGBTIQ+. Las democracias han demostrado que promueven los derechos LGBTIQ+, aunque lentamente y no sin contratiempos. El deterioro democrático, por otro lado, ha llevado a retrocesos en los derechos LGBTIQ+, ya que el género y la sexualidad se presentan como uno de los primeros «objetivos» de los gobiernos autoritarios. Los ataques a las personas LGBTIQ+ forman parte del viejo libro de jugadas de asignar el papel de chivos expiatorios a las poblaciones históricamente discriminadas. Pero incluso en regímenes autoritarios o en países que experimentan un retroceso democrático, el movimiento LGBTIQ+ encuentra formas creativas, aunque arriesgadas, de oponerse a ello.
Esta conexión muestra que proteger la democracia y salvaguardar la diversidad son dos caras de la misma moneda. Sin respeto por las poblaciones que históricamente se han enfrentado a la discriminación, no hay verdadera democracia.
La forma en que definimos la democracia también influye en la protección de los derechos LGBTIQ+. No basta con celebrar elecciones justas y abiertas. La democracia también debe incluir derechos políticos básicos, como la libertad de expresión, asociación y protesta, y el derecho a votar y ser elegido. Estos son los derechos que protegen a las minorías de una visión hegemónica. El ejemplo de Brasil sirve para ilustrar este punto. Las elecciones locales más recientes contaron con el mayor número de candidatos LGBTIQ+ de la historia, y 237 fueron elegidos, la mayoría de ellos mujeres y personas negras.
Tampoco hay democracia sin un sistema judicial independiente e imparcial. El poder judicial ha sido un lugar esencial para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+. Como demuestran numerosos estudios y las experiencias de diferentes países, el acceso a la justicia ha dado lugar a cambios legales estructurales que reconocen los derechos LGBTIQ+ en los Estados democráticos. Por lo tanto, el derecho de acceso a la justicia es un elemento esencial de la democracia, tanto para el reconocimiento de los derechos de las comunidades que sufren discriminación como para la defensa de la propia democracia.
Estos son los cimientos para construir una verdadera democracia centrada en la diversidad. Junto con los derechos civiles y políticos, una democracia participativa y diversa también requiere integrar tres elementos de otros derechos: acceso a derechos sociales y económicos, la posibilidad de vivir una vida libre de violencia y proteger el medio ambiente del cambio climático.
Estas son áreas en las que los regímenes autoritarios fracasan recurrentemente. Los líderes autoritarios explotan las profundas desigualdades sociales para desgarrar el tejido social que permite que la democracia prospere. A menudo invocan una retórica de mano dura contra el crimen para prometer seguridad, erosionando así los derechos humanos sin lograr resultados sostenibles y afectando profundamente la vida y la integridad de todos los ciudadanos, en particular de los grupos sociales más marginados, como las mujeres y las personas LGBTIQ+. Además, el cambio climático y las consecuencias medioambientales de las actividades humanas crean nuevos riesgos para la garantía de los derechos, ya que los grupos más marginados suelen ser los que más sufren en tiempos de escasez y crisis.
Luchar contra los intentos autoritarios de anular los derechos
Al abordar directamente estas áreas, los movimientos pueden exigir una igualdad sustantiva y fortalecer los sistemas democráticos. Para ello, los Estados y los actores sociales deben apoyar política y financieramente al menos cinco iniciativas para promover la protección de los derechos LGBTIQ+.
La primera es exigir la derogación de las leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluidas todas las leyes anti-LGBTIQ+ que afectan a esos derechos. En segundo lugar, deben apoyar acciones interseccionales en defensa de la democracia que integren a diferentes grupos marginados, apoyando a activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden la democracia a nivel local. Los actores locales son más eficaces en el desarrollo de estrategias de cambio social en materia de género y sexualidad para sus comunidades.
En tercer lugar, es importante mapear las estrategias de resistencia que ya se han desarrollado en diferentes contextos y mejorarlas financieramente. En cuarto lugar, los gobiernos también deberían apoyar iniciativas para oponerse al uso de la tecnología para discriminar y acallar las voces de la sociedad civil, al tiempo que apoyan soluciones tecnológicas para promover los derechos de las personas LGBTIQ+. Por último, los gobiernos deben promover la participación de las personas LGBTIQ+ en los espacios democráticos, apoyar a sus organizaciones, protegerlas de la violencia política y tomar medidas para contrarrestar la desinformación durante la movilización electoral.
Estas medidas pueden ayudar a construir democracias diversas que incluyan a las personas LGBTIQ+ en los procesos participativos y nos protejan de los riesgos del autoritarismo.